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ICE endurece su batalla en dos estados y difunde la cara de 66 migrantes acusados de crímenes

Las autoridades migratorias quieren acabar con los santuarios y para ello difunden el perfil de 66 presuntos criminales a los que desea deportar y no puede.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha intensificado su batalla contra las ciudades, condados y estados que se declaran santuario para reducir al máximo su colaboración policial con esta agencia federal.

Después de que el condado de Prince George, en Maryland pero limítrofe con Washington DC, se sumara la semana pasada a las más de 300 administraciones  santuario de todo el país, este viernes ICE ha publicado una página web con el perfil y fotografía de 66 inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinos, que están encarcelados y querría deportar si las autoridades policiales colaboran.

La página de ICE se centra únicamente en Maryland, y en concreto en los condados de Prince George y Montgomery; y en Carolina del Norte, en los condados de Buncombe, Durham, Forsyth, Guilford, Mecklenburg y Wake.

Página de ICE con arrestados a los querría deportar.
Página de ICE con arrestados a los querría deportar. ICE / ICE

El condado de Montgomery cobró relevancia hace dos semanas después de que decidiera limitar su condición de santuario, adoptada en julio, tras una oleada de violaciones perpetradas supuestamente por indocumentados. El fiscal general de Maryland insistió en cualquier caso en que mantener detenidas a personas contra las que la policía nada tiene es inconstitucional aunque se haga por petición de ICE para que le de tiempo a ir a recogerlos y deportarlos.

En cuanto a Carolina del Norte, el director en funciones de ICE, Matt Albence, y el secretario en funciones de Seguridad Nacional, Chad Wolf, tienen previsto viajar allí este lunes después de que el Congreso estatal, controlado por el Partido Republicano, aprobara una ley para obligar a la policía a colaborar con las autoridades migratorias, y ésta fuera vetada por el gobernador, el demócrata Roy Cooper, asegurando también que es inconstitucional.