Al menos 18 presos murieron este viernes en una reyerta con armas de fuego que se produjo en la cárcel de Tela, situada en el Caribe de Honduras, según las autoridades.
Esta situación de violencia extrema se produjo justo tres días después que se anunciara que una junta interventora tomaría el control del sistema penitenciario, informó una fuente oficial.
El tiroteo se produjo entre las 4 pm y las 5 pm, hora local, entre reclusos de este centro penal situado en el departamento caribeño de Atlántida, por causas que están siendo investigadas por las autoridades, señaló el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), José Coello.
"Se maneja un total de 18 privados de libertad muertos", afirmó. Al menos 16 reclusos resultaron lesionados, algunos de gravedad, y fueron trasladados a hospitales estatales, donde reciben atención, agregó.
Las autoridades investigan el ingreso a la cárcel de las armas utilizadas en el enfrentamiento entre reclusos, señaló el portavoz de Fusina, quien también aseguró que las autoridades ya han retomado el control de la cárcel.
En el momento del motín, el penal aún no está bajo el control de la junta interventora nombrada el martes por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, para manejar el sistema penitenciario.
El poder Ejecutivo declaró en esa circunstancia el estado de emergencia respecto a este tema después de varios episodios de violencia ocurridos en los últimos meses a causa de los problemas de seguridad en las cárceles.
Compuesto por unas 30 cárceles, el sistema penitenciario de Honduras alberga a unos 22.000 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, según la agencia EFE. Menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales.
La junta interventora tendrá entre sus funciones lograr la normalización y correcto funcionamiento de los centros penales, así como en los centros de internamiento para menores infractores, "priorizando los de máxima seguridad".
El decreto Ejecutivo que autoriza la intervención de las cárceles también ordena la suspensión temporal de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y de Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI).
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