Funcionarios de California demandaron este lunes a un multimillonario de Silicon Valley que ha luchado durante más de una década para mantener una playa popular para sí mismo, un movimiento para poner fin a una de las batallas de acceso público más intensas y de alto perfil en el Estado, según publica Los Angeles Times.
Los intentos de Vinod Khosla de controlar el acceso a Martins Beach, un pintoresco tramo de arena en el condado de San Mateo, se ha convertido en una causa célebre para los amantes de la playa en California y provocó una serie de demandas a lo largo de los años por organizaciones sin fines de lucro y grupos locales que acapararon los titulares nacionales.
Ahora, el Estado está demandando. La Comisión de Tierras del Estado de California y la Comisión Costera sostienen que, sin órdenes judiciales, Khosla "continuará negando, perjudicando y obstruyendo" el derecho del público a usar Martins Beach. Hay mucho en juego y podrían preparar el escenario para cómo otros propietarios ricos frente al mar en todo el Estado podrían luchar para hacer que una playa sea privada.
"Este caso va al corazón del mandato de acceso público de California", afirmó Steve Padilla, presidente de la Comisión Costera. "No podemos permitir que esto se elimine cada vez que alguien compra una propiedad frente al mar; es un precedente peligroso para el futuro del acceso público en California".
Dori Yob Kilmer, abogada de Khosla, dijo en un comunicado que los reclamos del Estado "han sido ampliamente litigados y rechazados reiteradamente por los tribunales en una demanda previa".
"Desde que la propiedad fue comprada por nuestro cliente, el Estado y pequeños grupos de activistas, se han esforzado por confiscar la propiedad privada de nuestro cliente sin compensación", explicó. "Si bien tales tácticas son comunes en los sistemas comunistas, nunca han sido toleradas en el sistema estadounidense, donde la Constitución de los Estados Unidos impide que el gobierno simplemente tome la propiedad privada y la entregue al público".
La demanda, presentada en el Tribunal Superior del Condado de San Mateo por el fiscal General del Estado, llega en un momento en que los principales funcionarios de California están investigando algunas de las batallas más duras y peleadas por el acceso costero.
Desde que una ley histórica proclamó en 1976 que la playa es para todos, los funcionarios costeros han reducido las puertas cerradas, las carreteras privadas y las comunidades que intentan mantener al público alejado. Lo que queda son un puñado de casos de alto perfil en contra de algunos de los más ricos y poderosos del Estado.
En Hollister Ranch, en el condado de Santa Bárbara, donde las playas vírgenes han estado en disputa durante décadas, cuatro agencias estatales unieron fuerzas el año pasado para implementar un programa de acceso público demorado por mucho tiempo. El gobernador Gavin Newsom, en su primer año al frente del estado, firmó una ley que establece plazos sobre cuándo debe permitirse la entrada del público.
En Martins Beach, la pelea pareció calmarse en 2018 después de que la Corte Suprema de EE. UU. rechazara la apelación de Khosla en una demanda de la Fundación Surfrider que se había centrado en si necesitaba permiso del Estado para salir de la carretera principal.
Pero hace dos meses, un tribunal de apelaciones del condado de San Mateo falló a favor de Khosla en otro caso que había sido expulsado de un lado a otro. El argumento legal aquí, presentado por un grupo local llamado Friends of Martins Beach, se centró en si los antiguos propietarios ya habían otorgado derechos públicos para usar la playa, la carretera y el estacionamiento.
En su declaración del lunes, el abogado de Khosla señaló este fallo: el panel reconoció el espíritu de la ley de acceso costero del Estado, pero también dijo que la evidencia no demostró que los antiguos propietarios habían dedicado este uso al público. Este argumento legal de los grupos activistas, dijo, "fue rechazado dos veces, por dos jueces diferentes".
Los funcionarios estatales han seguido estos casos de cerca y ahora están dando un golpe en Khosla. La nueva demanda le pide al tribunal que considere pruebas no examinadas que demuestren que la playa, así como el camino cerrado, han sido históricamente utilizados por el público, citando una doctrina de derecho común conocida como "dedicación implícita".
La Comisión Costera, dijeron las autoridades, pasó varios años recolectando evidencia de más de 225 personas, incluyendo cuentas escritas, fotografías, entradas de diarios personales y artículos de noticias que muestran el uso público desde el siglo XIX.
"Los miembros del público viajaron de cerca y de lejos para usar Martin’s Beach. Vinieron a pescar, nadar, surfear, hacer un picnic, acampar, jugar y celebrar ", expone la demanda. "Desde que se puede documentar históricamente, el público ha utilizado y tratado la playa como una playa pública, y los propietarios anteriores sabían de ese uso público y no interferían con ese uso".
