Enviada Especial
TAPACHULA (Chiapas).— El despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras de México ha reducido los cruces ilegales desde Centroamérica pero no ha frenado a migrantes como el nicaragüense Pedro Salgado, que espera asilo desde hace meses en Tapachula, un punto neurálgico de la emigración ilegal que, según activistas, se ha convertido en una “ciudad cárcel”.
Salgado, de 38 años, figura entre los migrantes centroamericanos y extra-continentales que han encontrado apoyo y asesoría en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías.
Salgado, quien prefirió dar un seudónimo para proteger su identidad, huyó de la violencia en el departamento de León, donde fue víctima de persecución de las fuerzas de seguridad. Dejó a su esposa y dos hijos de nueve y siete años pero, según indicó, espera trasladar pronto a su familia a Tapachula.
“Lo que quisiera es establecerme aquí, conseguir un buen trabajo y ver si puedo un día traer a mi familia. Vengo huyendo del gobierno que tenemos en Nicaragua… la situación allá está muy dura, muy difícil”, explicó.
Salgado, electricista de oficio, tiene el perfil de muchos migrantes que buscan un futuro promisorio en tierras lejanas: a su llegada a Tapachula pasó una semana durmiendo en bancas en la calle, como le ocurre a entre el 20% y 25% de los migrantes.
Durante un paseo en el Parque Central Miguel Hidalgo, se encontró con un amigo que lo conectó con un albergue, y allí mejoró su suerte.
Poco después, encontró trabajo en una de tantas taquerías que pueblan la ciudad y, juntando recursos con otros migrantes, ahora alquila un pequeño apartamento. En su desgastada mochila, guarda sus documentos legales y fotos de su familia como recordatorio de la promesa del reencuentro.
Lo escuda de la deportación una carta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que da constancia de su estatus temporal de refugiado.
Pero, como miles más en su condición, Salgado prefiere trasladarse a destinos al norte del país, donde hay más y mejores oportunidades de trabajo.
Según datos de la COMAR, para noviembre pasado las autoridades mexicanas habían recibido 66,915 solicitudes de asilo en Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Chiapas, más del doble de todo 2018. Pero la agencia de asilo recibió apenas un presupuesto de 1,2 millones de dólares este año, su nivel más bajo en siete años, debido a un plan de austeridad del gobierno federal.
Una “ciudad cárcel”
Según Quique Vidal, subdirector del Centro Fray Matías, las autoridades mexicanas efectivamente han creado “cercos migratorios” que taponean la entrada y salida de Chiapas, de manera que los migrantes no puedan continuar rumbo al Norte, y quedan en una especie de “ciudad cárcel”.
Uno de los desafíos de los grupos humanitarios, que carecen de ayudas del gobierno y tienen reducidos presupuestos, es proveerles acceso a servicios sociales e información sobre sus derechos, “frente a la amenaza constante, permanente, de la detención y deportación masiva que practica el gobierno mexicano“, dijo Vidal.
Por su parte, Salvador La Cruz, un valenciano al frente del Centro Fray Matías, explicó que la militarización en la frontera sur no es nueva -ya estaba en pie con la ayuda de EE.UU. hace unos años-, solo que ahora tras el masivo despliegue militar de junio pasado, México ha sido “eficiente en su papel de guardián de la frontera en el sur”.
“Ser detenido significa en un 90% de los casos ser deportado”, y en esa política de “retornos asistidos”, tampoco se libran los niños no acompañados y “son pocos los casos en que son reconocidos como refugiados”, agregó.
“El Estado no se ha hecho cargo del problema humanitario que él mismo ha generado”, y que ha golpeado con dureza, por ejemplo, a la población infantil y a mujeres con embarazos de riesgo, añadió La Cruz, cuyo centro ha llenado parte del vacío institucional.
Tan sólo este año, el Centro ayudó a 18,500 personas, la mayoría de éstas en Tapachula. El centro dio servicios de acompañamiento a unos mil en centros de detención en otros lugares de Chiapas.
La cifra de 2019 es mayor que la suma de los últimos diez años, que ya fueron duros, según La Cruz.
Los “extracontinentales”
En una colonia marginada de Tapachula, que irónicamente se llama “Nueva Esperanza”, dos migrantes haitianos, que prefirieron no dar su nombre, explicaron que ellos sólo piden trabajo “para no morir de hambre”.
Ambos llegaron a Tapachula desde Brasil, donde probaron suerte, pero decidieron continuar su rumbo hacia EE.UU., caminando o en autobuses.
Sobreviven con la poca ayuda que sus familias les puedan mandar pero, según relataron, los gastos son muchos: sólo el alquiler de la pequeña casa cuesta el equivalente de 125 dólares al mes.
A unos cuantos metros de los migrantes, en una acera mayormente de tierra y losas rotas, varios niños jugaban bajo un techo de zinc, mientras las mujeres tomaban turno para entrenzarse el cabello.
En otro barrio de la ciudad, sobre la Octava Avenida Norte, todavía hay signos de la presencia de migrantes “extracontinentales”, es decir los migrantes provenientes de Africa, Asia, y el Medio Oriente, que ven a México como un mero país de tránsito para alcanzar su sueño americano.
En ese sentido, si bien los centroamericanos encuentran afinidades lingüísticas y culturales en Tapachula, ésta se vuelve una “ciudad de Babel” en la que muchos albergues no cuentan con suficientes intérpretes para ayudar a migrantes africanos.
A eso hay que añadir la xenofobia que afrontan migrantes “con piel negra y que no hablan español… (hay) una dosis mayor de violencia, discriminación y precariedad”, enfatizó La Cruz.
“Para no molestar a Trump”
La Cruz coincidió con otros activistas en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dado a la tarea de frenar el tránsito de los migrantes “para no molestar” al presidente estadounidense, Donald Trump.
A aproximadamente un kilómetro del Centro Fray Matías, un grupo de migrantes jugaba un partido de fútbol en el patio del Instituto Nacional de Migración, a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que ha sido blanco de ataques por la detención prolongada de migrantes.
Olga Sánchez Martínez, directora del albergue Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante, dijo que las medidas disuasorias del gobierno mexicano han bajado drásticamente las cifras de migrantes en la frontera, pero “la gente sigue llegando”.
“Antes estábamos recibiendo de 600 a 700 migrantes diarias; se iban diez y venían 20. Ahora estamos recibiendo a 350 personas cada día… siguen llegando porque la situación que los expulsó de sus países sigue allí”, observó Sánchez Martínez.
La activista humanitaria señaló que el albergue acumuló hace unos años una deuda de unos 600,000 pesos por la compra de próstesis para migrantes pero unos obispos alemanes la liquidaron.
Pero, debido a la escasa ayuda del gobierno, Sánchez Martínez con frecuencia afronta el dilema de “pagar la luz o darle de comer a los migrantes”.
Por su albergue pasan centenares de haitianos y africanos que, contrario a los cubanos o centroamericanos, sí están recibiendo permisos y visas humanitarias que les permiten circular libremente por el territorio mexicano, dijo.
Los que acuden al albergue venden panes y donas hechos en un horno del local, para subsistir.
Con el cerco migratorio en ciudades y carreteras de Tapachula, los migrantes buscan rutas alternas y más peligrosas, y con frecuencia recurren a bandas del crimen organizado para esquivar la ciudad.
Esto pinta un drama humanitario en la zona que, según advirtieron los activistas, continuará sin que por ahora tenga visos de solución.