Activistas piden al Senado un “defensor del pueblo” que exija cuentas a los agentes fronterizos
WASHINGTON.— Decenas de activistas de la frontera sur iniciaron este martes una campaña de cabildeo para que el Senado apruebe la designación de un “defensor del pueblo” que exija “transparencia” y rendición de cuentas al Departamento de Seguridad Nacional, al que acusan de violar los derechos civiles y humanos de los migrantes.
La delegación de 40 activistas, organizada por la Red para los Derechos Humanos en la Frontera (BNHR, en inglés), se reunirá con 40 senadores entre hoy y mañana, incluyendo el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, y una decena de su bancada.
En declaraciones a Noticias Telemundo, los activistas señalaron que el Senado debate aprobar la medida, similar a una que ya validó la Cámara de Representantes.
“Es algo muy simple, estamos pidiendo que las agencias policiacas respeten los derechos constitucionales de las personas… pedimos transparencia, profesionalismo, y respeto a la Constitución”, y eso “no es una cosa partidista”, explicó Fernando García, director ejecutivo de BNHR.
Según García, la situación de abusos en la frontera ha empeorado durante la Administración Trump por la retórica “racista” y “anti-inmigrante” que usa el presidente, Donald Trump.
“Los agentes comenzaron a seguir la guía del presidente, a ver a los inmigrantes no como seres humanos con derechos sino como animales, y tratarlos mal” en los centros de detención, aseguró García, argumentando que esa retórica alentó la masacre de 20 personas en El Paso (Texas) el pasado 3 de agosto, a manos de un supremacista.
García coincidió con otros grupos cívicos en que Trump debe despedir o exigir la renuncia de Stephen Miller, su asesor migratorio.
“Eso está funcionando con su base, pero no para los derechos constitucionales de las personas, especialmente en la frontera”, observó García.
Por su parte, la activista Gabriela Castañeda explicó que los inmigrantes en la franja fronteriza con frecuencia son víctimas de discriminación racial, detenciones arbitrarias, abuso físico y verbal, y pesquisas sin la debida orden judicial.
“Es tiempo de que los senadores escuchen a los que vivimos en la frontera, los expertos, los que lidiamos con los problemas diarios… se utiliza mucho el perfil racial, hay falta de profesionalismo por parte de la Patrulla Fronteriza y agentes de aduanas. Queremos que esto cambie”, destacó Castañeda, procedente de El Paso.
La propuesta de ley para Mejorar la Seguridad Nacional fue presentada el pasado 24 de octubre por un nutrido grupo de senadores demócratas, incluyendo los precandidatos en la contienda presidencial Kamala Harris, Elizabeth Warren y Cory Booker.
Entre otros elementos, la medida crea la figura de un “defensor del pueblo” -conocido como ombudsman- para atender quejas y reclamos contra agentes de las oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Control de Fronteras (CBP).
Ese funcionario tendría a su cargo un panel de "supervisión" para evaluar la eficacia de políticas, estrategias y programas del DHS, y su impacto en las comunidades fronterizas. También crearía un sistema de “rastreo electrónico” para facilitar y agilizar la reunificación de familias.
Según García, el uso obligatorio de cámaras incorporadas en los uniformes de los agentes fronterizos y de ICE contribuiría a la transparencia de las operaciones policiales en la frontera sur.
En septiembre la Cámara de Representantes aprobó una medida similar que fue presentada por la congresista demócrata Verónica Escobar.
México bajo la lupa
En paralelo, el comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja realizó hoy una audiencia sobre el programa Quédate en México, instituido en enero pasado para obligar a los solicitantes de asilo a esperar en ese país la resolución de sus casos en Estados Unidos.
El programa ha dado a pie a un “nuevo ecosistema de actividad criminal” que expone a los migrantes a riesgo de secuestros, extorsión, violación sexual y desapariciones, advirtió Escobar, quien promueve un proyecto de ley para frenarlo.
El plan fue condenado también por grupos cívicos y humanitarios, entre ellos Human Rights Watch.
Un exfuncionario de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Douglas Stephens, dijo ayer a los periodistas que, al obligar a los agentes a implementar este programa, la Administración “en realidad les está requiriendo que violen la ley”.
En septiembre, un juez federal, Lee A. O´Connor, dijo que el Gobierno ha aplicado indebidamente ese programa en más del 90% de los casos, porque ha incluido a migrantes detenidos en el interior del país aunque aplica únicamente a personas que llegan a la frontera en busca de asilo.
El comisionado interino de la CBP, Mark Morgan, ha dicho que los albergues establecidos por las autoridades mexicanas o grupos humanitarios funcionan adecuadamente, y que el 9% de los migrantes abandonan los albergues y reconectan con contrabandistas para tratar de cruzar ilegalmente.
Al respecto, García acusó a la Administración y al Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de “vender la mentira” de que México es un lugar seguro para refugiados y solicitantes de asilo, cuando ese país registra los índices de homicidios e inseguridad “más altos de los últimos tres años”.