Pacific Gas & Electric anunció este viernes un acuerdo de 13,500 millones por los incendios forestales del norte de California que mataron a docenas de personas y destruyeron miles de hogares y negocios.
El acuerdo con las víctimas cubre algunos de los peores incendios en la historia moderna del Estado, incluidos los incendios de la región vinícola en 2017 y el incendio que casi destruyó la ciudad de Paradise en 2018.
"Queremos ayudar a nuestros clientes, vecinos y amigos en las áreas afectadas a recuperarse y reconstruirse después de estos trágicos incendios forestales", dijo el presidente ejecutivo Bill Johnson en un comunicado.
El anuncio también se produce cuando la empresa se enfrenta a un futuro incierto. Se ha culpado ampliamente al equipo de transmisión de PG&E por haber provocado repetidamente incendios forestales, y la empresa de servicios públicos no ha impugnado los condenatorios resultados de investigaciones recientes.
La empresa de servicios públicos solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11, pero está tratando de seguir siendo financieramente viable. La compañía de servicios públicos dice que el acuerdo es un paso en esa dirección. "Con este importante hito, estamos enfocados en emerger del Capítulo 11 como la utilidad del futuro que nuestros clientes y comunidades esperan y merecen", afirmó Johnson.
Richard Bridgford, un abogado que forma parte del equipo que representa a las víctimas, calificó el acuerdo como un "equilibrio delicado" que tiene tres objetivos: compensar a las víctimas tanto como sea posible, disuadir el "mal comportamiento" futuro de la empresa y permitir que la empresa permanezca financieramente viable, en gran medida para que pueda actualizar las medidas de seguridad mientras continúa proporcionando energía a sus clientes. "Hemos cambiado el cálculo corporativo para PG&E. No será como siempre, porque no pueden pagar esta responsabilidad corporativa", aseguró Bridgford.
PG&E es una empresa de servicios públicos propiedad de inversionistas que, según los críticos, con demasiada frecuencia coloca las ganancias a corto plazo antes que las medidas de seguridad necesarias.
El Camp Fire, que se extendió por Paradise en 2018, mató a 86 personas y destruyó más de 13,900 casas. Tanto la Comisión de Servicios Públicos de California como el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios del Estado concluyeron que el mal mantenimiento de los equipos de PG&E provocó ese incendio.
La comisión también señaló que durante años, PG&E no realizó inspecciones de escalada de una torre centenaria que no funcionó correctamente, causando chispas donde se originó el incendio. Los investigadores dijeron que había "desgaste visible" en los brazos de una torre vinculada al incendio, pero que los equipos de PG&E no habían escalado la torre desde al menos 2001.
Tal inspección podría haber identificado problemas con un pequeño gancho de metal que supuestamente sostenía una línea de transmisión y un aislante en la torre, y "su reemplazo oportuno podría haber evitado la ignición del incendio del Campamento", dijeron los investigadores.
La omisión de inspecciones de escalada en la torre fallida "es una violación de la propia política de PG&E que requiere inspecciones de escalada en torres donde existen problemas recurrentes", escribieron los investigadores.
Otros incendios cubiertos en el acuerdo incluyen el incendio de Tubbs en 2017, el incendio del Barco Fantasma en un almacén de Oakland en 2016 y el incendio de Butte en 2015.
Los incendios en la región vinícola en 2017 arrasaron con más de 200,000 acres, principalmente en el condado de Napa, destruyeron o dañaron más de 5,500 casas, desplazaron a 100,000 personas y mataron al menos a 41 personas.
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