La policía mexicana reportó desde un inicio que se trató de un enfrentamiento con delincuentes. Sin embargo, testimonios de testigos aseguran que las autoridades sacaron a ocho personas de sus camas mientras dormían, los golpearon y torturaron, para luego ejecutarlos extrajudicialmente en medio de un montaje que los mismos uniformados armaron. Se inició una investigación, se exhumaron cuerpos y se interrogó a algunos los autores del operativo. Pero aún no hay culpables.
Esta versión de los hechos corresponde al testimonio que entregaron tres mujeres que presuntamente estuvieron entre las detenidas la madrugada del 5 de septiembre en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo (Tamaulipas), reconstruida por el diario El Universal.
Estas mujeres, cuya identidad no ha sido facilitada, aseguran que pudieron observar cómo policías del Centro de Análisis Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (Caiet) se llevaban a seis personas del hogar que compartían, tres mujeres y tres hombres. Todos aparecieron muertos la mañana siguiente en una casa a cinco millas de distancia y con tiros en la nuca y en la espalda.
Una de ellas aporta esta versión: "Alrededor de las 5-6 de la mañana. Estábamos dormidas y en eso abrieron la puerta y se metieron y nos dijeron: ‘Tírense al piso’; luego nos tiramos al piso. ‘¿Dónde están las armas?’, y yo le dije que no sabía de qué estaba hablando. Y él me dijo: ‘Saca las armas, no te hagas pendeja’. Y yo le dije: ‘Oiga, es que yo no sé de qué está hablando. Yo trabajo en un lavado y yo mantengo a mi pareja y el cuarto aquí me lo acaban de rentar’. ‘No te hagas pendeja, si no hablas te vamos a matar".
Además de estas seis personas, hubo otras dos víctimas. Una de ellos, Severiano, vivía con su hija Kasandra Azucena y su nieta de dos años en la casa donde presuntamente se simuló el enfrentamiento. Severiano fue golpeado y torturado, antes de verse obligado a vestir con ropa militar y ser asesinado.
Su hija relató que, al ser obligada a salir de su casa a las siete de la mañana, observó a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estableciendo un perímetro en el lugar, y que había personas bajando armas largas y acomodándolas, como parte del simulacro de un enfrentamiento. Ramón, un operador de grúa de Nuevo Laredo, denunció también que recibió la orden de mover una camioneta y dejarla en un ángulo tal que pareciera una persecución.
"Ya que estaba todo, le dije [a los estatales] que si iba para PGR [Procuraduría General de la República] la camioneta y me dijo que se iba a mover a un punto. Que eso nadie debe de saber que, si ‘abría el agua’, iban a ir por mi familia y me iban a matar. Me quitan el teléfono, me ordenan que los siga. Delante iban dos trocas de la estatal. Color azul y blanco, yo iba en medio. Atrás ban dos trocas del Ejército y un blindado. Así estuvo el recorrido. Llegamos a Valles Anáhuac", afirmó el operador de la grúa que esa mañana movió una camioneta Tundra, donde luego aparecería el cuerpo de una de las víctimas.
Estos testimonios son parte de la denuncia presentada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y que, tras la difusión de los hechos en varios medios de prensa, llevó a la Procuraduría General de Justicia de Tumaulipas a iniciar una investigación el 11 de septiembre. En estos dos meses se creó una Fiscalía Especial para el caso y se han realizado ocho detenciones de policías que participaron en el operativo, que luego fueron dejados en libertad. Se exhumaron dos cuerpos. Pero aún no hay nadie en prisión por lo ocurrido.
El Universal reporta que el fiscal especial del caso, Adelfo González, no acudió a la última reunión entre víctimas y el Gobierno. Los familiares no han tenido acceso a los informes de las exhumaciones, añade, y un día antes se enteraron de la cancelación de tres órdenes de aprehensión de policías. Los uniformados aseguran que solo obedecieron órdenes de su superior, José Rafael González Villalpando. La Fiscalía no ha entregado una respuesta oficial.
La Sedena reconoció su participación en el operativo de las autoridades estatales, pero sólo para establecer resguardo perimetral y que por la distancia no pudieron observar nada.
Kasandra Azucena y el operador de la grúa dicen haber recibido amenazas de muerte tras sus denuncias. La mujer asegura que perdió las pocas cosas que quedaron en la casa donde su padre fue baleado, ya sea porque los mismos estatales las rompieron o porque le han robado. De su padre recuerda que trabajaba en una refresquera de seis de la mañana a cuatro de la tarde, pero que una semana antes de ser asesinado había tenido un accidente por lo que se encontraba incapacitado en su casa. Y que en su funeral, intentaron maquillar los golpes que recibió, pero que las marcas seguían en su frente y boca.
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