Una migrante indocumentada con un hijo alistado en el Ejército de Estados Unidos se enfrenta a una orden de deportación después de que las autoridades rechazaran este miércoles su petición de protección específica para familiares de militares.
La mujer tiene un mes de tiempo para preparar su salida antes de marcharse a México, su país de origen, según un reporte de el San Diego Union Tribune.
Rocío Rebollar Gómez, de 50 años, lleva 31 instalada en San Diego, California, cuenta este medio. Tiene tres hijos y tres nietos y trabaja con regularidad, tanto con una pequeña actividad empresarial propia de productos naturales como de conductora para Uber. También es propietaria de una casa.
Su hijo Gibram Cruz es teniente segundo en el Ejército y trabaja en Arizona. Según la web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), padres, hijos, cónyuges o hijos indocumentados de miembros en servicio activo en las fuerzas armadas de EE. UU., o de veteranos militares que no fueron dados de baja con deshonor, son elegibles para obtener, entre otros beneficios, una acción diferida de dos años.
Es decir, pueden solicitar que las autoridades aplacen órdenes de deportación en su contra.
"Esta medida fue diseñada para personas exactamente como ella", asegura Tessa Cabrera, abogada de Rebollar. "No tiene antecedentes penales, tiene hijos ciudadanos estadounidenses y paga sus impuestos. Es la beneficiaria modelo de la acción diferida", agrega.
Eso es justamente lo que esta inmigrante mexicana pidió en abril de 2018, después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) la detuviera por no tener papeles. En el tiempo en el que la solicitud estuvo en trámite, esta agencia federal paralizó temporalmente su deportación.
Cabrera solicitó repetidamente novedades sobre la petición en los meses siguientes, según cuenta, pero siempre le decían que estaba en trámite Hasta que este miércoles, USCIS devolvió a su clienta la solicitud de protección que había hecho. Estaba denegada.
Ahora la mujer deberá volver a México, a no ser que consiga convencer a las autoridades de inmigración que reconsideren su caso en los 30 días que le dieron de plazo antes de abandonar el país.
La decisión ha dejado a Rebollar y su familia en el desconsuelo. “Tengo mucho miedo por ella”, dice su hija mayor Karla McKissick Cruz. Su madre es de Acapulco, ciudad mexicana con fama turística pero que ahora sufre las actividades del narcotráfico.
Hace dos años, su hermano fue secuestrado allí, dice Rebollar. Ella recibió múltiples llamadas de extorsión. "Primero pidieron 2,000 dólares, y pagamos", asegura, “luego, pidieron 10.000 dólares, y pagamos nuevamente. Nunca lo encontramos. Ni siquiera su cuerpo”.
Entre las principales razones por las que su hijo se alistó en el Ejército, está justamente la de poder proteger a su madre, según asegura la hermana de este. Para Cabrera, la abogada de Rebollar, en su caso “USCIS está ignorando descaradamente a una familia militar".
La letrada agrega que esta agencia de todas formas no tiene obligaciones para conceder o no protección en casos de este tipo. USCIS comunicó al Union Tribune que no ofrece comentarios sobre situaciones específicas. Mientras tanto, la mujer intenta no perder las esperanzas de que las autoridades cambien opinión sobre ella.