Un juez federal ha impedido a la Administración de Trump que aplique su nueva prohibición al asilo a miles de migrantes que lo solicitaron y a quienes se les negó ilegalmente antes de que la medida entrara en vigor.
En julio de 2017, cuatro organizaciones defensoras de los migrantes presentaron una demanda colectiva alegando que las autoridades fronterizas rechazaban a migrantes en los puertos de entrada bajo pretexto falsos; es decir, engañándoles para hacerles creer que no podían pedir asilo, según la demanda que entablaron.
Luego, en octubre de 2018, añadieron que la implementación de un sistema por el cual sólo se aceptaba un número reducido de solicitantes de asilo por día, bajo el argumento de una supuesta falta de capacidad, era en realidad un modo de impedir que presentaran su petición.
Bajo la nueva regla de la Administración Trump, los migrantes no mexicanos tienen prohibido solicitar asilo si antes pasaron por otro país y no lo pidieron allí. Algo que ha afectado principalmente a migrantes centroamericanos que cruzaron México para solicitar asilo en la frontera con Estados Unidos.
Muchos de ellos llegaron a la frontera sólo para ser puestos en listas de espera. Pero después de aguardar por meses su turno, el gobierno estadounidense emitió una regla diciendo que no aceptaría las solicitudes de asilo de quienes hubieran pasado por México a partir del 16 de julio de 2019.
Las organizaciones demandantes han argumentado que representan a un grupo de migrantes que había hecho lo que les habían pedido y habían tomado un turno para iniciar su proceso de asilo. Sin embargo, el Gobierno no reconoció que estos migrantes hubiesen pedido asilo o un turno para pedir asilo antes del 16 de julio, cuando la norma entró en vigor.
La corte les ha dado la razón.
Este martes, la jueza del distrito sur de California Cynthia Bashant concedió que los migrantes representados en la demanda habían iniciado su proceso antes de la prohibición y, por tanto, esta “no aplica para ellos”.
“Sus experiencias demuestran que CBP ha utilizado una variedad de tácticas, que incluyen declaraciones falsas, amenazas e intimidación, abuso verbal y fuerza física y coerción, para negar a los solicitantes de asilo de buena fe la oportunidad de presentar sus reclamos”, dijo en un comunicado el Consejo de Inmigración Americano, una de las organizaciones que demandó al Gobierno.
"La orden de hoy protegerá las vidas de los solicitantes de asilo que se vieron obligados a soportar dificultades extremas mientras esperaban su oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos en ciudades peligrosas de la frontera por meses", dijo Erika Pinheiro, directora de litigios y políticas de Al Otro Lado, una organización que alberga a inmigrantes sin techo en Tijuana y California y a cuyo nombre se hizo la demanda.
El Gobierno todavía podría apelar la decisión a un tribunal de instancia superior. Por lo que es muy probable que el caso continúe en las cortes.
Mientras tanto, tendrán derecho a solicitar el asilo todos los migrantes no mexicanos que no pudieron presentar su solicitud en un puerto de entrada antes del 16 de julio de 2019, porque las autoridades fronterizas los rechazaron o los pusieron en una lista de espera.
El caso es Al Otro Lado v. Wolf, una demanda colectiva presentada por el Centro Legal para la Pobreza Sureña, el Centro para Derechos Constitucionales y el Consejo de Inmigración Americano en nombre de solicitantes de asilo individuales y la organización de servicios legales Al Otro Lado.
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