La oposición en Bolivia se negó a aceptar el diálogo político al que llamó Evo Morales este sábado para superar semanas de violentas protestas en las calles contra los resultados de una disputada elección presidencial, con lo que la tensión se agudiza por momentos después de que se sumaran a las protestas policías con demandas salariales que se amotinaron para desafiar al gobierno en señal de descontento.
El mandatario formuló su convocatoria a los cuatro partidos que resultaron con mayor votación en los recientes comicios y, según dijo, “con agenda abierta para pacificar Bolivia”, al tiempo en que pidió a la comunidad internacional acompañar el proceso.
La declaración de prensa la hizo desde un aeropuerto militar en La Paz poco después de que la guardia policial abandonase la protección de la casa presidencial en medio de un motín de policías en varias ciudades, que tensó aún más la crisis y los esfuerzos del presidente de estabilizar la nación.
El mandatario condenó la supuesta intervención de los medios estatales por grupos organizados vía Twitter:
El pedido de diálogo también ocurre en momentos en que la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza una auditoria electoral a los comicios a pedido del gobierno y ante sospechas de fraude por parte de la oposición. El resultado del informe se conocería la próxima semana.
El llamado del mandatario, empero, fue rechazado por la oposición política y por el movimiento cívico opositor que lidera las protestas sociales en todo el país, con las que exigen la renuncia del gobernante y nuevas elecciones.
“No tengo nada que negociar con Evo Morales, quien ha perdido todo vínculo con la realidad”, dijo el expresidente Carlos Mesa, segundo en los comicios presidenciales del 20 de octubre y abanderado por la alianza centrista Comunidad Ciudadana (CC).
Por su parte, el líder cívico Luis Fernando Camacho --que encabeza las protestas sociales contra Morales-- dijo que el mandatario “está buscando salidas, cuando la gente reclama su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones”.
Antes y para agitar más el clima, la tropa policial en las tres ciudades más importantes de Bolivia se replegó a sus cuarteles y en dos de ellas se amotinaron en abierto desafío al gobierno.
En la Paz se observó a policías trepados sobre la azotea de una estación cercana a la casa de gobierno con banderas nacionales y con letreros en que se leía “La policía con el pueblo”.
“La policía no se debe a ningún partido político, por eso se suma a la lucha del pueblo”, dijo un policía con el rostro cubierto al leer un manifestó frente a la casa de gobierno, en la que no se encontraba el presidente.
Morales volvió a señalar el sábado que “está en marcha un golpe de Estado con la arremetida de grupos violentos antidemocráticos”, por lo que llamó a sus bases a “movilizarse para defender la patria y el voto”.
También denunció que supuestos golpistas incendiaron la casa de su hermana y de gobernadores de dos municipios del país.
El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, dijo en la jornada que no intervendrían en la crisis y aseguró que tratarán de garantizar la convivencia en el agitado país.
“Nunca nos enfrentaremos con el pueblo con el que vivimos... Este es un problema político y debe ser solucionado en ese marco”, señaló.
En Santa Cruz --bastión opositor-- los agentes amotinados salieron en marcha a las calles secundados por cientos de manifestantes opositores.
“Estamos movilizados por 17 días, hasta ahora hemos mirado de palco (el conflicto social), no queremos ser indiferentes, la policía se suma a su pueblo”, señaló un policía tras la marcha de sus camaradas hasta la plaza principal de Santa Cruz, mientras cientos de ciudadanos y activistas los ovacionaban.
Se trata del momento más complicado para Morales en sus 14 años en el poder, según opinó a The Associated Press el analista político Jorge Dulón, profesor en la Universidad Católica Bolivariana en La Paz. La situación “podría tornarse más complicada, si no da buenas señales al país”, agregó.
Los accesos al palacio presidencial estaban cerrados por un fuerte cerco policial desde que estalló la crisis y fueron escenario de choques cotidianos con opositores, pero el sábado a pesar de la ausencia de los agentes, manifestantes custodiaban los alrededores de la casa de gobierno para evitar desbordes.
Desde que estalló la crisis tras los comicios del 20 de octubre, tres opositores han muertos en violentos enfrentamientos callejeros con seguidores del mandatario y más de cien resultaron heridos.
Los manifestantes opositores que piden la renuncia de Morales y nuevas elecciones optaron desde la noche del viernes por no enfrentarse con la policía y, por el contrario, decidieron alentarlos y llevarles alimentos.
Los amotinados reclaman mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo y la renuncia de su comandante. En uno de sus pedidos demandan “independencia política para no ser instrumento de ningún gobierno”.
En tanto, Morales llamó a los policías a “preservar la seguridad” del país y a cumplir las normas.
El mandatario ha dicho que no renunciará, ha rechazado las acusaciones de fraude y llamó a la OEA para que hiciese la auditoria electoral. La oposición rechaza la auditoria ante la sospecha de que avale el resultado que favorece al mandatario que lleva casi 14 años en el poder y busca un cuarto mandato.
Mesa también ha rechazado las acusaciones de golpe de Estado de Morales y ha dicho que el gobierno “está dando la espalda a una solución pacífica que está en sus manos”.
“Es el gobierno que está condenando y está arrastrando al país a una salida desastrosa”, advirtió.
Tras casi tres lustros en el gobierno, Morales llegó con la popularidad mermada a los comicios para optar por un cuarto mandato. Escándalos de corrupción, su afán de reelegirse a pesar de un referendo que le negó esa posibilidad y acusaciones de autoritarismo, debilitaron su capital político a pesar de su buena gestión económica que condujo al país andino hacia el crecimiento con baja inflación.