WASHINGTON.— La Administración Trump ha sufrido esta semana sendos reveses temporales en su plan para la seguridad fronteriza, tras el anuncio de que el Inspector General del Pentágono examinará el despliegue militar en la frontera, y dictámenes judiciales contra el uso de fondos militares para la construcción del muro.
El Inspector General del Pentágono, Glenn Fine, anunció el martes que investigará el despliegue de soldados y demás recursos en la frontera sur tras acusaciones de líderes demócratas y grupos humanitarios sobre la presunta falta de transparencia de la Administración Trump.
Según explicó Fine, la evaluación incluirá un repaso del costo de la misión militar, qué tipo de capacitación han recibido los soldados –sobre todo respecto a su contacto con civiles en la zona– y si cumplen o no con las guías del Pentágono y las leyes federales. Además, examinará los esfuerzos de cooperación entre los soldados y el personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés).
El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en abril de 2018, argumentando que la seguridad en la frontera sur había alcanzado un nivel de "crisis" debido al incremento en los cruces ilegales.
En la actualidad, hay 6,500 soldados en la zona, tras una serie de envíos adicionales desde 2018. Bajo un plan del secretario de Defensa, Mark T. Esper, el número de soldados bajará a 5,500.
El Pentágono no ha respondido a preguntas sobre la investigación y si habrá o no medidas correctivas. Tampoco ha reaccionado a los tribunales federales que prohíben el uso de fondos militares para proyectos no autorizados por el Congreso.
El Congreso prevé aprobar un proyecto de ley de gastos militares por $738,000 millones para el año fiscal 2020, un incremento de $22,000 millones sobre el año fiscal 2019.
La medida no incluye una prohibición explícita sobre el traslado de fondos militares para el muro bajo la “emergencia nacional” de Trump y, según una fuente legislativa demócrata, la Administración previsiblemente podrá usarlos si no están incluidos explícitamente en los dictámenes judiciales.
En declaraciones a Noticias Telemundo, el legislador demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, afirmó que el Ejército no debe implicarse en la aplicación de leyes en el interior del país y que el despliegue de soldados pone en riesgo la separación de los asuntos civiles y militares.
“El Congreso y el pueblo estadounidense merecen saber por qué la Administración está politizando a nuestros militares y si los está obligando a violar las leyes... doy la bienvenida a esta investigación y creo firmemente que nuestros soldados y comunidades fronterizas no deben ser peones de los juegos políticos de Trump”, enfatizó Grijalva.
El freno de las cortes
Mientras tanto, un tribunal federal en el norte de California emitió hoy un dictamen de 47 páginas que declaró ilegal el desvío de $3.600 millones en fondos militares para la construcción del muro fronterizo.
El juez federal, Haywood Gilliam, explicó que su dictamen no aborda en absoluto los méritos de la construcción del muro ni la viabilidad de otras fuentes para financiarla, sino que evaluó si la Administración Trump actuó con apego a las leyes administrativas y ambientales, y su autoridad constitucional.
En su dictamen, Gilliam prohibió que Esper y el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, utilicen fondos militares que el Congreso aprobó para otros proyectos para la construcción de bardas en los sectores fronterizos de California, Arizona, y Texas.
El dictamen responde a una demanda entablada contra la Administración Trump por parte de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), en nombre del grupo ecologista Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC, por su sigla en inglés).
En esa demanda, los grupos acusaron a Trump de abusar de los poderes de emergencia que le otorga la Constitución para canalizar fondos militares para el muro fronterizo después de que el Congreso rechazara su solicitud original de cerca de $6,000 millones de dólares.
Dror Ladin, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, dijo que el dictamen confirma que Trump “no tiene autoridad para saquear los fondos para construcción militar para su muro xenófobo”, además de que protege “la separación de poderes, el medio ambiente y las comunidades fronterizas”.
Ladin no descartó que la ACLU tenga que regresar a los tribunales como parte del proceso de apelaciones ante el Noveno Circuito.
Gloria Smith, abogada del Sierra Club, dijo que el dictamen es clave para “detener definitivamente el muro fronterizo de Trump”, porque el uso de esos fondos priva a los miembros del Ejército y a sus familias “de esenciales servicios gubernamentales, como escuelas y fondos de jubilación”, y perjudica a las comunidades fronterizas.
Anoche, el juez federal David Briones, en El Paso (Texas), emitió un dictamen similar al de Gilliam, salvo que se aplica a nivel nacional. Sin embargo, no afecta el uso de $2.500 millones provenientes de fondos antinarcóticos del Pentágono, que la Corte Suprema aprobó en julio pasado.
Briones se puso del lado de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos (BNHR, por su sigla en inglés) y el Condado de El Paso, que en febrero pasado solicitaron frenar el proyecto del muro.
En octubre, Briones declaró ilegal la declaración de emergencia de Trump, pero la Casa Blanca apeló ese dictamen ante el Quinto Circuito de Apelaciones.
En entrevista telefónica con Noticias Telemundo, Fernando García, director ejecutivo de la BNHR, dijo que Trump “actuó ilegalmente” y el dictamen de Briones "es una victoria para nuestras comunidades fronterizas".
"El muro no solo es una mala idea sino que representa lo peor de la política migratoria de EEUU… seguro que la Administración lo apelará y seguiremos batallando en las cortes”, afirmó García.
Por su parte, Grijalva dijo que el dictamen de Briones “confirma lo que hemos sabido desde siempre: el presidente Trump violó la ley cuando eludió al Congreso y robó fondos militares” para su muro fronterizo.
“Trump no es un emperador que puede desobedecer nuestras leyes y hacer lo que quiera, y me complace que la corte respalde la ley y denuncie este atroz abuso de poder. La obsesión de Trump con el muro ha incrementado la militarización de las comunidades fronterizas y sigue afectando a los ecosistemas de la frontera que hacen del suroeste un lugar especial”, dijo Grijalva.
Tras tensas negociaciones bipartidistas, el Congreso aprobó el pasado 14 de febrero sólo $1,375 millones para la construcción de vallas en el sector del Valle del Río Grande.
Al día siguiente, echando mano del “Acta de Emergencias Nacionales”, Trump declaró una “emergencia nacional” en la frontera sur porque no estaba “contento” con la cifra del Congreso.
El Congreso ha intentado varias veces eliminar la declaración de emergencia, pero no ha logrado hasta ahora reunir los votos para frenar el veto presidencial.
Una ley federal de 1878 prohíbe el uso del Ejército para tareas policiales domésticas, los jueces han dictaminado en contra de la declaración de emergencia de Trump, y no hay declaración de guerra contra México, “por lo que el despliegue militar es ilegal y puede tener consecuencias terribles”, advirtió García.
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