Por Jorge Carrasco
En agosto de 2017, Margarita Fitzpatrick cenó por última vez con sus tres hijas y su nieta recién nacida en la casa que todas compartían en la ciudad de Wichita, Kansas. Al día siguiente, esta enfermera de 52 años fue deportada a Perú, después de haber vivido más de 15 en Estados Unidos.
“Fue una sentencia de muerte”, dice a Noticias Telemundo en entrevista telefónica desde la capital peruana, Lima.
“Un shock cultural como el que viví al llegar a Estados Unidos en 2001. Verme sin mi familia. Empezar de cero”, describe con una voz dulce y sorprendentemente calmada.
Su desafortunado final, asegura, fue el producto de un “error involuntario” que acabó con su vida como la conocía.
En 2005, Fitzpatrick solicitó una licencia de conducir en el estado de Illinois. Se presentó en una oficina local del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) con su pasaporte peruano y su tarjeta de residente legal. En el formulario declinó registrarse como votante. Pero cumpliendo con la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, el representante que la atendió le volvió a preguntar cuando estaba ingresando sus datos en la computadora si deseaba registrarse para votar.
Ejercer este derecho en Estados Unidos está reservado solamente para los ciudadanos, tanto bajo las leyes estatales como federales. La peruana no lo sabía y el funcionario tampoco se lo explicó, ni le pidió pruebas de ciudadanía.
“Le pregunté unas tres veces si estaba seguro de que yo podía votar”, recuerda. El empleado replicó: “Depende de usted”. Fitzpatrick asumió que si un empleado del gobierno le estaba dando esa opción, no debía estar trasgrediendo ninguna ley.
Por eso en 2005 y 2006 votó sin complicaciones en las elecciones locales. Pero cuando en julio de 2007 aplicó para la ciudadanía, el oficial de Inmigración que la entrevistó le informó de la violación: al registrarse como votante había asegurado falsamente tener estatus de ciudadana y sería deportada a Perú.
“Se me cayó el mundo”, dice al describir el momento en que el oficial le dijo que sus acciones tendrían la peor consecuencia que puede enfrentar un inmigrante.
Desde que fue deportada en agosto de 2017, su vida es muy distinta de lo que con mucho esfuerzo construyó en Estados Unidos por casi dos décadas. Allí combinó la crianza de tres hijas con sus estudios de Enfermería, graduándose de bachiller en la Universidad Estatal de Wichita, en 2013.
Ahora, a sus 52 años y con la creciente población joven de Perú, Fitzpatrick no encuentra trabajo a pesar de ser universitaria y hablar dos idiomas. No ha visto a sus hijas y nietos en años. Ni siquiera tiene una casa propia.
Cientos podrían enfrentar cargos criminales o la deportación
El caso de Fitzpatrick fue revisitado por Noticias Telemundo esta semana, a raíz de los reportes de que Illinois —el mismo estado que emitió la orden de remoción contra la peruana— es el centro de un error masivo en su sistema de registración automática de votantes, que podría exponer a cientos de inmigrantes como ella a enfrentar la deportación, cargos criminales, o ambos.
A finales de enero, la oficina del secretario de Estado de Illinois, Jesse White, admitió que los datos de 574 personas que se autoidentificaron como no ciudadanos fueron enviados por error a los funcionarios electorales para ser registrados como votantes.
545 de ellos fueron registrados y 15 votaron en al menos una elección entre 2018 y 2019.
Aún no se sabe qué consecuencias enfrentarán estas personas pues —como en el caso de Fitzpatrick— podrían pasar años antes de que el error sea detectado y sucede mayormente cuando el inmigrante acude a las autoridades para realizar trámites de beneficios migratorios como la naturalización o la tarjeta de residencia permanente.
En otros estados como Carolina del Norte, inmigrantes en condiciones similares han sufrido las consecuencias. En 2018 unas 19 personas enfrentaron cargos en ese estado luego de que un equipo especial federal encontrara violaciones a las leyes de votación durante las elecciones de 2016.
El peligroso desliz también ha levantado críticas contra el sistema de registro automático, que ese estado firmó como ley en 2017, convirtiéndose en uno de los casi 20 estados que usan el mismo sistema, con el fin de facilitar el proceso y más personas ejerzan el voto.
Grupos de derechos civiles insisten en que esta manera automática de registro y el hecho de que se les pregunte a los inmigrantes no ciudadanos si quieren registrarse para votar, conducen a incursiones ilegales involuntarias con consecuencias irreversibles.
"Estamos profundamente preocupados de que este conjunto de circunstancias descuidado e innecesario haya puesto en riesgo a tantos de nuestros vecinos", dijo a la agencia AP Lawrence Benito, jefe de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados. "Si bien queremos que todos los residentes de Illinois participen en la vida cívica, les recordamos a quienes no son ciudadanos que, incluso si están registrados por error, no pueden votar legalmente y pueden enfrentar la deportación si lo hacen".
