Al menos 653 menores de edad fueron presa de coyotes que los “rentaron” a personas que querían cruzar la frontera en los últimos 12 meses, según las autoridades migratorias estadounidenses.
En una comparecencia ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos de Gobierno del Senado celebrada el miércoles, representantes del Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) dijeron que “vacíos legales” han contribuido a esta vulneración de niños que son tratados por traficantes de personas y por cárteles como “peones” y “un producto para hacer dinero”.
Las organizaciones criminales crean “familias fraudulentas”, según el subsecretario interino de ICE, Derek Benner, quien indicó que las personas que quieren cruzar son convencidas de pagarles a coyotes para cruzar de la mano de algún menor de edad que no es familiar, al creer que así no serán detenidos.
Eso abre camino a lo que Benner llamó la “reutilización explotadora de niños usados como pasaportes”, con casos en que un mismo menor de edad fue procesado varias veces, cada una en compañía de diferentes adultos.
De esa manera, según el funcionario de ICE, si los migrantes adultos son interceptados por autoridades aplica el acuerdo Flores. El acuerdo Flores, una decisión judicial de 1997, establece que cualquier menor de edad puesto bajo custodia migratoria debe estar en condiciones “poco restrictivas”, estar en compañía de un familiar o un conocido y el que la detención no exceda 20 días.
El gobierno de Trump intentó cancelar el acuerdo Flores en agosto, aunque una jueza lo frenó.
Mark Morgan, el comisionado en funciones de la CBP, agregó en su testimonio que tienen reportes de que el precio para “comprar” a los niños ronda los 80 dólares.
En la primavera, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó un programa piloto para usar pruebas rápidas de ADN en algunos cruces fronterizos, para comprobar el estatus familiar de personas inmigrantes retenidas con niños. Hasta mediados del año un tercio de las unidades familiares revisadas con estas pruebas habían sido declaradas fraudulentas, según la agencia noticiosa Associated Press.
Al hablar de esta explotación de niños y la creciente emigración desde Centroamérica, Morgan dijo: “No podemos depender de que los países que son socios nuestros atiendan un problema que responde a nuestro sistema migratorio roto”. Exigió al Congreso tomar acciones bipartidistas para evitar que los cárteles y traficantes puedan explotar a las personas que migran.
Exhortó lo mismo este jueves, cuando la CBP dio a conocer las cifras de cruces fronterizos en octubre pasado, con más de 52,000 detenciones migratorias.