La ciudad de Hesperia, al norte de Los Ángeles (California), se enfrenta a una demanda por considerar a los latinos y afroamericanos como un "problema demográfico" e intentar expulsarlos con "prácticas discriminatorias".
Así aparece en la querella contra esa ciudad y la oficina del Alguacil del Condado de San Bernardino que este lunes presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) por promulgar y ejecutar una ordenanza de alquiler que derivó en el desalojo de inquilinos latinos y afroamericanos.
Ese decreto tenía la intención de regular el aumento de esas minorías en la localicad y fue usado para expulsarles, según la Fiscalía federal, que denunció por medio de un comunicado que un miembro del Consejo Municipal de Hesperia llamó un "problema demográfico" la creciente población afroamericana y latina de esta ciudad.
La ordenanza, que entró en vigencia el 1 de enero de 2016 y fue enmendada el 18 de julio de 2017, requería que todos los propietarios desalojaran a los inquilinos que habían participado en actividades delictivas alrededor de la propiedad lo que violaba la Ley de Equidad en la Vivienda.
La demanda, presentada en el Tribunal Central de Distrito de California, alega que la oficina del alguacil de San Bernardino ejerció su discreción para desalojar a familias enteras sin tener evidencia de actividad criminal, a la vez que niños y víctimas de violencia doméstica fueron desahuciados ilegalmente.
Una investigación previa del Departamento de Vivienda (HUD) determinó que los inquilinos latinos en Hesperia tenían el 29 % más de probabilidades de ser desalojados que los inquilinos blancos no hispanos, mientras que en el caso de los afroamericanos, la proporción era cuatro veces más que los arrendatarios blancos.
La ordenanza también requería que los propietarios presentaran los nombres de todos los posibles arrendatarios adultos a la oficina del alguacil para que se investiguen los antecedentes penales, y quienes incumplieran la ordenanza enfrentaban multas.
Hesperia dejó de aplicar la ordenanza en 2018 después de una investigación que llevó a cabo el periódico Los Angeles Times.