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El caso Fátima en México: las omisiones y negligencia de autoridades que dificultaron hallar a la niña asesinada

Autoridades identificaron a la mujer que raptó a la niña este martes por la noche. "Pudo haber sido encontrada con vida", dice la familia de la niña asesinada, al denunciar que las autoridades no les hicieron caso cuando reportaron la desaparición.

Por Marina E. Franco

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que identificaron a la mujer que presuntamente secuestró a Fátima Andrighetti Antón, mexicana de 7 años asesinada brutalmente. Encontraron ropa de la niña y de la mujer en un domicilio de la alcaldía Xochimilco, en el sur de la ciudad.

La policía logró identificar el nombre completo de la mujer que se llevó a Fátima cuando salió de la escuela, pero no ha revelado su identidad al público.

La muerte de Fátima no solamente ha causado desazón en México: también ha dejado al descubierto serios fallos por parte de las autoridades en momentos en que los registros de feminicidios en el país se encuentran en un récord histórico.

En los últimos cinco años los reportes de feminicidios aumentaron 137% y los de feminicidos infantiles como el de Fátima subieron en 96%, según datos oficiales.

El caso de Fátima, que sigue a varios otros feminicidios recientes que fueron muy sonados por su violencia y por la actuación de funcionarios, ha puesto aún más los reflectores sobre el gobierno federal. Este ha respondido a la defensiva, y enfocándose más en reclamos por las pintas durante protestas del viernes y de hoy, o en atribuir la violencia hacia mujeres en el país a una supuesta “decadencia” resultado del “modelo neoliberal”, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En reacción, en los últimos días no solo han crecido las protestas, sino los cuestionamientos de activistas, expertas y legisladores por la falta de políticas públicas ante violencia contra las mujeres en el país.

En México se calcula que diez mujeres son asesinadas diariamente, una cifra estremecedora que es de las peores en todo el continente. Y cada vez más la violencia hacia las mexicanas sucede fuera del hogar, hasta en vías públicas.

"Ya no necesitamos solo políticas que buscan atender casos de mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, sino también debemos transitar hacia una política de seguridad pública con perspectiva de género", dijo la académica y activista Ana Pecova, directora de Equis Justicia, grupo que promueve mejoras a la rendición de cuentas y el actuar del sistema jurídico y penal mexicano.

El velorio de Fátima, niña de 7 años, en Ciudad de México.Reuters

"No es suficiente solo hacer una ley con más penas duras, porque luego no tenemos instituciones que las pongan en la práctica", agregó la experta.

Ese fue el caso con Fátima: después del velorio, la tarde del 17 de febrero, salieron a la luz una serie de fallos y traspiés en la investigación, como retrasos innecesarios para emitir la Alerta Amber o divulgaciones fuera de lugar sobre la familia de la víctima.

Inacción y negligencia: horas clave perdidas

Fátima, descrita por sus familiares como una chica risueña a quien le gustaban los tamales y que ayudaba a su madre a vender dulces en las calles para ganar dinero, fue vista por última vez el 11 de febrero. La tarde de ese martes, su escuela la dejó fuera de las instalaciones debido a que su madre tuvo un ligero retraso para recogerla.

Eso permitió que una mujer se llevara a Fátima; presuntamente para entregársela a quien asesinó a la menor. No se ha hecho público el nombre de la mujer y se desconoce quién sería el asesino, aunque la madre de Fátima, María Magdalena Antón Fernández, aseguró a medios que se trataría de un hombre llamado Alan Herrera, que según ella también mató a su hermana y su cuñado.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya anunció que revisara por qué la primaria Enrique C. Rébsamen dejó sola a Fátima.

Pero el que la niña quedara sin compañía en la calle fue solo el primer agravio en el caso: la misma dirigente de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, admite que hubo “una cadena de negligencias en instituciones”.

El martes 11 de febrero, la familia acudió de inmediato a reportar la desaparición ante el ministerio público de Tláhuac, la alcaldía en la que viven. Sin embargo, dijeron que ahí los encargados se rehusaron a abrir de inmediato un archivo de investigación; les indicaron que tenían que esperar 72 horas, según el tío de Fátima.

El protocolo para emitir una Alerta Amber, el boletín para encontrar a menores de edad en peligro, dice claramente que se tiene que activar de manera inmediata.

“Esto no puede volver a pasar”, dijo el tío de Fátima, Miguel López, a medios. “Las autoridades no están haciendo lo que les corresponde, no se están comunicando entre ellas”.

En el Ministerio Público de Tláhuac les dijeron que tenían que trasladarse hasta Azcapotzalco, una alcaldía en el otro extremo de la ciudad que está a unas dos horas de distancia en transporte público, para hacer la denuncia ante la fiscalía especializada en personas desaparecidas.

Ya que pudieron hacer esa denuncia, se registró la Alerta Amber. Pero la fiscalía nunca la divulgó en sus redes sociales, como hace con otros boletines del tipo, y los funcionarios reconocieron que fue hasta el 13 de febrero que pusieron en marcha el protocolo de búsqueda.

Y luego fue la familia la que empezó a recopilar pruebas para encontrar a Fátima, según admitió la fiscala capitalina, Ernestina Godoy. Al notar los familiares que las cámaras del gobierno cercanas a la escuela tenían imágenes oscuras e indistinguibles, fueron ellos los que acudieron a negocios cercanos para pedir videos particulares con los que identificar a la mujer que se llevó a la niña y el posible rumbo.

