Jilmar Ramos Gómez, de 28 años, nació en Míchigan, se unió a los Marines y luchó en Afganistán. Aun así, agentes migratorios en Estados Unidos lo detuvieron durante tres días e intentaron deportarlo.
Ahora el hombre, que recibió varias medallas por su servicio militar, está demandando al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y al Departamento de Seguridad Nacional. Pide 1 millón de dólares en restitución.
“Jilmar Ramos Gómez peleó por este país de manera desinteresada. Sin embargo, ICE intentó deportar al héroe local e hizo caso omiso de su ciudadanía, su servicio y sus problemas de salud mental”, dijo en un comunicado Miriam Aukerman, parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Míchigan y una de las abogadas del veterano.
Ramos Gómez padece de estrés postraumático por sus días de combate, de acuerdo con su abogada, y hace un año sufrió un episodio durante el cual terminó en el helipuerto de un hospital en Grand Rapids, cuyo acceso estaba prohibido.
La policía lo arrestó por invasión de la propiedad el 28 de noviembre de 2018. El caso del ex Marine llegó hasta las noticias, donde un oficial que estaba en descanso lo vio.
La demanda indica que ese policía fuera de servicio, Curt VanderKooi, cometió “discriminación racial”, pues VanderKooi envió un correo a agente del ICE para que revisaran el “estatus” de Ramos Gómez tras solamente mirarlo en televisión.
El mismo reporte policial del arresto y la cámara corporal del oficial que lo detuvo muestran que Ramos Gómez traía su pasaporte estadounidense y licencia de conducir en mano. Un juez también ordenó su liberación de la cárcel del condado de Kent.
Pese a ello, fue puesto en detención migratoria el 14 de diciembre del año pasado y se iniciaron los procesos para deportarlo.
El trauma de la detención
“ICE determinó equivocadamente que Ramos Gómez era un extranjero con presencia ilegal en Estados Unidos y le envió un correo a VanderKooi agradeciéndole por la ‘pista’”, dice la demanda. VanderKooi celebró el arresto migratorio en otro correo, enviado desde su cuenta oficial de la policía y consignado en la demanda. En ese mail calificó a Ramos Gómez de un “loco”.
Un procurador notó que Ramos Gómez no solo era ciudadano estadounidense, sino un veterano, y se logró que fuera liberado.
Los tres días que el veterano sí pasó en detención afectaron todavía más su salud mental: la acción judicial indica que fue maltratado y se agravó su estrés postraumático por su tiempo en Afganistán, tal que “requirió hospitalización poco después de su liberación; ahora rara vez sale de su casa o pasa tiempo en su comunidad”.
La comisión de gobierno de la ciudad de Grand Rapids ya acordó pagarle 190,000 dólares a Ramos Gómez por el papel que jugó la policía local en su detención migratoria, después de otra demanda de la ACLU.
Ahora, además de exigir el pago de 1 millón de dólares, la defensa de Ramos Gómez está pidiendo que se compartan los datos de todos los otros ciudadanos, residentes y migrantes legales que hayan sido detenidos y deportados por error.
“Ramos Gómez, y el pueblo, merecen saber por qué el gobierno de Estados Unidos abusó de su propio ciudadano, un veterano, y cuántas personas han sufrido de manera semejante”, dijo Aukerman, la abogada.
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