WASHINGTON.— En el marco de su guerra contra la inmigración legal, la Casa Blanca ha asegurado este miércoles que apelará el dictamen de un juez federal en Oregón, que ayer bloqueó temporalmente la exigencia de seguro médico para centenares de miles de solicitantes de la residencia permanente en Estados Unidos.
El juez federal Michael Simon dijo anoche que el Gobierno no puede poner en vigor una proclamación firmada por el presidente, Donald Trump, el pasado 4 de octubre mientras los tribunales estudian la legalidad de la propuesta.
Simon respondió así a una demanda interpuesta por una coalición de grupos cívicos, que alegaron ante su tribunal que la medida, en efecto, negaría o limitaría severamente la entrada al país de dos tercios de los solicitantes de visas de residencia permanente, o green cards, por vínculos familiares.
La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, condenó hoy en un comunicado que un juez de Oregón “esté decidiendo la política migratoria de la nación”, omitiendo que los tribunales federales sí pueden emitir dictámenes que afecten a todo el territorio.
Según Grisham, bajo el Acta de Inmigración y Nacionalidad, el Congreso otorga al presidente una “amplia autoridad” para imponer restricciones o limitaciones al ingreso de extranjeros, por el tiempo que considere necesario y si determina que perjudicaría los intereses del país.
Además, la Corte Suprema validó el año pasado esa autoridad presidencial, agregó la portavoz.
Trump firmó la proclamación ahora contestada “para proteger a Estados Unidos de los efectos dañinos de inmigrantes sin seguro médico”, y la decisión de Simon de suspender su puesta en vigor viola el dictamen de la Corte Suprema, enfatizó Grisham.
“Esperamos defender la acción legal del presidente”, puntualizó.
Trump ya ha intentado por varios medios rrestringir la inmigración legal, pero su propuesta para establecer un sistema de visas “con base a méritos” y eliminar ciertas categorías de visas familiares fue rechazada en el Congreso el año pasado.
La proclamación presidencial, que debía entrar en vigor el 3 de noviembre, exige la compra de seguro médico a toda persona que solicite visa para ingresar a Estados Unidos como inmigrante, es decir, no con visa temporal. No aplica a los residentes legales ya en el país, ni a los refugiados o inmigrantes con visas humanitarias.
La Casa Blanca argumenta que los inmigrantes sin seguro médico incurren enormes gastos de salud que pueden contribuir a la insolvencia de hospitales, y afectan a los estadounidenses mediante “más impuestos, primas más altas, y más cuotas para servicios médicos”.
La medida de Trump exige a los solicitantes de green cards la obtención de seguro médico, ya sea de su bolsillo o a través de un empleador, y el seguro no puede comprarse con subsidios federales ni puede incluir Medicaid.
De implementarse, los inmigrantes además tendrán que demostrar la obtención de seguro médico en un plazo de 30 días después de su llegada al país, o demostrar que “poseen los recursos financieros para pagar gastos médicos razonables” en el futuro.
Según un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI, por su sigla en inglés), la medida de Trump “tiene el potencial de bloquear completamente a dos tercios de quienes solicitan la residencia permanente desde el exterior, y podría moldear de forma significativa la futura inmigración legal”.
El MPI calculó que la exigencia de seguro médico negaría el ingreso de aproximadamente 375,000 inmigrantes cada año -de un total de poco más de 1,1 millón que entran con green cards al país-, particularmente a los que solicitan visas por vínculos familiares, que son los que conforman la mayoría en esa categoría.
Esta medida es distinta al reglamento de carga pública, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional para negar la residencia permanente a quienes precisen de ciertos beneficios públicos, o puedan necesitarlos en el futuro.
Ese reglamento también ha sido frenado temporalmente en los tribunales.