La regla de carga pública que negará la 'green card' a miles de migrantes entrará en vigor el 24 de febrero

La Administración Trump fijó la fecha dos días después de la autorización de la Corte Suprema. Conozca cuáles serán los migrantes más afectados, y los que estarán exentos de la regla.

El gobierno que preside Donald Trump implementará a partir del 24 de febrero la regla de carga pública por la cual puede negar la residencia permanente (green card) a los inmigrantes que reciban ciertos beneficios públicos, según ha anunciado el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

La Corte Suprema autorizó este lunes al Gobierno para que implemente esta norma, luego de que 14 estados presentaran una demanda el pasado octubre contra la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional, entonces a cargo del secretario Ken Cuccinelli.

Con una votación de 5-4 en la que prevalecieron los magistrados conservadores, se avaló la aplicación de la norma, que el Gobierno anunció en agosto de 2019 y debía entrar en vigor en octubre pero fue bloqueada por las cortes del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.

Bajo esta regla, inmigrantes legales que viven en Estados Unidos serán definidos como una “carga pública” si reciben “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses, informó Cuccinelli. La medida cambia las reglas y procesos que harían más difícil acceder a la Green Card o a la ciudadanía para inmigrantes legales que han usado servicios como asistencia alimentaria (estampillas de comidas), subsidios de vivienda, o programas de salud.

Los oficiales migratorios tendrán que considerar ahora esta nueva definición al momento de evaluar cualquier petición de cambio de estatus migratorio u otras visas.

El documento añade un umbral sobre el uso de esas ayudas en “monetizables” y “no monetizables”, para evaluar si un extranjero ha hecho uso excesivo de los apoyos.

USCIS, en un comunicado, anunció que aplicará la norma a partir del 24 de febrero en todo el país, excepto en Illinois donde todavía una orden de un tribunal federal mantiene en suspenso la medida.

"Bajo la nueva regla, USCIS considerará todos los factores requeridos por la ley, como la edad, la salud, el ingreso, la educación y las capacitaciones del inmigrante, entre otros, a fin de determinar si el extranjero podría convertirse en el futuro una carga pública", indicó la agencia.

Lo que quiere decir que a un inmigrante se le podrá negar una visa o un cambio de estatus migratorio bajo el argumento de que podría convertirse en una carga pública, a pesar de que no haya recibido ningún beneficio público.

"La autosuficiencia es un valor estadounidense central y ha sido parte de la ley de inmigración por siglos", afirmó entonces Cuccinelli. "El presidente Trump ha pedido la aplicación de las leyes de inmigración que han estado vigentes por mucho tiempo, y USCIS cumple esa promesa".

"Al exigir que quienes buscan venir o quedarse en Estados Unidos dependan de sus propios recursos, sus familias y sus comunidades, estimularemos la autosuficiencia, promoveremos el éxito de los inmigrantes y protegeremos a los estadounidenses que pagan impuestos", añadió Cuccinelli.

En diciembre pasado, dos tribunales de apelaciones en decisiones separadas habían rechazado los fallos de las cortes de California, Washington y Maryland en contra de la normativa promovida por la Administración.

Según la directora adjunta de la organización America's Voice, Pili Tobar, la decisión del Supremo confirma que la "inmigración en la América de Trump" es "solo para los ricos".

La polémica norma establece que un migrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un periodo de tres años.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.

La presidenta de la organización Community Change Action, Lorella Praeli, advirtió que el no proteger "a los más vulnerables tendrá consecuencias duraderas para mujeres, niños y ancianos", al tiempo que calificó de "discriminatoria" la norma.

En aplicación de la norma, las autoridades podrán determinar si el migrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una "carga pública" para la Administración; es decir, si "depende principalmente" de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.

De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.

La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos, reportó la agencia de noticias EFE.