WASHINGTON.— El Inspector General del Pentágono informó este jueves que iniciará una “plena auditoría” del contrato de $400 millones de dólares concedido a una empresa partidaria de la Administración Trump para la construcción del muro fronterizo, a raíz de quejas demócratas sobre el proceso de licitación.
En una carta enviada al Congreso, el inspector general, Glenn Fine, informó que su oficina realizará una auditoría formal sobre el proceso de licitación del contrato de $400 millones que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU (USACE, por su sigla en inglés) otorgó a Fisher Sand and Gravel, una empresa de Dakota del Norte.
La auditoría incluirá una evaluación de la entrega del contrato, si la empresa reunió los requisitos en el proceso de licitación, y si USACE recibió o no presión política de la Administración Trump para otorgar los fondos.
El contrato de $400 millones de dólares fue autorizado para el diseño y construcción de infraestructuras para un muro fronterizo a lo largo de 31 millas en el tramo del Condado Yuma, en Arizona.
Fine, que realiza sus funciones de forma interina, dijo que su oficina tiene “experiencia significativa” en la evaluación de contratos del Pentágono, aunque no precisó cuándo divulgará sus resultados.
Fine respondió así a la solicitud formal que hizo el pasado 4 de diciembre el legislador demócrata de Mississippi y presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson, para la auditoría contra Fisher and Gravel.
En un comunicado, Thompson aplaudió que el Inspector General haya “reconocido la urgencia” de examinar el millonario contrato a Fisher and Gravel, una empresa que nunca antes había recibido un contrato militar y que había entregado su prototipo del muro “tarde” y con un presupuesto superior a su valor.
La semana pasada, Thompson se quejó de que la empresa -cuyo principal ejecutivo, Tommy Fisher, es un donante republicano- había recibido el espaldarazo del presidente Donald Trump.
Según informó en mayo pasado el diario “The Washington Post, Trump intercedió a favor de la empresa y presionó en diversas ocasiones tanto al Departamento de Seguridad Nacional como a USACE a que se le concediera el contrato.
“Debido a los múltiples apoyos del presidente hacia esta compañía y la cantidad de fondos de los contribuyentes que está en juego, sigo preocupado por la posibilidad de una influencia inapropiada en la decisión del Cuerpo del Ejército de otorgar el contrato. Debemos asegurar que se siguieron todas las leyes y regulaciones debidamente”, aseguró Thompson.
Un portavoz de USACE, Raini W. Brunson, dijo a Noticias Telemundo la semana pasada que la entidad militar “otorga contratos con apego a la Regulación Federal sobre Adquisiciones y sus suplementos”.
“Las compañías reciben contratos cuando se determina que éstas proveen el mejor valor al gobierno para la acción de licitación particular que se lleva a cabo”, explicó Brunson.
"No encontrará nada"
Según el portavoz, USACE solicitó cinco ofertas para el muro, y recibió tres, pero no precisó cuántas ni cuáles empresas participaron en la licitación del contrato.
Fisher, el principal ejecutivo de la empresa bajo escrutinio aprovechó múltiples apariciones en la cadena conservadora Fox News para promover el proyecto de construcción del muro.
A la defensiva, Fisher dijo hoy que la auditoría del Inspector General “no encontrará nada”, y aseguró que USACE le indicó que su empresa ofreció “el precio más bajo y el mejor valor” para la construcción del muro.
El Pentágono anunció el contrato el pasado 4 de diciembre que servirá para construir 31 millas de muro en el Refugio Nacional de Vida Salvaje en Cabeza Prieta, en el Condado Yuma del estado fronterizo de Arizona. Se prevé que el proyecto concluya a finales del próximo año.
El muro fue una promesa electoral de Trump en 2016, y su Administración ahora prevé completar entre 450 y 500 millas del muro para finales de 2020.
Según la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras, la Administración ha completado 90 millas del muro fronterizo, aunque el proyecto sigue atascado en múltiples demandas de grupos cívicos y ecologistas, por su impacto en el medio ambiente y en las comunidades fronterizas.
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