Por Albinson Linares
AYAHUALTEMPA, México.– Al amanecer del 7 de febrero, en el hogar de Josefina se vivía una escena casi idílica: los niños jugaban en el patio, los perros corrían por la sala y las gallinas picoteaban granos de maíz maduro. En toda la casa se respiraba la fragancia del desayuno, mientras ella se afanaba alrededor de un comal enorme y sus manos tamborileaban sobre los círculos de masa que crepitaban para convertirse en tortillas.
“La verdad es que yo no quería que estuvieran ahí, que hicieran eso”, decía mientras miraba a Luis y Gerardo, sus hijos de 13 y 17 años, que ahora forman parte de la policía comunitaria de Ayahualtempa, su pueblo. “Pero tuvieron la necesidad porque los grandes ya se están acabando”, afirmaba con desaliento, mientras recordaba la guerra cotidiana que ha enlutado a esa población de 600 habitantes en Guerrero, en la zona de la Sierra Madre del Sur.
Desde fines de enero, la localidad ha acaparado los titulares de la prensa internacional debido a la incorporación de jóvenes, que van desde los 6 hasta los 17 años, a los entrenamientos armados y diversas rutinas de la policía comunitaria de la zona. “Antes yo estaba estudiando pero la delincuencia estaba cerca de la secundaria”, decía esa mañana Luis, el hijo de 13 años de Josefina, mientras jugaba al trompo con su escopeta terciada al hombro. “Por eso mejor decidí entrenar y meterme en la policía comunitaria”.
Según los testimonios de diversos pobladores, esta situación se ha generado debido a los ataques violentos ejecutados por “Los ardillos”, un grupo delictivo vinculado a la producción y distribución de heroína que ha implementado una estrategia de secuestros, asesinatos y extorsiones para controlar la región.
En enero de 2019, el grupo criminal intentó entrar por la fuerza en El Paraíso de Tepila, una de las aldeas protegidas por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la organización que maneja a las policías, y se produjo un tiroteo en el que, según reportes de los medios de comunicación, murieron al menos 10 miembros de la banda. También en enero, 10 músicos de una aldea indígena fueron emboscados después de un concierto. Los cuerpos de los hombres, con edades que iban desde los 15 hasta los 42 años, fueron encontrados en dos camionetas y algunos restos estaban calcinados.
Desde mediados de 2019, las mujeres indígenas de pueblos como Rincón de Chautla comenzaron a entrenar con armas de fuego para que también pudieran luchar en caso de que fueran atacadas. Se calcula que solo este año más de 25 personas han sido asesinadas en el territorio de esos pueblos indígenas y, solo en las montañas del municipio de Chilapa, ya hay 66 huérfanos y 23 viudas.
“Haría todo para defender a mis hijos”
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, un organismo gubernamental mexicano, para 2018 el 69.5% de la población indígena del país, unos 8.4 millones de personas, estaban en situación de pobreza. De esa cifra, 3.4 millones de personas vivían en pobreza extrema.
“A mi Juan lo mataron a los 34 años, un día que fue a buscar gasolina. Vivía de vender leña con su carrito, pero fue bien triste”, explicaba María, de 68 años, mientras recordaba que su hijo dejó tres niños a los que debe ayudar a mantener. “Antes íbamos a la plaza de Hueycantenango a vender, pero ahora por el peligro ya no podemos ir. Y del gobierno nadie nos ayuda”.
Las agresivas incursiones de “Los ardillos” han sometido a pueblos como Ayahualtempa, cuya población mayoritaria es de indígenas nahuas, a un aislamiento peligroso que afecta la economía del lugar y los ingresos familiares.
José Díaz Navarro, miembro del colectivo “Siempre Vivos”, de Chilapa, Guerrero, y víctima de la violencia en la zona porque dos hermanos suyos fueron secuestrados y asesinados hace cinco años, afirma que el dominio de las bandas criminales ha trastocado todas las actividades sociales de la región.
“La explicación es que ‘Los ardillos’ controlan el territorio y tienen una estrategia que ha logrado colapsar las farmacias, las clínicas, los transportes, es decir, la economía”, explica y asegura que esa situación ha empeorado las condiciones de miseria que se viven en muchas aldeas de la zona. “A ellos nadie los molesta, no ofrecen ni diez pesos para quien ofrezca información, eso muestra la protección que ha habido a nivel federal y estatal. Ellos controlan la policía municipal, la comunitaria, calculo que han ejecutado por lo menos un 80% de los 1,500 asesinatos que se registran acá”.
Juana, una mujer de Ayahualtempa, explica que la intención de la policía comunitaria no es crear “gente mala sino defendernos nosotros mismos”. Según ella, el futuro de la juventud luce sombrío si se cumplen las amenazas de “Los ardillos”.
“Dicen que si no pueden agarrar a los hombres, irán con las mujeres y, si no, van contra los estudiantes. Y no queremos que nuestros hijos pasen por eso”, dijo entre sollozos. “Si ya no hay quien nos defienda pues, ni modo, tenemos que tomar las armas. Haría todo para defender a mis hijos”.
Juana dice que el pueblo nunca había vivido una situación de tanto peligro: “Antes en Hueycantenango vendíamos tamales, itacates, frijoles, semillas y todo lo que se daba aquí, pero ahora no podemos salir por la delincuencia que hay acá y en todos los lugares”.
"Tenemos que sufrir"
Esa mañana, María y Juana estaban sentadas en la cancha de básquetbol del pueblo, el mismo lugar donde los niños suelen entrenarse con armas en las tardes. Todos los habitantes habían sido convocados para recibir la visita de Mercedes Calvo, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Guerrero, y esposa del actual gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Mientras hacían manualidades con las hojas de palma, se les unió Carmen, una joven viuda que desde el asesinato de su esposo debe trabajar más para mantener a sus tres hijos. “Mi niña empezó la secundaria pero no quiere volver porque en estos días mataron a un señor que caminaba a su lado, se siente feo. Ojalá las autoridades nos apoyen porque solos no podemos”, dijo mientras estallaba en llanto.
Ese día, Calvo no llegó hasta Ayahualtempa, y aunque una comisión de funcionarios asistió a la reunión para escuchar las peticiones de los vecinos, muy pronto la cancha se vació de gente.
“Nuestros hijos no tienen la culpa, pero ni modo. Nosotros no sabemos qué les hemos hecho a esa gente. Tenemos que sufrir y aquí estamos”, dijo Carmen mientras se iba a trabajar.
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