Por María Peña
WASHINGTON.— La Corte Suprema ha escuchado este martes los argumentos a favor y en contra del programa DACA de alivio migratorio que, desde 2012, ha escudado de la deportación a alrededor de 700,000 jovenes (conocidos como soñadores, o dreamers, en inglés), y cuyo desenlace podría sacudir la contienda presidencial el próximo año. La mayoría de l,os jueces conservadores parece inclinarse por la anulación del programa, a tenor de sus preguntas esta mañana.
El caso coyuntural, que llegó ante el tribunal en noviembre de 2018, pone a prueba los poderes del Ejecutivo y examina no los méritos del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) sino la justificación que utilizó en septiembre de 2017 la Administración presidida por Donald Trump para decretar su extinción.
Durante los 80 minutos de audiencia, a la que tuvo acceso un puñado de medios, incluyendo Noticias Telemundo, el interrogatorio de la mayoría de los jueces conservadores pareció apoyar los argumentos de la Administración de que tiene autoridad de cancelar DACA y que lo hizo con apego a la ley.
En ese sentido, el juez conservador Neil Gorsuch dijo que toda Administración tiene “discreción procesal” sobre cómo hacer cumplir las leyes, y citó el ejemplo en juicios por posesión de drogas, que también afecta a un gran número de personas.
Salvo el presidente de la Corte, John Roberts, que podría decantar un tribunal con cinco conservadores y cuatro progresistas, los demás jueces conservadores parecieron aceptar la justificación para anular DACA.
La jueza progresista Sonia Sotomayor insistió en que, si bien la Administración tiene la potestad de anular DACA, de igual manera tiene que asumir la consecuencias de su decisión.
“¿Dónde está la decisión política que hicieron de que acá no se trata de la ley, sino de la decisión de destruir vidas”, dijo Sotomayor, nombrada en 2009 por el entonces presidente demócrata, Barack Obama (quién creo DACA).
La jueza Elena Kagan, también nombrada por Obama, coincidió en que la politización del asunto tiñó la explicación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, sobre la anulación del programa.
“Todo está mezclado, y en realidad no sabemos cómo ella hubiese equilibrado” los argumentos legales del asunto, observó Kagan.
El abogado del Gobierno, Noel J. Francisco, insistió en cada respuesta que la decisión de anular DACA no está sujeta a una revisión judicial, que el programa es ilegal y que, en todo caso, la Administración sí asume las consecuencias porque está "haciendo cumplir las leyes”.
“Nos hacemos cargo” de las consecuencias, repitió Francisco varias veces.
En la audiencia también defendieron DACA Ted Olson, abogado ante la Corte Suprema durante la Administración del republicano George W. Bush, en representación de varios dreamers, y Michael Mongan, representando a California.
Argumentos ante la corte
La Corte deberá determinar si, como han argumentado en 2018 tres tribunales de menor instancia, la Administración violó de forma “arbitraria y caprichosa” el “Acta para Procedimientos Administrativos”, una ley federal que rige los cambios en los reglamentos gubernamentales.
Aunque se trata de un árido argumento legal, la corte tiene en sus manos el futuro de alrededor de 700,000 inmigrantes indocumentados, que viven en zozobra permanente desde que Trump ordenó la anulación de DACA por considerarlo “ilegal” e “inconstitucional”.
A menos que el Congreso les apruebe la legalización permanente (algo improbable en el clima político actual), sólo esta sentencia podría resolver de forma definitiva el limbo de los dreamers.
La máxima corte podría reafirmar los dictámenes de los tres tribunales federales, dejando en pie DACA para la renovación de permisos; permitir el desmantelamiento del programa; o declararlo ilegal e impedir que ningún Gobierno futuro puede reactivarlo.
La corte prevé emitir su dictamen a más tardar el 30 de junio de 2020, en plena contienda presidencial.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración, dijo confiar en que DACA se salvará, pese a las inclinaciones de los jueces conservadores, y aconsejó a los dreamers a continuar renovando sus permisos.
Trump ganó la presidencia en 2016 con recetas de mano dura contra la inmigración ilegal y con promesas de eliminar DACA.
Tras asumir el poder, quedó atrapado entre la facción moderada del partido, que apoyaba la continuidad de DACA, y la radical, encabezada por su asesor, Stephen Miller y el entonces fiscal general, Jeff Sessions, que urgía eliminarlo.
En 2017, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Elaine Duke, elaboró el memorándum que dio muerte a DACA, argumentando que el programa era anti-constitucional y un abuso de autoridad ejecutiva, y no un asunto de mera “discreción procesal”.
Pero Duke no ofreció una explicación razonada, más allá de indicar su presunta ilegalidad, ni mencionó el consabido argumento de que el programa alentaba la emigración ilegal. La tardía inclusión de la “discreción procesal” demuestra, según expertos legales, la debilidad del caso de la Administración.
Trump ha oscilado entre su presunta empatía con los dreamers, y su exigencia de condicionar cualquier alivio permanente al recrudecimiento de la vigilancia fronteriza. Antes de la audiencia, Trump instó nuevamente a la Corte Suprema a que permita la anulación de DACA para empezar de cero en la búsqueda de una solución.
Pero omitió que en 2018 fue él quien condicionó su apoyo a los dreamers a que el Congreso le diera más fondos para su prometido muro fronterizo; el fracaso de las negociaciones produjo un cierre del gobierno por 35 días.
En la actualidad, el Senado aún no ha sometido a voto una medida aprobada por la Cámara de Representantes para legalizar a los dreamers de forma permanente.
De cara a los comicios de 2020, Trump busca la reelección apostando de nuevo por su ataque contra la inmigración ilegal, más restricciones a los flujos legales, y su consabida acusación de que la oposición demócrata promueve fronteras abiertas.
El congresista demócrata Joaquín Castro participó esta mañana en un desayuno a favor de los dreamers, y afirmó que, aunque el caso es complicado y los conservadores hicieron preguntas “duras”, cree que cosecharán una victoria legal.
Entre el miedo y la esperanza
Arropados con abrigos y mantas por el frío otoñal, centenares de dreamers y activistas de California, Carolina del Norte, Texas, Nueva York y otros estados acamparon afuera de la imponente sede de la corte para ingresar a la audiencia sobre DACA, o participar en la protesta desde las escalinatas.
La variopinta protesta, para la que fueron convocadas 3,000 personas, formó parte de la campaña Home is Here, con la que los dreamers quieren demostrar sus profundas raíces en Estados Unidos. Algunos portaron carteles con mensajes como “sí se puede”, o mantas con el emblemático personaje de “Chespirito” exigiéndole a Trump un cese a la separación de famiilias.
Varios dreamers mexicanos, entre ellos Missael García, Karla Reyes y Sherlyn Martínez, explicaron que retirar DACA sería destruir lo que han construido en este país, aportando a la economía y fortaleciendo a sus comunidades.
Greisa Martínez, activista del grupo United We Dream, escuchó a los jueces conservadores pero prefirió mantener un tono optimista sobre el desenlace del caso.
“DACA es legal… aquí estamos y no nos vamos”, afirmó.
El ambiente de fiesta y militancia pro-inmigrante en la acera reflejaba el pulso de la opinión pública a favor de la continuidad de DACA, y quienes no pudieron viajar hasta Washington hicieron sus propios actos de solidaridad en diversas ciudades en todo el país.