En mayo de 2009 Fitzpatrick envió una carta a la oficina del gobernador de Illinois reclamando que se cambiara la manera de preguntar a quienes aplican para una licencia de conducción si desean registrarse como votantes. La oficina del Secretario de Estado, Jesse White, respondió a su solicitud diciendo que lamentaba su situación. En la carta, obtenida por Noticias Telemundo, la oficina se comprometió a cambiar la pregunta para evitar confusiones y especificar a los aplicantes que deben "tener al menos 18 años y ser ciudadanos" para registrarse.
11 años después, nada ha cambiado.
“No actué maliciosamente”
Luego de las elecciones de 2016, el recién elegido presidente Donald Trump aseguró que entre 3 y 5 millones de indocumentados habían votado de manera ilegal y atribuyó a esta supuesta irregularidad masiva el hecho de que no fue él, sino la demócrata Hilary Clinton, quien ganó el voto popular en los comicios.
El mandatario también aseguró que muchos habían votado en dos estados distintos y que otros que habían fallecido aún aparecían registrados como votantes. Más de dos años después, las pesquisas no han encontrado ninguna evidencia que corrobore las acusaciones de Trump.
En Estados Unidos no es común que aquellas personas que no son ciudadanas ejerzan el voto. Según un estudio del Brenan Center for Justice, luego de analizar jurisdicciones con más de 24 millones de votantes solo se registraron unos 30 incidentes de posible voto fraudulento, o sea un escaso 0.000125%.
En Illinois, el caso de Fitzpatrick no fue el primero. En 2006 Elizabeth Keathley, una ciudadana de Filipinas que había venido a Estados Unidos por una visa de matrimonio, recibió un orden de deportación tras haber votado de manera ilegal sin saberlo. El error también ocurrió cuando la registraron para votar el día que solicitó su licencia de conducción. Después de una larga pelea legal, una Corte de Apelaciones la dejó quedarse, considerando que no había tenido la culpa.
“A ella la absolvieron bajo las mismas circunstancias de mi caso”, lamenta Fitzpatrick, quien parece haber caído en un juego tétrico del azar.
Y aunque dice que entiende la necesidad de proteger la democracia y la legitimidad del proceso electoral de Estados Unidos, asegura que ninguna de las dos veces que votó lo hizo a conciencia.
“No actué maliciosamente”, recalca. Y lamenta que la forma en que está diseñado el proceso de obtener una licencia de conducción es como “una trampa”. Que alguien debería asegurarse de no registrar a los inmigrantes para votar si no están seguro de que son ciudadanos.
Una de sus hijas, Connie Fitzpatrick, inició una campaña en mayo de 2017 para recaudar fondos y pagar un abogado, así como intentar apelar ante la Corte Suprema. Apenas lograron el 20% de los apoyos que necesitaban. La propia Margarita se dirigió al registro de votantes y pidió que quitaran su nombre de la lista, con la esperanza de que esto subsanaría el error, pero ya era demasiado tarde.
Ahora se arrepiente de los maltratos que aguantó de parte de su exmarido, cuando en medio de su proceso de deportación no lo denunció por miedo a que ir ante la justicia perjudicara cualquier chance de quedarse en el país.
“Tuve que aceptar abusos físicos, emocionales, verbales, financieros, por el hecho de estar en la incertidumbre”, recuerda con amargura.
Fitzpatrick es lo más alejado que alguien pueda imaginar de la imagen que Trump ha pintado de los inmigrantes desde antes de llegar al poder en 2017, y a quienes en su reciente discurso del Estado de la Unión volvió a calificar de “violadores”, “criminales” y “asesinos”.
Entró al país de manera legal. Desde 2011 trabajó como enfermera en un hospital de su comunidad, en la que estaba completamente integrada. Como profesional de la salud daba la mano a sus vecinos. Más de una vez participó en trabajos voluntarios y donó sangre a la Cruz Roja. Inculcó a sus hijas una educación y respeto por los valores humanos que las llevaron a ser ciudadanas de bien. Ahora es ella la que no está presente para ver los frutos.
Fitzpatrick habla lentamente, midiendo las palabras. Es educada, su expresión oral es envidiable.
Relata lo que le pasó en un tono casi apologético. De esa misma calmada manera dice en otras palabras que está resignada a vivir en Lima: aunque le encantaría buscar un abogado y apelar, sabe que la deportación es algo irreversible.
Tampoco tiene el dinero para defenderse. “Todo lo que podría haber ahorrado, lo gasté en el proceso allá”, dice.
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