El Censo de 2020 se ha convertido en un nuevo campo de batalla política que podría afectar negativamente a los latinos los estados con mayoría republicana.
Mientras California y otros 25 estados, la mayoría de liderazgo demócrata, están invirtiendo una cifra sin precedentes para promover la participación de la población en este recuento, el resto del país, bajo control republicano, no están gastando ni un centavo, según ha reportado el diario The New York Times.
En juego están los subsidios federales que serán destinados a cada estado para servicios como educación y atención médica, que benefician fundamentalmente a las minorías y que son otorgados según la cantidad de población. El censo también determina el número de escaños en la Cámara de Representantes, y, por tanto, la importancia de cada estado en el gobierno de la nación.
El Censo de 2020 ha estado marcado por la batalla judicial en torno al intento del Gobierno de Donald Trump de incluir una pregunta para identificar a las personas no ciudadanas. La Corte Suprema lo prohibió, pero el daño ya estaba hecho: uno de cada cinco latinos teme participar en esta encuesta pese a ser clave para su comunidad.
Por ello, Telemundo y grupos como la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO, por su sigla en inglés) han emprendido campañas para concienciar a los hispanos sobre la importancia del censo, y alentarlos a participar.
Y 26 estados (cuatro republicanos y el resto demócratas) han destinado fondos extraordinarios para impulsar la participación de toda la población y, en particular, aquellos grupos más reacios.
En California, por ejemplo, se han destinado 187 millones de dólares, otorgando por ejemplo 400,000 dólares a NALEO para capacitar a encuestadores y trabajadores sociales.
En esta ocasión, por primera vez, el censo se realizará principalmente a través de Internet; pero en las zonas rurales de California, este servicio es inestable. Por ello, el estado ha destinado además fondos para eventos en comunidades agrícolas y vallas publicitarias.
En otros 24 estados, sin embargo, no se han destinado fondos a esta tarea. De ellos, 17 son liderados por gobernadores y legislaturas republicanas, incluidos Texas, Florida y Ohio.
En Texas (donde, como en California, cuatro de cada 10 ciudadanos es latino, y uno de cada 17 es un inmigrante indocumentado), el Congreso estatal rechazó un proyecto para destinar 50 millones al censo.
Su patrocinador, el demócrata César J. Blanco, cree que la mayoría republicana no desea un recuento preciso porque eso “los pondría en desventaja".
“Es inexcusable lo poco que ha hecho el estado de Texas para prepararse para 2020”, opina Ann Beeson, directora ejecutiva del Centro de Prioridades de Política Pública.
Grupos cívicos texanos intentan llenar el vacío dejado por el presupuesto estatal.
El caso del condado Hidalgo
El condado de Hidalgo, fronterizo con México, conoce de primera mano los efectos de un conteo inadecuado.
“Tenemos esta oportunidad”, dijo Erika Reyna-Velázquez, oficial del condado de Hidalgo (Texas), cerca de la frontera con México, “y si la perdemos, vamos a estar mal contados por los próximos 10 años”.
En 2010, el condado acusó al gobierno del demócrata Barack Obama de dejar fuera a casi 15,000 hogares, reduciendo así sus fondos federales.
En algunos lugares, menos de uno de cada cinco hogares completaron formularios. Los residentes se negaron a abrir puertas a empleados puertorriqueños del censo extrañados por su acento, y otros nunca recibieron formularios porque usaron apartados postales, que la Oficina del Censo no cuenta como direcciones.
Por eso, el condado gastará ahora 300,000 dólares en promover el censo.
Gran parte de Hidalgo es pobre y rural y la gente desconfía del gobierno: “El miedo a cualquier persona afiliada al Gobierno que pueda desgarrar a una familia en cualquier momento es omnipresente", afirmó Christina Patiño Houle, de la Red de Igualdad de Voz del Valle del Río Grande.
El miedo es mas palpable en las colonias, subdivisiones rurales no incorporadas donde las familias edifican sus propios hogares. Aparecen en las listas del censo como direcciones únicas, pero los lotes suelen tener dos y tres hogares con familias extensas, además remolques y construcciones improvisadas de los obreros agrícolas, muchos indocumentados.
El condado ha reclutado monjas católicas en un centro comunitario para repartir volantes y asegurarles que el censo es confidencial; ha equipado un remolque con terminales de computadora que será una unidad móvil del censo el próximo año y ha alentado la participación online, asegurando que de ese modo nadie tocará a sus puertas.
Pero la desconfianza persiste.
“La información va al gobierno, y no me siento segura por la administración, nuestro presidente”, dijo Maribel, una residente de 36 años, “La comunidad hispana tiene miedo de decir sus nombres y cuántas personas viven con ellos”.