Los incrementos en los costos de los servicios de inmigración aún están en fase de comentarios públicos pero abogados y activistas advierten que se podrían aplicar después de que el próximo 16 de diciembre se acabe el plazo para presentar alegaciones. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calcula que los nuevos precios entrarían en vigor en enero de 2020, así que abogados y activistas recomiendan adelantarse a la hora de hacer trámites pendientes.
Las subidas de las tarifas variarán según el caso en cuestión.
En el caso de la solicitud de ciudadanía (formulario N-400) la tarifa pasaría de 640 dólares a 1.170 dólares (un aumento de 530 dólares, lo que corresponde a un 83%). Para la renovación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en ingés), que se pide presentando en conjunto los formularios I-765e I-821D en conjunto), se propone imponer un pago adicional de 270 dólares (un 55% más).
Pero hay casos, más particulares, donde los aumentos podrían ser incluso más altos. Por ejemplo, para poder regresar a EE. UU. sin visa o pasaporte si se reside legalmente en el país, la solicitud correspondiente pasaría a costar 2.790 dólares en vez que 585 (un 377% más). Por otro lado, pedir el reemplazo de una green card sería 40 dólares más barato (pasaría de costar 455 dólares a 415, un 9% menos).
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) también quiere imponer un pago de 50 dólares para solicitudes de asilo (y de suspensión de deportación) presentadas a través del formulario I-589. El medio digital BuzzFeed explica que no afectaría a las peticiones presentadas en las fronteras o mientras el interesado está sufriendo un proceso de deportación.
La introducción de esta tarifa, explica este medio, conllevaría que EEUU se colocara entre los únicos cuatro países en el mundo con este tipo de pago previsto por la ley, junto a Australia, Fiji e Irán. "Esto marca un capítulo oscuro en la historia de EEUU como lugar de refugio", dijo Krish O'Mara Vignarajah, presidente y CEO del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados.
USCIS explicó a través de un comunicado que se financia casi íntegramente a través de los pagos de los servicios que ofrece, y que cada dos años tiene que actualizar sus tarifas por ley para asegurarse de que las cuentas estén en equilibrio.
Según asegura, las tarifas actuales provocan un desequilibrio de 1.300 millones de dólares cada año. Los nuevos precios propuestos representarían un aumento promedio ponderado de un 21%.
“Se requiere que USCIS examine entradas y gastos, al igual que un negocio, y haga ajustes basados en ese análisis. Este ajuste propuesto en las tarifas garantizaría que más solicitantes cubran el costo real de sus solicitudes y minimice los subsidios de un sistema ya demasiado extendido", dijo Ken Cuccinelli, director interino de USCIS.
"Además, la adjudicación de las solicitudes y solicitudes de inmigración requiere una evaluación exhaustiva, incurriendo en costos que deben ser cubiertos por la agencia, y esta propuesta explica nuestras necesidades operativas y alinea mejor nuestro programa de tarifas con los costos de procesar cada solicitud", agregó.
Hay quien critica duramente la propuesta de la agencia. "Esta administración afirma repetidamente que solo persigue la migración irregular, pero esta regla se refiere específicamente a la inmigración legal", dijo por ejemplo Ur Jaddou, ex abogado principal de esta agencia federal. "Esta regla muestra sus verdaderos colores".
Un oficial de asilo que pidió el anonimato fue aún más explicito en declaraciones a BuzzFeed. “Es dinero lleno ensangrentado”, afirmó, “solo un matón (bully, en inglés) diría: ‘yo te protejo solo si me pagas’”.