Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, una de las figuras centrales en la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes, también ha estado involucrado con un ejecutivo ligado a acusaciones de corrupción en la lucrativa industria petrolera venezolana, según ha reportado el diario The Washington Post.
El pasado agosto, Giuliani viajó a Madrid, la capital española, para reunirse con un asesor del presidente de Ucrania y presionar para que ese país investigara al ex vicepresidente Joe Biden, un rival político de Trump.
Pero también se reunió con alguien más: un poderoso ejecutivo venezolano que ha sido mencionado en una investigación del Departamento de Justicia por presunto lavado de dinero y soborno en la petrolera estatal de ese país.
Un mes más tarde, Giuliani estaba abogando en Washington a favor del ejecutivo, Alejando Betancourt López, para evitar que se presentaran cargos en su contra.
El año pasado, el ejecutivo venezolano apareció como un coconspirador, al que no se acusó de cometer un delito, en un caso de lavado de dinero de la empresa estatal venezolana de Petróleo por 1,200 millones de dólares, según el medio citado.
Los acusados, entre los que se encuentra uno de los primos de Betancourt, presuntamente conspiraron para robar dinero de PDVSA (Petróleos de Venezuela) y lavarlo por medio de compras inmobiliarias en Miami, entre otros esquemas de inversión.
Giuliani ofreció sus servicios a Betancourt al mismo tiempo que continuaba representando al presidente Trump y, según las declaraciones de varios testigos ante el comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, conducía una política exterior en Ucrania paralela a los canales formales del Departamento de Estado.
En respuesta a una solicitud de comentarios, Giuliani dijo al medio citado: “Esto es privilegio entre el cliente y su abogado, así que resistiré cualquier mentira maliciosa o giro que quieran hacer”.
Jon Sale, un abogado de Betancourt dijo que su cliente negaba haber hecho un acto indebido.
La empresa de consultoría de Giuliani está siendo investigada por la fiscalía de Manhattan, Nueva York, que alguna vez dirigió él mismo, por los posibles delitos de fraude electrónico y violaciones a las reglas de cabildeo internacional, según el medio citado.
Betancourt ha hecho una fortuna trabajando para el Gobierno venezolano. Su compañía ganó más de 1,800 millones de dólares en contratos con el gobierno del difunto presidente Hugo Chávez para construir plantas de energía. Según el diario The Wall Street Journal su compañía, Derwick Associates timó al Gobierno, aunque ésta lo ha negado.
Sale es un amigo de Giuliani de cuando estudió leyes en la universidad y recientemente lo representó cuando la Cámara de Representantes solicitó su comparecencia, reportó The Washington Post.
Giuliani ha dicho que no acepta pagos por representar al presidente. Y que compensa sus gastos cuando trabaja para él con los honorarios que recibe de otros clientes. La visita a España lo ejemplifica. En septiembre le dijo a la agencia de noticias Reuters que sus gastos “supongo fueron pagados por un cliente. Como me tomé dos días libres creo que pagué personalmente una parte de eso”. Pero su relación cercana con Trump propicia dudas sobre los posibles conflictos de interés al representar a clientes extranjeros con negocios o asuntos judiciales en Estados Unidos.
El gobierno estadounidense ha adoptado desde hace tiempo el combate a la corrupción como una de sus políticas prioritarias hacia Venezuela.
La relación de Giuliani con Venezuela no ha pasado desapercibida durante las audiencias de cara a un juicio político a Trump. El 14 de octubre la otrora asesora del Consejo de Seguridad Nacional Fiona Hill aludió a una posible relación de Venezuela en la trama ucraniana, según el diario citado.
“Me dijeron que los individuos que han sido acusados habían estado interesados en distintos momentos en inversiones en energía en Venezuela y que esto era bien sabido”, dijo Hill en referencia a Lev Parnas e Igor Frugman, dos asociados de Giuliani que han sido acusados de violaciones a las leyes de campaña.
Parnas y Frauman se alojaron junto con Giuliani en un castillo propiedad de una compañía de Betancourt ubicado al sur de Madrid a principios de agosto.
“Bueno, estaba extremadamente preocupada de que lo que fuera que hacía Giuliani podría no haber sido legal, especialmente después de que gente me trajera a colación estos dos caballeros, Parnas y Frauman”, dijo Hill.