El Gobierno ha revisado el contenido de miles de teléfonos celulares y computadoras de viajeros en puertos de entrada en todo el país, pero este martes una corte en Boston ha dictado que no podrá seguir con esta práctica sin una orden judicial o una “sospecha de contrabando”, reportó la agencia de noticias The Associated Press.
La decisión de la corte federal de distrito en Boston llegó tras la demanda presentada por la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y la Fundación Frontera Electrónica (Electronic Frontier Foundation) a favor de 11 viajeros cuyos teléfonos inteligentes y computadoras portátiles fueron revisados en puertos de entrada sin que fueran sospechosos.
La abogada Esha Bhandari de la ACLU dijo que la sentencia fortalece los derechos de los viajeros consagrados en la Cuarta Enmienda constitucional, que protege a los ciudadanos de cateos y decomisos arbitrarios.
La revisión de equipos electrónicos en puertos de entrada estadounidenses ha aumentado considerablemente, según la ACLU. El año pasado, el Gobierno hizo más de 33,000 revisiones, casi cuatro veces más que tres años antes.
La ACLU ha descrito estos cateos como “expediciones de pesca”. Ahora, dicen, los oficiales de la agencia de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP, en inglés) deberán demostrar que tienen sospechas de contrabando de un individuo para poder revisar sus dispositivos.
"Este es un gran día para los viajeros internacionales que ahora pueden cruzar la frontera sin temor a que el Gobierno, en ausencia de cualquier sospecha, saquee la información extraordinariamente sensible que todos llevamos en nuestros dispositivos electrónicos", dijo la abogada Sophia Cope de la Fundación Frontera Electrónica.
La Administración del presidente, Donald Trump, ha defendido estas revisiones como una herramienta crucial para proteger al país, reportó The Associated Press.
Los documentos presentados como parte de la demanda afirman que el alcance de las revisiones sin orden judicial se ha ampliado para ayudar en la aplicación de las leyes fiscales, de bancarrota, ambientales y de protección del consumidor, recopilar información y avanzar en investigaciones penales.
Estos documentos también señalan que agentes de la CBP y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) toman en cuenta las solicitudes de otras agencias gubernamentales para determinar si revisan los dispositivos electrónicos de los viajeros. Y agregan que los agentes no sólo buscan la información de individuos específicos, también la de sus amigos, familiares y asociados.
"Al poner fin a la capacidad del gobierno para hacer expediciones de pesca sin sospechas, el tribunal reafirma que la frontera no es un lugar sin ley y que no perdemos nuestros derechos de privacidad cuando viajamos", dijo Bhandari en un comunicado de prensa.
¿Qué hacer si un agente de la CBP requiere su dispositivo electónico para revisarlo?
Debe cooperar, pero tiene derechos. Estas son algunas de las directrices que la propia CBP ha proveído.
Aparatos afectados. La CBP se arroga la capacidad para registrar, copiar e incluso compartir información almacenada en computadoras, tabletas, discos de almacenamiento portátil, teléfonos móviles, cámaras y prácticamente cualquier otro aparato electrónico que se le ocurra. Según la Oficina, estos registros son “vitales” para proteger no sólo la seguridad nacional, sino para detectar por ejemplo películas pirateadas. Y, además, son a menudo clave, añade, para determinar la intención del viajero que intenta acceder a territorio estadounidense.
Tipos de búsqueda. Cualquier agente puede pedir a un viajero (antes del fallo del tribunal en Boston, sin importar si se era o no sospechoso) que le permita examinar sus dispositivos electrónicos. Eso se conoce como búsqueda básica. La búsqueda avanzada incluye además la conexión de ese dispositivo electrónico a otro aparato para poder así, además, copiar sus contenidos. Para hacer esto, sin embargo, es necesario que exista una “sospecha razonable de una actividad que viole las leyes que debe proteger la CBP, o un problema de seguridad nacional”, según las directivas publicadas en enero del año pasado.
¿Qué hace saltar la alarma? “Muchos factores”, según la CBP, que ofrece como ejemplo la sospecha de que puede haber un problema de seguridad nacional (sin especificar cómo se cimenta ésta) en combinación con otros factores “apropiados”, o la inclusión del viajero en un listado de posibles terroristas.
Las búsquedas, en modo avión. La CBP sólo tiene autoridad, según señala, para revisar los aparatos, es decir, la información que se guarde en ellos (fotografías, archivos de texto, etcétera) pero no la que esté almacenada en la nube (redes sociales, correos electrónicos, etcétera). Por ello, los agentes deben pedir al viajero que conecte el teléfono en modo avión, es decir, sin acceso a redes celulares o wifi, o asegurarse de hacerlo ellos mismos.
¿Hay información sagrada? Sí: la que está protegida por ejemplo por la relación privilegiada entre un individuo y su abogado, los expedientes médicos, o cualquier tipo de datos que el viajero asegure que son información empresarial confidencial. Es esos casos, tendrá que ser un superior de la CBP quién decida.
¿Y si tiene contraseña? En esos casos, el viajero deberá facilitar el código de acceso al aparato electrónico, y el agente del CBP tendrá derecho a guardar esa contraseña, según las directrices. Una vez realizada la inspección, esa información deberá ser destruida. Si el viajero no quiere facilitar la contraseña, el agente puede quedarse con el aparato e intentar acceder a él con otros métodos, añaden las directivas, cuya legalidad se debate en la corte.