Una carta recibida por una mujer en el valle de San Fernando (California) ha permitido revelar una grave práctica de policías de Los Ángeles que pone en riesgo especialmente a los inmigrantes, que representan poco más de un tercio de la población total en esa ciudad.
La carta fue enviada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en enero de 2019, y en ella se identificaba a su hijo como miembro de una pandilla criminal. Segura de que se trataba de un error, la mujer, cuya identidad no se ha desvelado, reportó el hecho en la estación de policía más cercana, lo que dio comienzo a una investigación que hoy tiene a varios oficiales suspendidos.
De acuerdo con el comunicado policial, tras recibir la denuncia se contrastó el informe oficial de una detención callejera con el video grabado por la cámara del uniformado, encontrándose “inexactitudes en la documentación completada por el oficial”.
La policía notificó a la madre que su hijo no sería identificado como pandillero y que cualquier mención previa a eso sería borrada de los sistemas. Pero la investigación interna no concluyó ahí.
Durante los siguientes meses, se encontró evidencia de otros casos de información incorrecta en las fichas de controles callejeros, que involucran al menos a tres agentes. “Dada la naturaleza grave de la presunta mala conducta, todos los oficiales involucrados han sido removidos de sus tareas y retirados de su labor de campo”, anunció la policía.
Según el oficial Mike Lopez, en diálogo con CNN, la documentación falsificada habría tenido la finalidad de elevar las estadísticas de control de tráfico.
El caso adquiere especial relevancia para los inmigrantes. Según datos de 2017 del Instituto de Política Pública de California, casi 11 millones de inmigrantes viven en California, de los cuales 2.4 millones son indocumentados. Solo en Los Ángeles, los nacidos fuera de Estados Unidos representan un 34% de la población.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revisa los partes policiales para detectar faltas, y ser señalado como integrante de una pandilla puede bastar para perder el estatus legal y ser deportado sin necesidad siquiera de un juicio condenatorio.
Entre sus funciones, los oficiales de deportación trabajan en conjunto con agencias policiales locales, estatales y federales, como el FBI y la agencia antidrogas (DEA, en inglés), en operaciones “para identificar y desmantelar pandillas locales violentas formadas por ciudadanos extranjeros”.
La Policía de Los Ángeles no reveló la identidad ni el número de las personas afectadas por estos casos de falsificación de datos, pero aseguró que tendrá “tolerancia cero” con los oficiales que cometan estas faltas. El jefe policial, Michel Moore, aseguró que su departamento está evaluando presentar cargos criminales en contra de los agentes responsables.
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