WASHINGTON.— La Corte Suprema ha rechazado revisar el caso de Víctor Saldaño, un argentino que lleva más de 20 años en el corredor de la muerte en Texas. Su única “tabla de salvación” ahora es la clemencia del gobernador, Greg Abbott, según afirmó un abogado en el caso, Jonathan Miller.
Saldaño, de 47 años, llegó de forma ilegal a Estados Unidos en 1995, y trabajó como jornalero. Es el único argentino condenado a muerte en el país norteamericano, por el asesinato de Paul King ese año. Su caso ha atraído cobertura internacional, la intervención de la Iglesia Católica y de los gobiernos de Argentina y otros 12 países del continente.
La Corte Suprema rechazó en junio de 2000 la primera sentencia de muerte contra Saldaño, al señalar que las autoridades judiciales de Texas dictaron la sentencia de forma discriminatoria por raza y nacionalidad, y ordenó un nuevo juicio. La semana pasada, el máximo tribunal rechazó revisar el caso de la segunda condena de 2004.
En entrevista telefónica con Noticias Telemundo, Miller –que representa al gobierno argentino y ha defendido a Saldaño en apelaciones anteriores– explicó que, ante la muy remota posibilidad de que la defensa logre un proceso de hábeas corpus para determinar la legalidad de su continuo encarcelamiento, el único camino que queda es la clemencia de Abbott.
“Lo más probable es que lo único que nos queda es la petición de clemencia… todavía lo estamos discutiendo con la fiscalía”, pero podría presentarse en el próximo mes, aseguró Miller, profesor de la Facultad de Leyes de la Universidad Southwestern en Los Angeles, California.
El tiempo apremia porque, una vez establecida la fecha de ejecución, las leyes de Texas establecen al menos 90 días para agotar cualquier recurso legal. Eso significa que Saldaño tendría una ventana hasta la primavera para frenar su inminente ejecución, agregó Miller.
Un laberinto legal
La primera sentencia de muerte contra Saldaño fue anulada por la máxima corte porque durante el juicio, Walter Quijano (un psicólogo que compareció por parte de la fiscalía) afirmó indebidamente que por su origen hispano, tenía más probabilidades de cometer más delitos en el futuro. Quijano ofreció testimonios racistas en al menos otro siete casos de pena de muerte.
Cuando las autoridades de Texas iniciaron el segundo juicio en 2004, para entonces Saldaño llevaba casi ocho años en el corredor de la muerte –casi todos en aislamiento severo– y mostraba señales de “terrible deterioro mental”, explicó Miller.
De hecho, un documento entregado a la Corte Suprema señaló que, en el segundo juicio, Saldaño mostró “conducta extraña”: bostezaba y se reía ruidosamente, se mecía en su asiento, y se masturbó en dos ocasiones delante del jurado.
“La defensa solicitó que Víctor fuese evaluado por dos expertos y ellos determinaron que estaba competente (para el juicio). Nuestro argumento ante el Tribunal Supremo no fue que (Saldaño) no estaba competente para someterse a juicio, sino que estaba severamente degradado” en su salud mental, acotó Miller.
Saldaño ha tomado fuertes medicamentos antisicóticos desde 2008, y eso ha reducido las medidas disciplinarias por problema de conducta, según el abogado.
Reducido a una pieza de dos por tres metros cuadrados en el penal de Allan Polunsky y con apenas una hora al aire libre, Saldaño recibe visitas ocasionales de su madre, Lidia Guerrero –quien ya está mayor y continúa radicada en Argentina– y del personal del consulado argentino en Houston, que monitorea su declive mental todos los meses.
“Su madre piensa que su hijo ha sido torturado en prisión a través del aislamiento severo que lo ha destruido mentalmente, y cree que básicamente es algo criminal por parte de Texas”, observó Miller.
En esta foto de 2014, el papa Francisco conoce a Lidia Guerrero, la madre de Víctor Saldaño, en la plaza San Pedro en Roma (L'Osservatore Romano/Pool Photo via AP).
Un documento judicial indicó que el gobierno de Argentina “considera el trato del señor Saldaño como un asunto bilateral importante, y lo ha abordado en discusiones con (miembros del) gabinete” presidencial.
En Estados Unidos, 125 extranjeros de 32 países están sentenciados a muerte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Un mal comienzo en EEUU
Saldaño, originario de la provincia de Córdoba, fue condenado a muerte dos veces por inyección letal por el secuestro y muerte de King en noviembre de 1995 en la localidad de Plano, cuando éste iba a comprar almuerzo con motivo del “Día de Acción de Gracias” para sus compañeros de trabajo en el almacén Best Buy.
Junto con su cómplice y compañero de cuarto, el mexicano Jorge Chávez, trasladaron a King a punta de pistola en un automóvil hasta el Lago Lavon, donde lo mataron con cinco balazos. Chávez, quien afirmó en su juicio que ambos estaban bajo los efectos de cocaína "crack", cumple una sentencia de cadena perpetua.
En septiembre pasado, el gobierno de Buenos Aires presentó documentos ante la Corte Suprema argumentando que el trato hacia Saldaño ha violado el derecho internacional.
Los gobiernos de Colombia, México, Chile, Perú, Bolivia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Paraguay y Uruguay, también se sumaron a los esfuerzos a favor de Saldaño.
El Papa Francisco y varios obispos católicos en Texas han respaldado que se frene la ejecución de Saldaño, haciéndose eco de quienes piden que su sentencia sea conmutada a cadena perpetua.
Este año, el Papa Francisco, también de origen argentino, declaró que la Iglesia Católica se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia porque el castigo capital “es una afrenta para la dignidad de las personas”.
El Papa Francisco ha recibido a Guerrero en Roma en dos ocasiones.
Otro encuentro entre el papa Francisco y la madre de Víctor Hugo Saldaño. (L'Osservatore Romano Pool Photo Via AP).
Texas, un estado mortífero
De ser ejecutado, el de Saldaño sería el único caso en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la nulidad de la condena de muerte, por racismo y discriminación, y de todas formas se cumple la ejecución.
Sólo que Estados Unidos no considera vinculantes las conclusiones que alcance esa Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), y tampoco reconoce la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el supuesto de que el caso llegara allí.
Texas lidera a los estados en ejecuciones de reos, con un total de 565 desde 1982, según datos de la Coalición de Texas para Abolir la Pena de Muerte. En 2018, el estado ejecutó a 13, o más de la mitad de las 25 ejecuciones en todo EEUU y, en lo que va de este año, ya lleva 7 de las 17 ejecuciones en el país.
Para 2020, Texas ha programado cinco ejecuciones, incluyendo las de los hispanos Abel Ochoa y Carlos Treviño, en febrero y marzo, respectivamente, según el calendario del Departamento de Justicia Criminal de Texas.
