Un juez prohíbe una práctica usada por ICE para atrapar a migrantes

Un fallo judicial determina que las autoridades migratorias no pueden usar bases de datos consideradas incompletas para solicitar detenciones a los departamentos policiales territoriales
Agentes de ICE detienen a un hombre en una operación.
Agentes de ICE detienen a un hombre en una operación.

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Un juez federal formalizó esta semana la prohibición de una práctica utilizada por las autoridades migratorias para atrapar a indocumentados, lo que puede complicar los planes del presidente, Donald Trump, y su administración para aplicar sus duras políticas en esta materia. 

En concreto, el juez determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no puede solicitar a los departamentos policiales locales o estatales que mantengan a alguien bajo custodia únicamente en la base de información contenida en registros de datos que considera incompletos, un método que la agencia migratoria sí ha utilizado.

El fallo se aplica al Distrito Central de California, un estado cuyas leyes ya limitan drásticamente los casos en los que las agencias policiales pueden cumplir con las solicitudes de ICE. Pero en ese territorio se encuentra el Centro de Respuesta a la Aplicación de la Ley del Pacífico de ICE, que emite solicitudes de detención las 24 horas al día en 42 estados y dos territorios: esto supone que la nueva resolución abarcará también estos casos.

La decisión, emitida este miércoles en Los Ángeles por el juez de distrito Andre Birotte Jr., representa un revés para Trump, justo en una semana en la que el presidente endureció las críticas a los gobiernos estatales y locales, incluido California, que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración. Estas jurisdicciones se suelen denominar "santuario".

Durante el mandato del anterior presidente, Barack Obama, las autoridades de inmigración aumentaron drásticamente las solicitudes a las prisiones para retener a detenidos durante 48 horas adicionales si se sospecha que se encuentran en el país ilegalmente.

La práctica, que continuó bajo Trump (elegido presidente a finales de 2016), a menudo da a las autoridades de inmigración tiempo para atrapar a las personas antes de los departamentos estatales y locales las dejen en libertad.

El caso resuelto el miércoles empezó por iniciativa de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU, por sus siglas en inglés): la organización inició un procedimiento judicial en nombre de Gerardo González, un ciudadano estadounidense que estuvo sujeto a una solicitud de retención de ICE en 2012, mientras estaba bajo custodia del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

Birotte dictaminó en septiembre en una orden permanente que los registros utilizados por la agencia federal en ese y otros casos para justificar su solicitud "a menudo contienen datos incompletos, errores significativos o no fueron diseñados para proporcionar información que se utilizaría para determinar la capacidad de deportar a una persona". Ahora, ha reiterado esa posición al formalizar la prohibició de que se usen. 

En menos de un año, entre 2015 y 2016, más de 750 personas sufrieron injustamente la situación en la que se encontró González, según datos analizados en el procedimiento sobre este caso. 

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que dijo que un juez “no elegido” de California emitió "una orden judicial legalmente infundada que, si no se levanta de inmediato, garantizará la liberación de innumerables criminales extranjeros ilegales en nuestras comunidades”, lo que pone “a los ciudadanos en grave riesgo".

"Este fallo socava los pilares de la aplicación de la ley de inmigración y bloquea la cooperación tradicional y vital para la aplicación de la ley que ha tenido lugar durante décadas", se lee en el comunicado. ICE dijo que está revisando la decisión de determinar su impacto y decidir sobre los próximos pasos.

Por Francesco Rodella, con información de AP. 

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