Osmani Garcés Ortiz fue arrestado a finales de octubre en Denver (Colorad0) acusado de un delito de drogas y de allanamiento. Este cubano de 37 años reside ilegalmente en Estados Unidos, pero la nueva ley estatal de santuario le permitió eludir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Pagó su fianza y salió de la cárcel. No tardaría en regresar, sin embargo, detenido en esta ocasión por un delito más grave, y poniendo en cuestión la política de santuario.
O al menos eso parecía, porque en realidad el error lo cometió ICE.
En agosto entró en vigor en Colorado una ley de santuario que, entre otras disposiciones, prohíbe a la policía mantener arrestado a un ciudadano sin otro motivo que poder entregarle a las autoridades migratorias. Los detainers con los que ICE pretende extender hasta dos días el arresto de personas a las que, de otra forma, la policía debería dejar en libertad, han sido cuestionadas en numerosas ciudades, condados y estados por contravenir la Constitución.
ICE no está de acuerdo: “Era absolutamente predecible que residentes inocentes sufrirían a manos de extranjeros criminales cuando entró en vigor la atroz ley de santuario”, dijo su director en Denver, John Fabbricatore, el 27 de noviembre, “esta ley pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos de Colorado”.
La agencia migratoria denunció que Garcés Ortiz había sido puesto en libertad el 28 de octubre, bajo fianza de 2,000 dólares, sin darles la oportunidad antes de ir a detenerle. El migrante fue arrestado de nuevo el 17 de noviembre, en esta ocasión por asalto e intento de asesinato.
Ahora está en prisión en el condado Arapahoe con una fianza de 200,000 dólares, aunque poco se sabe de lo ocurrido, más allá de que Garcés Ortiz iba en compañía de otro sospechoso que terminó apuñalando a una persona; el migrante le disparó a los pies antes de huir.
Sin embargo, la Oficina del Sheriff del condado respondió a esta acusación explicando que sí avisó a ICE antes de soltar bajo fianza a Garcés Ortiz en octubre. La liberación se produjo dos horas y media después de ese aviso, lo que, según la Oficina del Sheriff, dio tiempo de sobra a ICE para acudir a por el migrante, dado que se encuentra a sólo una milla o dos de la cárcel del condado.
La ley de santuario impide mantener detenido a un ciudadano a la espera de que ICE se haga con su custodia, pero no prohíbe avisar a la agencia antes de hacerlo.
“Durante años hemos tenido una relación de gran colaboración muy productiva con ICE, sin duda no hay problemas en ello”, ha asegurado la Oficina del Sheriff.
El 29 de noviembre, tras conocerse este comunicado, ICE introdujo una “corrección menor” en su comunicado: dejó de quejarse de no haber sido notificado antes de la liberación, pero siguió arremetiendo contra la ley de santuario, asegurando incluso que ese aviso previo no es “funcional”.
Garcés Ortiz llegó ilegalmente en barco a Key West (Florida) el 31 de marzo de 2008. Se le dio un permiso temporal y fue liberado por ICE, toda vez que entonces estaba en vigor aún la política de pies secos, pies mojados que proveía con la residencia permanente a los cubanos que lograran llegar a Estados Unidos huyendo del régimen castrista.
Aplicó para conseguir la green card, pero le fue denegada en agosto de 2015 por sus antecedentes criminales, quedando así en riesgo de ser deportado, puesto que el ex presidente Barack Obama terminó con la política especial para los migrantes cubanos en enero de 2017, justo antes de dejar la Casa Blanca.