El papa Francisco ha levantado el secreto pontificio que hasta ahora pesaba sobre las denuncias de agresiones y abusos sexuales cometidos por sacerdotes, así como sobre los juicios y veredictos, según ha anunciado este martes el Vaticano.
Con esa histórica decisión, los documentos relacionado con casos de abusos, que hasta ahora se encontraban en los archivos del Vaticano y a los que solo podía acceder el pontífice, podrán ser solicitados por autoridades legales de cualquier país.
Francisco ha decretado que la información sobre casos de abusos debe ser protegida por los líderes de la Iglesia, para asegurar su “seguridad, integridad y confidencialidad”, pero al mismo tiempo ha añadido que el secreto pontificio no aplicará más para estos documentos.
“Es una señal de apertura, de transparencia y de voluntad de colaborar con las autoridades civiles”, asegura un comentario editorial del Vatican News.
El investigador de crímenes sexuales del Vaticano, el arzobispo Charles Scicluna, ha calificado esta reforma como una “decisión que marca época” y que facilitará la coordinación con la aplicación de la ley civil y abrirá líneas de comunicación con las víctimas.
Aunque esta decisión no garantiza el acceso público a estos archivos, Scicluna cree que el paso dado por la Iglesia elimina cualquier excusa que anteriormente existiera para no cooperar con las investigaciones civiles de los casos de abusos.
Dicha confidencialidad en que se amparaba la iglesia católica había sido fuertemente criticada por promover la protección de los sacerdotes acusados de pedofilia y abusos, silenciar a las víctimas y mantener al poder civil fuera del alcance de los casos.
Más de 5,000 demandas por abuso
Francisco también decidió aumentar de 14 a 18 años la edad límite por debajo de la cual el Vaticano considera que las imágenes pornográficas son pornografía infantil.
Estas nuevas disposiciones son emitidas por el Papa en el día en que cumple 83 años, en una muestra de la lucha por responder a la explosión mundial de escándalos de abuso.
Se estima que en los próximos años la Iglesia católica puede afrontar más de 5,000 demandas por abuso sexual a manos de sacerdotes, por una suma superior a los 4,000 millones de dólares, debido a nuevas leyes estatales que así lo permiten.
Las nuevas normas son una nueva enmienda al derecho canónico, un código legal que detalla la justicia eclesiástica para delitos contra la fe. En este caso, los cambios afectan a los abusos sexuales a menores o personas vulnerables cometidos por sacerdotes, obispos o cardenales. El peor castigo que puede recibir un sacerdote dentro de este sistema es ser expulsado del clero.
El papa Benedicto XVI decretó en 2001 que estos casos debían gestionarse bajo secreto pontificio, el grado más alto de confidencialidad en la Iglesia. El Vaticano llevaba tiempo insistiendo en que era necesario para proteger la privacidad de la víctima, la reputación del acusado y la integridad del proceso canónico.
Sin embargo, ese secretismo también sirvió para mantener el escándalo oculto, impedir que las fuerzas de seguridad accedieran a documentos y silenciar a las víctimas. Con frecuencia, muchas víctimas sintieron que el secreto pontificio les impedía acudir a la policía para reportar a sus agresores.
En febrero de 2019, Francisco clausuró una cumbre extraordinaria sobre la prevención de abusos sexuales del clero comprometiéndose a enfrentar a los agresores con “la ira de Dios”, a poner fin al encubrimiento de sus superiores y a priorizar a las víctimas de este “descarado, agresivo y destructivo mal”.
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