Una protesta de inmigrantes centroamericanos en un centro de detención en California en 2017 terminó con la represión de los agentes de ICE y condujo a una demanda contra la empresa privada administradora del centro, que se resolvió a fines de enero con una indemnización “por un monto confidencial”, según ha reportado la radio pública (NPR).
Un video divulgado de manera exclusiva por NPR muestra los acontecimientos de la madrugada del 12 de junio de 2017, cuando un grupo de ocho migrantes centroamericanos decidió iniciar una huelga de hambre en protesta por las condiciones del centro de procesamiento en Adelanto, California. La instalación es administrada por el grupo GEO, con sede en Florida.
El video muestra cómo los ocho inmigrantes están sentados a las mesas del comedor y uno de ellos entrega un papel a un supervisor con- -según contó después- una lista de quejas y la exigencia de hablar con un supervisor o un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La lista de quejas enumeraba discriminación por parte de los guardias, falta de acceso a agua limpia, los altos precios de las fianzas para sus casos de inmigración y que recibían información solo en inglés.
Los guardias les ordenaron retirarse a sus camas, pero los hombres permanecieron sentados. Luego la teniente de GEO Jane Díaz entró en el salón con una lata de spray de pimienta e intentó convencerlos en vano de regresar a sus literas.
Otros guardias también entraron en el salón e intentaron convencerlos, y luego trataron de sacarlos por la fuerza, algo que lograron con al menos uno. Los inmigrantes alegan que Díaz usó gas pimienta en ese momento, algo que ella disputó después, pero el video parece mostrar que en efecto lo hizo.
El forcejeo entre agentes y detenidos continúo varios minutos hasta que fueron sometidos con el uso de gas pimienta y sacados a la fuerza del lugar. Fueron empujados contra las paredes, tirados al suelo o arrastrados por el piso por los guardias.
Cinco de los detenidos fueron colocados en duchas calientes, algo que puede empeorar el doloroso efecto de ardor del gas pimienta, según una revisión posterior del incidente por parte de una oficina de supervisión interna del Departamento de Seguridad Nacional. Los ocho detenidos fueron enviados a confinamiento solitario durante 10 días por "participar o incitar a una manifestación grupal".
"No pude soportarlo", declaró más tarde Isaac Antonio López Castillo, uno de los detenidos, en una declaración. "Incluso estaba vomitando del gas pimienta".
La demanda
Los hombres demandaron a los dos oficiales de detención que usaron gas pimienta -Díaz y Giovanni Campos- así como al grupo GEO, alegando que los guardias usaron fuerza excesiva y violaron sus derechos civiles y que GEO fue negligente en el entrenamiento de los guardias.
En sus declaraciones, los guardias de Adelanto describieron la situación como un intento de rebelión que estaba a punto de salir de control, provocando que otros detenidos gritaran y estuvieran a punto de provocar un disturbio mayor.
Díaz declaró que sus compañeros fueron golpeados por los detenidos mientras intentaban moverlos.
"Estaban asaltando a nuestro personal", dijo, y afirmó que el uso del gas pimienta estuvo justificado.
En un comunicado a NPR, un portavoz de GEO dijo que el grupo con fines de lucro “rechaza enérgicamente las acusaciones esbozadas en la demanda, que es parte de un esfuerzo coordinado para socavar las políticas de inmigración en cuyo establecimiento nuestra empresa no desempeña ningún papel".
Los abogados de GEO alegaron por su parte que el uso de agua caliente tras el spray de pimienta era apropiado.
Un portavoz de ICE declinó hacer comentarios, pero un inspector del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el uso de gas pimienta "era apropiado dadas las circunstancias", pero culpó al centro de Adelanto de no limpiar el gas pimienta con agua fría antes de llevar a los detenidos a duchas con agua caliente.
Por su parte, los abogados de los detenidos dicen que el personal de la instalación empeoró la situación por su uso excesivo de la fuerza.
“Ni siquiera le haces eso a un animal”
Los detenidos dijeron que fueron claros con el personal de GEO de que estaban iniciando una huelga de hambre "pacífica" para que los supervisores de las instalaciones discutieran sus quejas.
"Solo queríamos hablar y queríamos ser escuchados", dijo uno de los huelguistas, Julio César Barahona Cornejo. "En ningún momento levanté las manos para intentar golpearlos ni nada".
"Lo que nos hicieron, ni siquiera le haces eso a un animal", declaró otro, Josué Vladimir Cortez Díaz.
"Nuestros clientes huyeron de la violencia y la persecución en sus países de origen, creyendo que encontrarían seguridad en los Estados Unidos", dijo la abogada Rachel Steinback en un comunicado. "En cambio, fueron sometidos a un trato inhumano en Adelanto, y fueron castigados violentamente por atreverse a quejarse".
A fines de enero de 2020, ambas partes notificaron al tribunal que habían acordado resolver el caso "por un monto confidencial".
En 2019, Díaz fue despedida tras una queja “relacionada con el intento de utilizar agentes químicos en un detenido en violación de la política de GEO". Según la presentación legal de la defensa de la mujer, "el personal de GEO descubrió que Díaz obstruyó la investigación al no proporcionar información completa al investigador".
En cuanto a los ocho detenidos, uno obtuvo asilo, a dos -entre ellos López Castillo- les fueron rechazadas y los cinco restantes aún están a la espera de las decisiones finales.
López trabaja ahora en un hotel en Tijuana, México.
En su declaración legal, dijo que había solicitado asilo en los Estados Unidos para escapar de la violencia de las pandillas y la policía en El Salvador. Pero la experiencia en el centro de Adelanto fue traumática.
"Ni siquiera en mi país me trataron tan mal como me trataron a mí en los Estados Unidos", aseguró.
El oscuro historial del centro de Adelanto
El centro de Adelanto ha estado en la mirilla de los activistas de inmigración y de NPR desde hace algún tiempo.
En enero, NPR reportó que una inspección gubernamental previamente confidencial encontró que la instalación no cumplía con muchos de los estándares del gobierno para confinamiento solitario, tratamiento de salud mental y atención médica y que el personal de Adelanto había tomado represalias contra los detenidos.
Los abogados y defensores de inmigración dicen que las condiciones en Adelanto son emblemáticas de problemas en todo un sistema de detención de inmigrantes que se ha vuelto cada vez más dependiente de empresas lucrativas como GEO.
El director interino de ICE, Matthew Albence, coincidió en que las instalaciones de Adelanto son "representativas de todos nuestros centros de detención", pero rechazó las críticas y dijo que estos son “seguros y humanos”.
Bajo la Ley de Libertad de Información, NPR obtuvo y examinó cientos de quejas presentadas por detenidos en la instalación. Varias alegan amenazas y burlas, y GEO determinó que estaban fundamentadas, pero no hay registros de qué medidas tomó al respecto.
"Nuestra compañía tomó medidas correctivas, incluidas medidas disciplinarias contra los empleados, cuando fue apropiado", dijo la empresa en un comunicado, sin ofrecer más detalles.
Por su parte, la abogada Steinback espera que el acuerdo en el caso de los ocho inmigrantes "anime a otros que están siendo maltratados y maltratados a presentarse y exponer los horrores que están ocurriendo en estos centros privados de detención de inmigrantes".