El Departamento de Justicia presentó este lunes tres demandas contra California, Nueva Jersey, y el condado de King en Washington la tarde de este lunes por sus políticas santuario que limitan la cooperación de los agentes locales de la ley con las autoridades federales de inmigración.
El fiscal general William Barr anunció las medidas durante un discurso en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Alguaciles en el que habló sobre los retos que enfrentan las agencias del orden para hacer cumplir la ley y criticó a las autoridades estatales ‘progresistas’ que protegen a los migrantes indocumentados.
“Por infortunio, en varias jurisdicciones, los así llamados políticos ‘progresistas’ están poniendo en juego la seguridad pública al poner los intereses de extranjeros criminales sobre los de los ciudadanos respetuosos de la ley”, dijo Barr este lunes durante el discurso.
“Han implementado políticas públicas y leyes estatales que debilitan la capacidad de los funcionarios federales para poner bajo custodia a estos criminales y por lo tanto los ayudan a escapar de vuelta a la comunidad”, agregó el director del Departamento de Justicia.
La demanda contra Nueva Jersey representa la primera vez que el gobierno federal está demandando a un estado por su política de limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
El Departamento de Justicia también está tratando de detener una política local reciente en el condado más poblado del estado de Washington que impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) use un aeropuerto del condado de King para vuelos de deportación.
En California, el gobierno federal ha desafiado la ley estatal que prohíbe por completo los centros de detención privados, incluidos los que ICE utiliza para albergar a inmigrantes antes de ser deportados.
Se trata, en las propias palabras del funcionario, de un aumento "significativo de los esfuerzos del gobierno federal para enfrentar la resistencia de las ciudades santuario”, una de las prioridades en la agenda del presidente, Donald Trump.
Durante el discurso sobre el Estado de la Unión la semana pasada, Trump criticó a estas jurisdicciones donde las autoridades locales restringen su colaboración con los agentes de ICE.
Un día después del discurso, la Administración anunció la suspensión de tres programas para viajeros frecuentes en el estado de Nueva York como represalia por la política de este estado que permite a los indocumentados conseguir un permiso de conducir.
El fiscal general de Nueva York demandó al gobierno de Trump por la medida la madrugada del lunes.
El fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, emitió una Directiva de Fideicomiso de Inmigrantes en 2018, que limita la cooperación voluntaria entre las fuerzas del orden público en el estado y ICE. Grewal actualizó la directiva en septiembre del año pasado, evitando que las autoridades locales actúen como funcionarios de inmigración en las cárceles del condado.
"No es sorprendente que el presidente, que se enfrenta a la reelección, repentinamente haya decidido desafiar la Directiva de Fideicomiso de Inmigrantes, una política que anunciamos en 2018", tuiteó Grewal después del anuncio del lunes. "Lo que es decepcionante es que mis antiguos colegas del Departamento de Justicia acordaron aceptar este truco de año electoral".
El ejecutivo del condado en el condado de King emitió una orden en mayo para que el Aeropuerto Internacional dejara de prestar servicios a vuelos fletados por ICE. Desde entonces, ICE ha estado utilizando un aeropuerto en Yakima, a más de dos horas de distancia, para vuelos de deportación.
"Mi orden ejecutiva del 23 de abril de 2019 buscaba que las prácticas gubernamentales del condado de King fueran consistentes con los valores de nuestra región", dijo el ejecutivo del condado de King, Dow Constantine. "Ya estamos involucrados activamente en un proceso administrativo con la FAA (Autoridad Federal de Aviación) para resolver nuestras diferentes interpretaciones. La administración Trump y el Fiscal General Barr optaron por eludir este trabajo en aras de los titulares".
Los funcionarios del estado de Washington se han enfrentado reiteradamente con la administración Trump en los tribunales por las ciudades santuario y la política de inmigración.
El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, fue el primero en entablar una demanda contra la administración sobre la prohibición de viajar en enero de 2017. Ferguson también dirigió a casi una docena de otros procuradores generales estatales en demandar a la administración por separaciones familiares en la frontera en 2018.
Seattle, que se encuentra en el condado de King, fue uno de varios gobiernos locales que demandaron a la administración Trump en 2017 por la orden ejecutiva de las ciudades santuario, lo que impidió que los gobiernos locales que se niegan a cooperar con los funcionarios de inmigración reciban algunas subvenciones federales. En 2019, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el Departamento de Justicia podría otorgar un trato preferencial a las ciudades y estados que cooperan con las agencias federales de inmigración al otorgar subvenciones, reportó la cadena NBC.
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