Una foto de la década de 1970 muestra el uso público de Martins Beach, cerca de Half Moon Bay, en el norte de California. California Coastal CommissionLa batalla por el acceso en Martins Beach data de 2008, cuando Khosla, cofundador de Sun Microsystems, compró la propiedad de 89 acres al sur de Half Moon Bay por 32.5 millones de dólares.
La familia Deeney, que vendió la propiedad, había mantenido durante casi un siglo un baño público, un estacionamiento e incluso una tienda general. Hubo columpios, mesas de picnic, botes de basura y baños, dijeron funcionarios costeros. A lo largo de los años, se colocaron carteles que anunciaban la playa de Martins al público a lo largo de la autopista 1 y la autopista 92. Surfistas, pescadores y excursionistas pagaron 25 centavos. La tarifa de estacionamiento finalmente aumentó a 10 dólares.
Khosla, en documentos legales, dijo que "estaba dispuesto a darle una oportunidad al negocio, y continuó permitiendo que los miembros del público accedan a la propiedad mediante el pago de una tarifa. Pero [él] pronto enfrentó el mismo problema que los Deeneys habían enfrentado: el negocio estaba operando con una pérdida considerable, ya que los costos de mantener la playa, el estacionamiento y otras instalaciones en condiciones operables y seguras excedían significativamente las tarifas que el negocio generaba". Así que cerró la puerta, contrató seguridad y colocó carteles de "no entrar".
Varios grupos de interés público han demandado a Khosla desde entonces. Él, a su vez, ha demandado a la Comisión Costera, la Comisión de Tierras del Estado y el Condado de San Mateo, por lo que considera una interferencia con sus derechos de propiedad.
En una entrevista en 2018 con The Times, Khosla dijo que creía en la Ley Costera, pero que luchar contra este caso había sido una cuestión de principios para él. "Mi opinión es que deberíamos aumentar el acceso a la costa cuando podamos", dijo, "pero también debemos proteger los derechos de propiedad privada. Esto se trata de principios. Razonabilidad es todo lo que pido", aclaró.
Como la Corte Suprema se negó a escuchar su caso, la puerta ha estado abierta durante el día. Un asistente opera un pequeño estacionamiento, guiando a los visitantes por una rampa sinuosa hasta un tramo de arena y acantilados en forma de media luna.
Las autoridades costeras dicen que eso no es lo suficientemente bueno. La demanda solicita un derecho de paso público a la playa y Martin's Beach Road, el único camino práctico desde la autopista 1. También le pide a la Corte que exija a Khosla que retire todas las puertas existentes y cualquier señal en o cerca de la carretera que pueda desalentar el camino público de entrar o usar la playa.
"Durante varias décadas, Martin’s Beach y Martin’s Beach Road han proporcionado acceso costero al público en una región que carece de otros puntos de acceso significativos", señala la demanda. Khosla ha "restringido de manera inapropiada e ilegal el acceso del público de diferentes maneras y en diferentes grados".
También hay una diferencia importante, dicen los funcionarios, entre cobrar por el estacionamiento y cobrar por el acceso a la playa. En el pasado, los bañistas podían dejarse y los surfistas caminaban o andaban en bicicleta.
"Si bien algunos usuarios pagaron una tarifa de estacionamiento por conveniencia", dice la demanda, "muchos otros estacionaron sin pagar o estacionaron fuera del sitio y accedieron a la propiedad sujeta sin pagar una tarifa".
El Estado se ha estado preparando para apoyar los usos públicos de esta playa. Recientemente se creó una cuenta para recolectar donaciones para evaluar, adquirir y mantener una vía de acceso público en la playa. En el pasado, la Comisión de Tierras sugirió una ruta pública que funcionara como un parque, con horarios de operación diarios desde el amanecer hasta el anochecer, contenedores de basura y baños portátiles. El fondo hasta el momento asciende a poco más de un millón de dólares, respaldado por siete donaciones y una transferencia de la comisión.
Los defensores de Access dijeron el lunes que esperaban que el Estado asumiera esta lucha. La Fundación Surfrider, además de ganar su propia demanda contra Khosla, ha estado recopilando historias de los bañistas que podrían ser utilizadas por los funcionarios como evidencia de apoyo.
El Estado debe defender el derecho del público a todas las playas de California, dijo Jennifer Savage de Surfrider. "Queremos asegurarnos de que todas las personas, desde las familias que han visitado Martins durante generaciones hasta los nuevos visitantes de otros lugares, puedan ejercer su derecho a disfrutar de nuestra preciada costa de California".
El teniente gobernador Eleni Kounalakis, quien también preside la Comisión de Tierras del Estado de California, dijo que "esta demanda es una parte fundamental de los esfuerzos continuos de California para garantizar el acceso público y proteger los derechos del público a acceder a sus costas doradas". "La costa de California pertenece a todos", concluyó.
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