WASHINGTON.— La Administración Trump ha violado los derechos humanos de los migrantes al imponer numerosas restricciones a su acceso al asilo y devolver a decenas de miles a México, indicó este martes un informe del grupo humanitario Human Rights Watch.
En su informe anual, de unas 652 páginas, Human Rights Watch (HRW, por su siglas en inglés) advirtió de que, bajo la Administración Trump se ha sufrido un revés en los derechos de las minorías y los inmigrantes.
Lo ha hecho no sólo por la implementación de “políticas migratorias inhumanas” sino a través de la promoción de “narrativas falsas que perpetúan el racismo y la discriminación”, indicó el documento.
En 2019, Estados Unidos impuso más restricciones en el acceso al asilo para migrantes que huyen de la violencia en sus países, particularmente en Centroamérica, comenzando con la implementación del programa Quédate en México, que los obliga a esperar en México la resolución de sus casos.
Además, la Administración impuso una veda a solicitantes de asilo que pasaron por un tercer país antes de ingresar a Estados Unidos, y suscribió acuerdos “de cooperación” con Guatemala, El Salvador y Honduras, para desalentar la emigración ilegal desde Centroamérica.
La Administración Trump ha logrado importantes victorias judiciales en esos tres pilares, porque los tribunales le han permitido mantener en pie las restricciones de asilo hasta que emitan un dictamen definitivo.
Pero, según HRW, estas políticas son muestran que el gobierno de EE.UU. ha continuado dando la espalda a sus obligaciones con los solicitantes de asilo bajo el derecho internacional al negarles protección.
Más de 55,000 personas han sido devueltas a México, con frecuencia a situaciones “peligrosas e invivibles” y desprovistas de representación legal y audiencias justas, agregó.
Entre los devueltos a México figuran personas con discapacidades u otras condiciones de salud crónicas, pese a que la Administración emitió inicialmente una guía de que no colocaría en ese programa a personas con enfermedades físicas o mentales. En la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, HRW documentó seis casos de personas en esa categoría, cuatro de ellas menores de edad, dijo la organización.
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Desde julio pasado, la Administración Trump además ha acelerado las deportaciones de personas indocumentadas que no puedan demostrar su presencia en EE.UUU por al menos dos años, lo que ha supuesto un regreso de refugiados y solicitantes de asilo a situaciones de peligro.
En cuanto al trato de menores, la Administración Trump continuó encerrándolos en “condiciones inhumanas” en instalaciones de la Patrulla Fronteriza más parecidas a cárceles -incluyendo niños de apenas dos años-, sin contacto con sus familiares, y sin acceso a duchas, ropa limpia, camas o cuidado médico apropiado durante semanas, continuó HRW.
Para la organización, es inaceptable que tres niños migrantes hayan muerto en 2019 bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés), una cifra similar a la 2018, que entonces conformaron los primeros casos de muertes de menores en una década.
A la cifra de niños fallecidos también hay que añadir a los siete adultos que murieron bajo custodia de CBP, y los seis bajo custodia de la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE), que en general se han atribuido a las malas condiciones de cuidado médico en estas instalaciones.
En 2019, la Administración Trump registró una cifra máxima de 55,000 detenidos por día, aún cuando documentos oficiales revelaron “atroces violaciones” en las normas de los centros de detención, incluyendo la alimentación forzada de detenidos en huelga de hambre, dijo HRW.
Además de las redadas en sitios de trabajo y otros abusos contra inmigrantes, la Administración logró importantes infusiones de fondos del Congreso para las agencias migratorias sin que los legisladores exigieran una mayor transparencia, supervisión y rendición de cuentas, subrayó el documento.
Asimismo, en la arena internacional, HRW lamentó que el gobierno del presidente, Donald Trump, ha hecho poco por promover el respeto a los derechos humanos en el mundo, especialmente frente al deterioro de esos derechos en países como Rusia y China.
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