La cadena Netflix tiene una exitosa serie de televisión cuyo argumento terminó por convertirse en realidad para desgracia de los inmigrantes afectados. Ahora un juez ha intervenido, en la vida real, para impedirlo.
La serie, titulada Orange is the New Black (El naranja es el nuevo negro), cuenta la historia de un grupo de mujeres encerradas en una prisión federal. En su séptima temporada, sin embargo, añade una trama en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Cuenta la historia de Maritza, arrestada por ICE en un club nocturno, y Blanca, que tras cumplir su sentencia en prisión es trasladada a ese centro de detención para migrantes. Ninguna de ellas se pensaba en riesgo de ser deportada: Maritza llegó al país cuando era niña de la mano de sus padres, y se creía ciudadana estadounidense; Blanca tenía la residencia permanente por green card.
En el quinto episodio de esta temporada (disponible desde el pasado 26 de julio), Maritza tiene noticia de una línea telefónica gratuita a través de la cuál puede ponerse en contacto con un abogado de oficio. Cuando muestra su alegría, otra prisionera, Gloria, le advierte: “Pero ten cuidado, al parecer si se entera de que estás usando esta línea, el Gran Hermano la cancela”.
Eso es exactamente lo que un grupo activista de California denunció que había ocurrido: sólo dos semanas después de aparecer en la serie de televisión, ICE acabó con esta línea de teléfono gratuita, que existía realmente, según informó el diario Los Angeles Times a finales de agosto.
El grupo, denominado Freedom Fighters (Guerreros de la libertad), aparece retratado en la serie de televisión (e incluso ha recibido asistencia económica gracias a Netflix). Desde 2013 tiene una línea gratuita para detenidos que recibe hasta 14.000 llamadas al mes de inmigrantes encerrados en todo el país buscando ponerse en contacto con un abogado.
El pasado 7 de agosto esta línea quedó interrumpida, según denunció el grupo por decisión de ICE, y desde entonces día usar un número de pago: para los migrantes seguía siendo gratuito, pero el grupo debía pagar miles de dólares al mes, lo que pone en peligro su continuidad.
El grupo demandó en enero al Departamento de Seguridad Nacional, y este martes un juez federal ha exigido a ICE que restaure la línea, al menos temporalmente hasta que se emita la sentencia definitiva, que parece inclinarse a favor de la organización pro-inmigrante, según el citado diario.
ICE ha defendido por su parte su derecho a regular el acceso telefónica de los detenidos.
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