“¡Tú no decides quién ingresa!”, exclamaba un hombre de elegante traje y corbata azul eléctrico al joven que intentaba cerrarle el paso. Se trataba del líder opositor Juan Guaidó, quien acababa de saltar una valla y estaba rodeado de guardias parapetados tras cascos militares y escudos trasparentes. Tras varios meses de críticas, Guaidó volvía a centrar la atención internacional sobre lo que estaba ocurriendo en su país.
El 5 de enero debía tener lugar la elección anual de la Junta Directiva de la Asamblea, que previsiblemente seguiría ocupando Guaidó –por contar con diputados de mayoría opositora– pero fuerzas de seguridad del Estado (bajo control de Nicolás Maduro) impidieron la entrada de los parlamentarios opositores al edificio.
Guaidó intentando entrar al Palacio Legislativo esta semana. Foto: AP.
En el interior, los parlamentarios chavistas y algunos disidentes de la oposición –como la llamada fracción CLAP, un grupo de parlamentarios involucrados en escándalos de corrupción– aprovecharon para elegir como presidente de la Asamblea a Luis Parra, en una sesión en la que no se alcanzó el quórum de 84 diputados. Es decir: se juramentaron como si ellos fuesen la nueva directiva, sin los requerimientos mínimos. Fue un voto a mano alzada que no quedó registrado en un control nominal ni tampoco en un acta.
Parra ya había sido expulsado del bloque opositor por denuncias de corrupción. El resto estaba a las puertas, intentando saltar la valla para entrar.
Horas después los opositores celebraron una sesión alternativa en la sede del diario El Nacional, donde eligieron a Guaidó como presidente del Parlamento con 100 votos. La Asamblea Nacional cuenta con 167 parlamentarios, elegidos en diciembre de 2015 y con mandato hasta 2020.
Guaidó denunció un “golpe al Estado bajo la mirada impávida de la dictadura”, e incluso países más afines a Maduro, como México y Argentina, expresaron su preocupación.
El 6 de enero, Parra comenzó a ejercer como presidente de la Asamblea, asegurando en la red social Twitter que su misión es “salvar al Parlamento de la destrucción, porque ningún partido puede estar por encima de la Constitución”.
Además, en Venezuela existe otra "asamblea" más, que no proviene de una elección democrática. Se trata de la Constituyente convocada por Maduro en mayo de 2017 para redactar una nueva Constitución (algo que no ha pasado) y que teóricamente concentra todos los poderes del Estado, anulando así la autoridad de la Asamblea Nacional.
El 7 de enero, Parra inició la sesión legislativa con unos pocos parlamentarios opositores disidentes y una nutrida representación del oficialismo. Sólo duró una hora, pero pudo grabar un video difundiendo sus consignas antes de abandonar de manera apresurada de las instalaciones.
A las puertas, Guaidó y el centenar de diputados que lo apoyan rompieron el cerco militar y lograron entrar al edificio para realizar su juramentación como presidente encargado de Venezuela, una ceremonia que se hizo a oscuras porque se cortó la electricidad.
“A pesar de la violencia de una vil dictadura, en el Parlamento se sintió una fuerza que avanza unida”, escribió luego en Twitter.
Simpatizantes de la oposición vitoreaban a Juan Guaidó en el Palacio Legislativo de Venezuela, en Caracas, el 7 de enero de 2020. (Foto AP)
El 8 de enero, Parra acudió al edificio a conceder entrevistas como presidente de la Asamblea –aunque no tiene ninguna legitimidad– mientras Guaidó convocaba protestas los días 9, 10 y 11, y pedía al pueblo venezolano que le acompañara a la sesión prevista para el 14, en la que planea ejercer las funciones que le fueron impuestas por la mayoría del Parlamento. De modo que la batalla por el control del Parlamento aún no termina.
Parra ha sido reconocido por Maduro, y las instituciones que domina el chavismo como la Constituyente, y Rusia. Guaidó tiene el respaldo de Estados Unidos y el Grupo de Lima (14 países del continente reunidos en 2017 para buscar una salida a la crisis venezolana, entre los que están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Bolivia y Canadá).
“Estados Unidos continuará apoyando al presidente Guaidó y al pueblo venezolano, y unirá a todas las naciones amantes de la libertad en todo el mundo para que hagan lo mismo”, declaró el Secretario de Estado, Mike Pompeo.
"No más dictadura": un hombre protesta en Caracas este 10 de enero. Foto: Getty Images.
Hace 10 meses, Venezuela pasó de tener un solo mandatario a experimentar la lucha entre dos dirigentes que reclaman la presidencia. A Nicolás Maduro se le sumaba Guaidó, autoproclamado presidente interino, reconocido por Estados Unidos y otros 50 países como encargado del Gobierno a la espera de unas elecciones que apartarían definitivamente del poder al sucesor de Hugo Chávez.
Pero esos comicios no se produjeron, y la popularidad de Guaidó comenzó a verse afectada.
"Una lucha por los símbolos"
Esta situación complica aún más la gobernabilidad en un país hundido en una crisis económica: faltan alimentos y medicinas, la inflación anual que, según el Fondo Monetario Internacional, puede llegar a un 500,000%, y los servicios públicos e infraestructuras que sufren un deterioro patente.