Según reportes, obtuvieron la grabación hasta el sábado 15 de febrero, mismo día en que la menor fue hallada muerta dentro de una bolsa con señas de tortura y violencia sexual. Las autoridades después mostraron ese video obtenido por los familiares en una conferencia de prensa.

“No es posible que hayan pasado tantos días, que la familia haya sido la que tuvo que dar todas las pistas”, reclamó ante reporteros Sonia López, la tía de Fátima, cuando los familiares fueron a recoger el cuerpo de la menor. “Ella pudo haber sido encontrada con vida y nadie nos hizo caso”.

Fue hasta este martes, tres días después de que el cuerpo fue encontrado y una semana después del aparente secuestro de Fátima, que la fiscalía dio a conocer el retrato hablado de la mujer que se llevó a la niña.

La Fiscalía capitalina anunció este martes que habrá una investigación interna, aunque las omisiones no son lo único que ha llamado la atención por el caso.

La reacción de autoridades: culpar a la madre

Los funcionarios se han ganado críticas no solamente por la aparente inacción inicial, sino por cómo trataron a la familia ya que se dio a conocer el caso.

El lunes, antes de que los familiares acudieran a recoger el cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses local, la fiscala Ernestina Godoy se atrevió a decir en conferencia de prensa que María Magdalena Antón, la madre de Fátima, tiene “una enfermedad mental” y que el padre tiene “demencia senil”.

Godoy no aclaró qué quería decir con eso ni la relevancia para la investigación; las cuestiones de salud de los padres de Fátima no tienen injerencia en cómo se manejó el caso y tampoco parecen estar relacionados a que la niña haya sido asesinada.

Aún así, el gobierno local se atrincheró en su aparente sugerencia de que la madre tendría algo de culpa: hacia la noche del lunes publicó una circular el organismo de asuntos familiares en el que informaba que en 2015 se levantó un reporte de posible descuido hacia Fátima y sus hermanos.

Sin embargo, la misma circular indica que las autoridades son las que no le dieron seguimiento al reporte: “posterior a esa fecha no se tiene ninguna interacción”, dice.

"Eso muestra fallas grandes en el sistema", dijo Pecova, la activista de Equis Justicia. "Y luego vemos cómo persiste una actitud fuerte de estereotipos o comentarios que revictimizan". 

"Me parece muy grave que sigamos luchando con estas fallas de acceso a la justicia", agregó Pecova.

El gobierno de Ciudad de México no ha aclarado cuál es la pertinencia de compartir la información de presuntos temas de salud de la familia.

Mientras, también ha crecido el fastidio hacia el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador por su tratamiento del tema.

 AMLO, inamovible

El presidente ha dicho que lamenta los recientes casos sonados de feminicidio y que son inaceptables, pero su reacción como líder del país ha dejado qué desear.

A principios de febrero, su gobierno fue cuestionado por la propuesta del fiscal general de hacer una reforma penal con la que el feminicio deje de ser un delito aparte y pase a ser solamente un elemento "agravante" de cualquier homicidio. Eso contravendría la razón misma de catalogar el feminicidio, dado que es el asesinato de una mujer por cuestiones de género.

En reacción a las preguntas, López Obrador dijo que no quería que el feminicido fuera el tema del día, pues él quería destacar el sorteo que promueve de una lotería relacionada al avión presidencial. 

"Es sumanente preocupante que este sea el discurso que viene desde la cabeza, este mensaje de que 'Ay, no importa tanto', hablemos mejor de la rifa", destacó Pecova, la analista. "Así ¿qué podemos esperar de las autoridades que están más abajo, que a nivel local llevan las investigaciones y deben asegurar el acceso a la justicia?".

En declaraciones posteriores, AMLO aseguró que su gobierno está trabajando en el tema de feminicidios, pero no dio ningún ejemplo de cuál es esa labor más allá de que tiene reuniones diarias para discutir la seguridad general del país. 

El viernes, mientras había protestas en Palacio Nacional durante una conferencia de López Obrador, este solo señaló que desea "con toda [su] alma" que no se agreda a las mujeres, aunque no propuso acciones para que aquello que desea quede plasmado en la ley del país que dirige.

En vez, publicó lo que llama su "decálogo", un documento que fue compartido por todo el gabinete en redes sociales, pero que solamente incluye lugares comunes como "Se tiene que respetar a las mujeres".

Este 18 de febrero se mantuvo sin delinear acciones concretas a seguir, pues argüye que la manera de actuar es atender causas de fondo que él describe como políticas "egoístas" de gobiernos pasados de corte "neoliberal". Funcionarios allegados al presidente también han sugerido que muchas personas critican la situación porque son figuras "adversarias" a su gobierno.

Hasta su conferencia de este martes López Obrador ya se dijo dispuesto a trabajar en conjunto con organizaciones no gubernamentales y "todo el que quiera ayudar para enfrentar los problemas sociales".

No obstante, Pecova y otros expertos recalcaron que las acciones del gobierno federal parecen indicar lo contrario. Por ejemplo, dijo Pecova, se recortó el presupuesto a programas de albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica o para estancias infantiles, pese a las exhortaciones de ONGs de que eso deja desamparadas a muchas mexicanas.

"Es indirectamente relacionados con los asesinatos que hemos tenido", dijo Pecova, "pero sí fomentan un clima de discriminación contra la mujer y de cierta manera de violencia contra la mujer".

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