WASHINGTON.— El Congreso reanudó este lunes sus labores dividido sobre el calendario para el juicio político contra el presidente Donald Trump por abuso de poder, y con el reto de evitar una escalada de tensiones con Irán tras el asesinato de un general de ese país la semana pasada.
Los dos asuntos figuran entre las prioridades del Congreso esta semana. Todo indica que el juicio político contra Trump permanece en limbo porque los demócratas aún no han enviado al Senado los dos cargos aprobados por la Cámara de Representantes el pasado 18 de diciembre.
Según fuentes legislativas, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, prevé enviarlos esta misma semana, mientras algunos senadores republicanos intentan desecharlos. Pelosi exigió este lunes nuevamente la comparecencia de testigos que se negaron a participar en las audiencias del año pasado.
El senador republicano por Missouri, Josh Hawley, prevé presentar hoy mismo una resolución para anular los cargos, argumentando que los demócratas han demorado su envío por falta de pruebas.
La resolución permitiría al Senado desestimar “por falta de enjuiciamiento” los cargos por abuso de poder y obstrucción del Congreso si la Cámara de Representantes no los ha transmitido durante al menos 25 días.
Sólo que el Senado también estuvo en receso desde que la Cámara Baja aprobó los dos cargos, y su envío restaría validez a la resolución.
Mientras tanto, el senador republicano por Carolina del Sur y presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham, ha sugerido que intentará cambiar unilateralmente las reglas para acelerar el juicio político, aún sin tener a mano los cargos.
En este caso, sin embargo, Graham necesitaría el apoyo de al menos 67 de los 100 miembros del Senado para cambiar las reglas, y por ahora no parece tenerlos.
La Administración Trump afronta presiones por el juicio político en el Senado y la amenaza de represalias de Irán tras la muerte de un general iraní ordenada por Trump la semana pasada.
Una vez que Pelosi envíe los cargos, el Senado –bajo control republicano– deberá establecer los parámetros del juicio contra Trump, y realizar un voto para absolverlo o retirarlo del poder.
Con la aprobación de los cargos sin ningún apoyo republicano, Trump se convirtió en el tercer presidente en la historia en afrontar un juicio político.
Continuas divisiones por el juicio
Varios senadores republicanos, entre éstos el líder de la mayoría, Mitch McConnell, han dejado en claro que absolverían a Trump, sin importar las pruebas que presente la oposición. Los demócratas, por su parte, mantienen su exigencia de que el juicio incluya testimonios de varios asesores clave de la Casa Blanca.
El exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ha dicho este lunes que está dispuesto a rendir testimonio si el Senado se lo pide mediante una citación judicial. Bolton ostentó el cargo durante más de un año hasta septiembre pasado, varias semanas antes de que se destapara el escándalo por las presiones a Ucrania.
Desde su cuenta en Twitter, Trump repitió hoy su queja de que el juicio político -conocido en inglés como impeachment- es una “farsa” y continúa la “cacería de brujas” que inició antes de las elecciones de 2016, y pidió que el proceso “termine pronto”.
“Es una estafa a la que juegan los demócratas para ayudarse en las elecciones” de noviembre próximo, argumentó Trump, al insistir en que no presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, a que investigara al exvicepresidente y posible rival en la contienda presidencial, Joe Biden.
La investigación demócrata, que generó la formulación y aprobación de los dos cargos contra Trump, giró en torno a una llamada del pasado 25 de julio en la que el mandatario estadounidense pidió a Zelenskiy investigar a Biden, y su hijo, Hunter.
La Administración Trump condicionó la ayuda militar por unos $400 millones y una posible visita de Estado en la Casa Blanca a que Zelenskiy anunciara públicamente una investigación contra los Biden y otra sobre la presunta injerencia de Ucrania en los comicios de 2016, según la acusación demócrata.
La amenaza iraní
A su consabida explicación de que no cometió nada ilegal, Trump ha añadido ahora otra: que el juicio es una “pérdida de tiempo y energía” cuando hay otras tareas pendientes muy importantes para el país.
Trump repitió un mensaje de Graham del pasado fin de semana en el sentido de que los demócratas presuntamente han demorado el envío de los cargos al Senado porque son “débiles y patéticos”.
También advirtió de que “invertir tiempo en esta farsa política en este momento de nuestra historia, cuando estoy muy ocupado, es triste!”.
Fue su más clara alusión a la otra tormenta que consume a su Administración: la amenaza de una escalada de tensiones con Irán, después de que Trump ordenara el asesinato del general iraní, Qasem Soleimani, la semana pasada.
Sin eventos públicos en su agenda, Trump sostuvo hoy reuniones a puerta cerrada para discutir sus opciones ante la advertencia de Irán de que tomará represalias contra blancos militares estadounidenses para vengar la muerte de Soleimani.
Soleimani falleció en un ataque aéreo cerca del aeropuerto en Bagdad, días después de que un grupo de manifestantes intentara irrumpir en la embajada estadounidense en esa ciudad. Además, un contratista militar estadounidense, aún no identificado, murió en un ataque en una base militar iraquí en la localidad de Kirkurk.
Al parecer, el Pentágono presentó el asesinato de Soleimani como la opción más remota y extrema. De hecho, otros presidentes, como George W. Bush y Barack Obama, la descartaron por el peligro que conllevaba.
Aunque el consenso político es que Soleimani era un terrorista que amenazó durante años la seguridad nacional de EE.UU., su muerte acerca al país peligrosamente a otro conflicto armado en Medio Oriente, con consecuencias impredecibles.
Trump dijo anoche que, frente a una represalia de Irán, él y su equipo han elaborado una lista de 52 blancos iraníes para nuevos ataques, incluyendo sitios culturales, muchos de los cuales son considerados por UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.
Según Trump, si fuerzas iraníes pueden colocar bombas para atacar a estadounidenses, o matar, torturar o mutilarlos, entonces su Administración sí podría atacar sus sitios culturales.
Sus detractores señalan que atacar los sitios culturales sería un crimen de guerra y echaría más leña a una situación ya bastante volátil en la región.
Por ello, Pelosi anunció este lunes que someterá voto en los próximos días una resolución para restringir el campo de maniobra de Trump para ordenar más acciones militares contra Irán.
En una carta distribuida entre la bancada demócrata, Pelosi dijo que el ataque de la semana pasada no sólo fue “desproporcionado” y no tuvo la venia del Congreso, sino que ha puesto en peligro la seguridad de los soldados y diplomáticos estadounidenses en caso de una “grave escalada de tensiones con Irán”.
La resolución de Pelosi es similar a la que presentó en el Senado el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, y que reafirma que, si la Administración no solicita o consigue la autorización del Congreso, debe cesar sus acciones militares en un plazo de 30 días.
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