¿Por qué entonces el gobierno genera esta nueva crisis, sobre todo cuando el Tribunal Supremo, bajo control de Maduro, ha dictado hasta 116 sentencias en contra de la Asamblea, Guaidó ha sido inhabilitado por 15 años; y los parlamentarios opositores sufren el hostigamiento del aparato estatal?
“Es una lucha por los símbolos”, explica el analista Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis.
Hugo Chávez, Simón Bolívar y Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional Constituyente este miércoles 8 de enero. Foto: Getty Images.
El puesto de presidente encargado que se autoasignó Guaidó es una figura simbólica, explica León, puesto que carece de control territorial para gobernar, y la Asamblea Nacional ahora no legisla porque fue inhabilitada e ilegalizada, además de sustituida por la Constituyente.
Pero sí mantiene una influencia extraordinaria en el concierto internacional, llegando a fomentar las sanciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, su hijo, y otros funcionarios gubernamentales y militares.
“El país está dividido entre una realidad que cree en las instituciones, los contrapesos y sus símbolos, como pasa con Guaidó, y el régimen, que busca demoler la poca institucionalidad que representa la Asamblea”, explica María Puerta-Riera, profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College de Florida (Estados Unidos).
“Esa pelea se está dando y progresivamente no va a quedar nada. Guaidó está en el Titanic de las instituciones”, concluye, en referencia al buque hundido.
La “perestroika” venezolana
Este año además, “más temprano que tarde”, deberían celebrarse elecciones legislativas, según dijo Maduro.
“Es confuso, como siempre pasa con el chavismo, porque con esto fortaleces a la oposición y le das oxígeno”, asevera Colette Capriles, académica de la Universidad Simón Bolívar. “Creo que el Gobierno teme que si se deja trabajar a Guaidó y a la oposición, sin mayor intervención, podrían organizarse bien para las elecciones legislativas y, luego de eso, es muy difícil evitar pensar en las presidenciales”.
La oposición exige una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral que garantice unas elecciones libres y transparentes. Hace meses Maduro convocó una mesa de diálogo con movimientos opositores minoritarios para llegar a un acuerdo; ahora, con el nombramiento de Parra, podría apresurarse a elegir nuevas autoridades electorales sin la participación de Guaidó y los movimientos que lo apoyan.
“El Gobierno armó una junta directiva paralela en la Asamblea Nacional para restarle poder institucional y legitimidad, además de fragmentar al liderazgo opositor”, indica Piero Trepiccione, experto en Ciencias Políticas y miembro del Centro Gumilla.
“Hay que mirar más allá, Maduro quiere complacer las exigencias de Rusia puesto que tiene negocios con ese Gobierno y por razones geopolíticas”, añade.
El pasado 31 de diciembre, Sergey Storchak, viceministro ruso de Finanzas, aseguraba haber formulado “una serie de sugerencias para erradicar las distorsiones” en la industria de crudo. Este negocio ha sido encargado por Maduro a empresas rusas como Rosneft y Gazprom, pero solo la Asamblea Nacional puede legalizar esto, puesto que implicaría una privatización en un sector nacionalizado.
“Desde el punto de vista del Gobierno, mientras tengan a una oposición reconocida y beligerante van a tener una amenaza permanente”, comenta Colette Capriles, lo que “impide que se ejecute un plan de reformas fuertes, sobre todo económicas, que ya tiene el Gobierno. Lo que se viene es una especie de perestroika”.
La oposición ante las elecciones
“La convocatoria de elecciones divide a la oposición porque los radicales dirán que es imposible participar sin condiciones electorales, y muchos de los partidos que apoyan a Guaidó no querrán estar en esa contienda”, advierte León. “Los moderados van a decir que hay que participar porque la oposición es mayoría. Eso haría que se fracture la oposición y el Gobierno gane sin necesidad de hacer trampas sino por la abstención y las divisiones”, prevé.
Sin embargo, la crisis actual podría favorecer a Guaidó tras la caída de su popularidad que, según información de Datanálisis, pasó del 61% en febrero al 38% en diciembre. “La valentía siempre es premiada”, sostiene León. “Pero tiene el reto de cumplir su gran objetivo que es cambiar de gobierno, si eso no pasa, estas recuperaciones son efímeras”.
En su contra pesa que “la ciudadanía terminó 2019 muy desgastada”, según el analista Mariano de Alba, y puede no haber recuperado la fe en la oposición, que “pareciera seguir confiando en los militares para lograr la transición del poder”.
Capriles esboza otra hipótesis, en la que Maduro podría iniciar una transición hacia un modelo más blando, como pasó en China con Deng Xiaoping: “No sólo se trata de que los rusos estén presionando, el grupo de Maduro parece creer que si no acomoda al país va a perder una oportunidad histórica y tienen razones muy pragmáticas para cambiar”.
“Las reformas que podrían plantear tendrán las peores resistencias entre su propia gente”, augura, y “conllevan grandes costos políticos que pueden tumbar a Maduro. Pero parece que quieren hacerlas. Creer otra cosa es asumir que se volvieron locos y que quieren acabar con toda la oposición, pero pienso que hay lógicas más profundas en esto”.