WASHINGTON.— Si no fuese por el frenazo de las cortes, la Administración Trump hubiese separado a más de 26,000 niños en la frontera sur, a juzgar por un informe divulgado este miércoles por el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés).
El informe de 61 páginas indicó que el DHS carecía de la tecnología adecuada para rastrear y reunificar a las familias separadas en la frontera sur el año pasado, como parte de la política de “tolerancia cero” que implementó la Administración Trump. Aún ahora, el DHS no puede verificar cuántos niños migrantes fueron separados de sus padres en la frontera.
En mayo de 2018, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció desde San Diego (California) la puesta en marcha de la política de "tolerancia cero" que criminalizó los cruces ilegales, al referir a inmigrantes indocumentados detenidos por la Patrulla Fronteriza a los tribunales para su enjuiciamiento y eventual deportación.
La medida, implementada en mayo y junio de 2018 y que no hizo exenciones para solicitantes de asilo ni para familias, dio luz verde a la separación de niños de sus padres, con el objetivo de desalentar la emigración ilegal desde Centroamérica.
El informe del DHS indicó que los agentes de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés), habían calculado que, gracias a esa política, los agentes podrían separar a más de 26,000 niños para finales de septiembre de 2018.
Métodos no eficaces
Debido a la falta de tecnología fiable para rastrear a las familias, los agentes tuvieron que improvisar métodos de dudosa eficacia, según el documento.
Así, aunque inicialmente la Administración dijo en los tribunales que separó a alrededor de 2,800 niños en la frontera, el nuevo informe del DHS revisó la cifra a un total de 3,014 menores separados de sus padres.
La cifra revisada incluye a al menos 1,300 familias separadas que no fueron debidamente registradas. Entre los afectados figuró un niño de 3 años que estuvo en el registro del Departamento de Salud y Recursos Humanos –a cargo de menores no acompañados detenidos en la frontera– pero no en el de la CBP, por lo que no fue incluido en una demanda judicial que exigió la reunificación de familias.
El Inspector General dijo en el informe que la política de “tolerancia cero” costó a la CBP $1.2 millones por concepto del pago de horas extra a los agentes, y contribuyó al hacinamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza.
El informe da seguimiento a otro que el Inspector General del DHS publicó en septiembre pasado, en el que también condenó la falta de mecanismos para implementar la política de “tolerancia cero” y para reunificar a las familias separadas.
En ese informe anterior, la Administración dio cuenta de 136 menores que no habían sido incluidos en la lista de niños separados, además de que otros 1,233 fueron separados mucho antes de que entrara en vigor la nueva política oficial.
Ahora, el nuevo informe corroboró que los agentes de la CBP continuaron los planes de la nueva política, a sabiendas de que la agencia carecía de los recursos para implementarla sin cometer errores.
Exigen más rendición de cuentas
Varios líderes demócratas del Congreso aprovecharon el informe para condenar nuevamente la política migratoria del presidente Donald Trump, al asegurar que todo el dolor causado a las familias era evitable.
La separación de familias “ha mancillado el legado de nuestra nación y tendrá efectos negativos duraderos en las personas que fueron sometidas a eso. Su efecto en los niños es particularmente reprensible y sin duda les dejará un trauma durante años”, advirtió la legisladora Zoe Lofgren, presidenta del Comité de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara de Representantes.
“El DHS debe rendir cuentas… exigiremos respuestas. No hemos terminado con esto, seguiremos hasta llegar al fondo de esta política grave e inhumana”, señaló la congresista californiana.
Por su parte, la legisladora de Nueva York y presidenta del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja, Carolyn B. Maloney, dijo que el informe “levanta el telón a la crueldad, incompetencia e indiferencia de la Administración al sufrimiento de niños separados de sus padres”.
El informe deja en claro que el plan de la Administración siempre fue “separar a decenas de miles de niños antes de que la indignación pública y una corte federal los obligara a dar marcha atrás… pienso continuar esta importante supervisión para asegurar que nuestro gobierno nunca más haga esto”, prometió Maloney.
Consultado por Noticias Telemundo, el DHS no ha hecho comentarios sobre el informe, pero el documento señaló que la agencia aceptó las cinco recomendaciones del Inspector General para modernizar sus sistemas tecnológicos y mejorar el rastreo y reunificación de familias.
Múltiples demandas en curso
La política de separación de familias no frenó los cruces ilegales, pero sí levantó ampollas entre grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y generó múltiples demandas contra la Administración en los tribunales que siguen su curso.
Los dictámenes de varios tribunales, de hecho, obligaron a la reunificación de algunas familias.
Ante crecientes presiones políticas, Trump firmó el 20 de junio de 2018 una orden ejecutiva que eliminó la política de “tolerancia cero”, y alentó el encierro de las familias sin separarlas.
“Se trata de mantener unidas a las familias y a la vez asegurar que tenemos una frontera y una seguridad fronteriza muy potente, muy fuerte, incluso más que antes… no me gustaba ni la imagen ni el sentimiento de las familias separadas; es un problema que arrastramos durante años” pero la Administración está lidiando con el problema “paso por paso”, aseguró entonces Trump.
La orden ejecutiva, que sigue en pie, permite que el Departamento de Justicia continúe enjuiciamiento a inmigrantes indocumentados, pero instruye al DHS a mantener unidas a las familias en los centros de detención. La única excepción es cuando el niño corre peligro a su bienestar y seguridad.
La medida no estableció mecanismos para reunificar a las familias ya separadas, pero sí permite que las que tengan casos de asilo válidos puedan “saltarse la cola” en los tribunales de Inmigración, para obtener una resolución más rápida.
La Administración sigue presionando por la anulación del “Acuerdo Flores” de 1997, que prohíbe la detención prolongada de menores pero que, según Trump y sus aliados, es una “laguna legal” que alienta la llegada de inmigrantes indocumentados.