Estaba embarazada de 7 meses cuando desapareció. Su cadáver fue hallado en una fosa común, pero su bebé no

Cuando encontraron sus restos y confirmaron su identidad con un examen de ADN, comenzó la búsqueda del bebé que estaba por nacer cuando la perdieron de vista. “Y en esa lucha estamos ahora”, explica Lucía, su hermana. Su mamá, de 85 años, aún tiene la esperanza de que algún día va a conocer a su nieto o nieta, “no se sabe”.

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Lucía Col Cho buscó a su hermana Matilde durante 36 años. La encontró enterrada en una fosa común con los restos de otras 564 personas que aparecieron maniatadas, amordazadas y sepultadas en la zona militar 21 de Cobán, Alta Verapaz. El lugar que hoy ocupa el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de la Paz (CREOMPAZ) fue un cementerio clandestino entre 1981 y 1988.

La guerra civil entre el gobierno y la guerrilla de Guatemala entre 1962 y 1996 se cobró 200,000 vidas. Pueblos mayas enteros fueron exterminados en una matanza que Naciones Unidas ha clasificado como genocidio. Los años 80 fueron especialmente cruentos. Entre 1981 y 1983, un período que incluye el régimen de 18 meses del dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), el Estado aplicó sin piedad la estrategia de tierra arrasada en las comunidades mayas. 440 aldeas desaparecieron del mapa como castigo a la población civil, que se había unido a la guerrilla como opción para escapar de la pobreza.

Matilde era “papá y mamá a la vez, se ocupaba de los gastos”, recuerda Lucía. Su padre, enfermo, no podía trabajar. Ella ayudaba a sus cinco hermanos con los estudios. Trabajaba en una emisora de radio de Cobán que difundía programas de alfabetización. Quería que las mujeres aprendieran a leer y escribir para impedir que les robaran sus propiedades. Escribía poemas para su hijo “como si ya supiera que iba a faltar”.

Estaba embarazada de siete meses cuando desapareció en enero de 1983.

Cuando encontraron sus restos y confirmaron su identidad con un examen de ADN, comenzó la búsqueda del bebé que estaba por nacer cuando la perdieron de vista. “Y en esa lucha estamos ahora”, explica Lucía. Su mamá, de 85 años, aún tiene la esperanza de que algún día va a conocer a su nieto o nieta, “no se sabe”.

En enero de 2016, el ministerio público de Guatemala llevó a juicio a los ocho militares de alto rango que formaban parte de la cadena de mando de la zona militar 21, donde se hallaron los restos óseos repartidos en 85 fosas, en el que probablemente sea el mayor caso de desapariciones forzadas de América Latina. La acusación ha presentado 150 declaraciones testimoniales y 20,000 folios de materiales y pruebas, pero hay poca voluntad para avanzar, denuncian las asociaciones de víctimas. 

La jueza Claudette Domínguez está sumergida en el aluvión de impugnaciones y denuncias de los abogados de los militares acusados que están retrasando el proceso. En 2017 la Fiscalía consiguió imputar al dictador Montt por genocidio, pero murió en 2018 sin llegar a sentarse en el banquillo.
 
La Liga de Higiene Mental, una asociación que lleva 20 años intentando reunir a las familias separadas por la guerra, acompaña a Lucía en su búsqueda. “Los niños eran vistos como enemigos, como futuros guerrilleros. Por eso hay tantos niños muertos”, señala el director, Maco Garavito.

De las 565 osamentas halladas en el centro militar de CREOMPAZ, 92 pertenecen a niños.
 
Los forenses han identificado a 143 personas a través de muestras de ADN, por eso Lucía cree que vale la pena seguir adelante con la búsqueda de su sobrino o sobrina. Quiere tener la certeza de la muerte o la esperanza de que fuera adoptado y llevado a otro país, como miles de niños guatemaltecos en aquellos años. “Si esperamos más de 30 años, ¿cómo no vamos a esperar un poquito más?”

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