Piden créditos tributarios para atajar la pobreza infantil en Puerto Rico

El Instituto del Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico divulgó este martes un estudio sobre la pobreza infantil, como parte de sus esfuerzos para que el Congreso apruebe una serie de políticas públicas para mitigarla.
Familia damnificada por el huracán María en Puerto Rico
Familia damnificada por el huracán María en Toa Baja, Puerto Rico, en una fotografía de archivo de 2017.AP / Ramon Espinosa

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/ Fuente: TELEMUNDO

Por María Peña

WASHINGTON.— La pobreza golpea al 58% de los niños en Puerto Rico y le cuesta anualmente a la isla poco más de $4,400 millones al año, por lo que el Congreso debe incluir a la isla en los créditos tributarios para familias con hijos, han afirmado este martes legisladores y activistas.

Durante una sesión informativa en uno de los edificios de la Cámara de Representantes, activistas del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) divulgaron un análisis sin precedente sobre el alcance de la pobreza infantil en Puerto Rico, su costo, y posibles soluciones a corto y largo plazo.

Según el documento del IDJ, alrededor del 58% de los niños vive en la pobreza en la isla, un porcentaje que se ha mantenido con pocos cambios desde comienzos de siglo 21. En 1990, el porcentaje fue del 67%.

En 2017, el ingreso medio de un hogar pobre fue de $9,400, en contraste con un ingreso de $47,600 para familias por encima del nivel de pobreza.

En la actualidad, el 37% de los niños puertorriqueños vive en la pobreza extrema, en hogares que perciben apenas unos 11 dólares diarios.

Las repercusiones de la pobreza son indiscutibles: los niños que nacen y crecen en la pobreza tienen una menor calidad de vida, corren mayor riesgo de estar expuestos al “estrés tóxico”, el crimen y la violencia, y padecer asma y problemas de aprendizaje, obesidad e inseguridad alimentaria.

En ese círculo vicioso, los niños también tienen más riesgo de abandonar los estudios de secundaria o de no perseguir una educación universitaria.  Como adultos, viven prácticamente condenados a ganar menos o a no tener empleo, a sufrir problemas de salud, y a implicarse en la delincuencia o ser víctimas del crimen.

Por ello, Natividad Flores Velásquez, una abuelita con dos nietos adolescentes en la localidad de Aguas Buenas, trajo un mensaje urgente a los legisladores en Washington: “la incertidumbre (económica) nos tiene en constante lucha por la supervivencia”.

“Afrontamos grandes gastos, problemas emocionales, y estrés, por no tener los recursos necesarios para dar a nuestras familias la calidad de vida que necesitan y merecen”, dijo Flores Velásquez, de 61 años, quien se hizo cargo de sus nietos tras la muerte de su hija.

Así, la pobreza infantil golpea también el bolsillo del gobierno, ya que ocasiona un costo anual de $4,418 millones por costos relacionados con la pérdida de ingresos, costos de salud y del combate al crimen.  Eso se traduce al 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB), a un costo per cápita de $11,536 por cada niño pobre, según el estudio.

A eso se suma el impacto de los huracanes de 2017 y los terremotos recientes que también han agravado el estado de indefensión de las familias pobres en la isla.

En declaraciones a Noticias Telemundo, la comisionada residente de Puerto Rico ante el Congreso, Jeniffer González, abogó por la inclusión de la isla en los créditos tributarios para familias con hijos dependientes y créditos tributarios por ingresos (CTC y EITC, por sus respectivas siglas en inglés).

“Estas herramientas para combatir la pobreza nos deben de mover hacia otro plano… recientemente tuvimos que pedir que se aumentara la asistencia nutricional para familias y niños en la parte sur de la isla” debido a la pobreza, explicó la legisladora.

González instó al Congreso a extender el CTC  a aquellos hogares con uno o dos hijos, porque en la actualidad ese crédito sólo beneficia a familias con al menos tres hijos en la isla y, es a su juicio, otro ejemplo de discriminación contra los puertorriqueños.

La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó un paquete de $4,890 millones de ayuda suplementaria para ayudar a Puerto Rico a atajar la crisis generada por los recientes terremotos, y éste incluye ambos créditos tributarios para la isla.

Sin embargo, la medida no tiene el aval de la Casa Blanca ni tiene visos de ser aprobada en el Senado, bajo control republicano.

Al respecto, González dijo confiar en que podrá conseguir apoyos de senadores republicanos como Marco Rubio, Charles Grassley, y Richard Shelby porque, a su juicio, la pobreza en Puerto Rico no debe ser “balón político” que puedan utilizar ambos partidos.

Recetario contra la pobreza

En el documento, el IDJ recomendó una serie de diez políticas públicas para reducir la pobreza infantil de forma significativa en un plazo de tres a diez años, incluyendo esos créditos tributarios.

El recetario incluye políticas tributarias, económicas y laborales, así como medidas para eliminar las barreras laborales, e incrementar el desarrollo del capital humano mediante talleres de capacitación y programas para completar la secundaria y diplomados universitarios.

Para facilitar el reingreso de familias pobres al mercado laboral, por ejemplo, es necesario proveer programas preescolares para niños de hasta cinco años, y ampliar los programas para horarios después de la escuela.

El análisis del Instituto indicó que, tan sólo una inversión de $21,600 millones en iniciativas locales y federales podría reducir la pobreza en un 37% en una década.

Es decir, el costo de no hacer nada en diez años ($44,418 millones) siempre será mayor que las políticas que pueda implementar el gobierno para aliviar la pobreza, según explicó María Enchautegui, directora de investigación y política pública del IDJ.

Entrevistas con una veintena de madres de bajos ingresos, citadas en el estudio, dejaron en claro que, sin programas contundentes que resuelvan la pobreza, ésta se convierte en un mundo de privaciones que heredan futuras generaciones.

“Yo sé que no es la misma paga que cuando estaba en Nueva York, pero es tener algo para resolver para mis hijos”, dijo una madre desempleada que recibe subsidios de vivienda en San Juan.

Su meta, al igual que otras mujeres desempleadas, es lograr independencia económica, algo que los actuales programas de asistencia social no parecen garantizar.