Aunque la Corte Suprema rechazó en junio de 2019 la iniciativa del presidente de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el Censo 2020, Trump insiste en salirse con la suya.
Dos semanas después del histórico fallo, el presidente emitió una orden ejecutiva para permitir que el Departamento de Comercio, en nombre de la Oficina del Censo, obtenga datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a fin de crear una base estadística sobre la población inmigrante.
El objetivo es que los 51 estados rediseñen los distritos electorales utilizando el número de votantes elegibles en lugar de todos los residentes. Los expertos consideran que esto favorecería a los votantes blancos, en detrimento de minorías como los hispanos.
En un documento regulatorio publicado en su sitio web el 27 de diciembre, el DHS acordó compartir algunos registros gubernamentales en su poder para ayudar a la Oficina del Censo a producir datos sobre el estado de ciudadanía estadounidense de cada persona que vive en el país, reportó el sitio de internet Federal Computer Week.
Específicamente, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) –una dependencia del DHS– comparte información personal sobre ciudadanos naturalizados y residentes, a partir de registros que datan de 1973.
Los registros más recientes, de 2013 de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) –también ramas de DHS– proporcionarán a la Oficina del Censo nombres completos de no ciudadanos, fechas de nacimiento, direcciones, números de Seguridad Social y números de registro de extranjeros.
Adicionalmente, CBP también está compartiendo el historial de viaje de los visitantes extranjeros, incluyendo aquellos que han sobrepasado el tiempo de estadía establecido por sus visas.
De acuerdo con Federal Computer Week, los datos ayudarán a identificar a los residentes que no tienen un número de Seguro Social o un número de identificación fiscal con el IRS, y es probable que eso reduzca el número de residentes registrados de EEUU.
"Propósitos estadísticos"
El documento del DHS, fechado el 27 de diciembre, reconoce el riesgo de que el Censo pueda usar los datos para establecer un estado migratorio incorrecto.
"Ninguna fuente de información sobre ciudadanía está completa y actualizada", admite, y señala que las personas mal identificadas no recibirían "ningún impacto adverso" porque los esfuerzos son solo para "propósitos estadísticos".
La Oficina del Censo planea usar los datos que recibe para tratar de hacer coincidir los registros del DHS con los de otras agencias sobre la misma persona, pero de acuerdo con Federal Computer Week serían difíciles de procesar por la Oficina del Censo pues los datos provienen de sistemas individuales y tienen sus propias etiquetas e identificadores.
El objetivo es crear un "bloque censal" para producir estimados anónimos de ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos que viven en el país, y según DHS no revelará información privada sobre ninguna persona.
Los datos "no se utilizarán para tomar decisiones de aplicación programáticas o administrativas", asegura el documento del DHS.
Sin embargo, el Fondo de Defensa Legal y Educación de México y los Asiáticos Americanos Avanzando por la Justicia (AAJC) han demandado desde septiembre al gobierno de Trump a raíz de su orden ejecutiva de recolección de datos, argumentando que esos esfuerzos son parte de una conspiración para evitar que las comunidades latinas, los no ciudadanos y otros inmigrantes tengan representación política justa.