Estados Unidos sancionó este jueves a tres altos cargos del Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por su implicación en "abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción".
Entre ellos está Ramón Avellán, policía considerado como ejecutor de la “Operación Limpieza”, un conjunto de acciones represivas contra manifestantes antigubernamentales llevadas a cabo en 2018 y que se cerraron con decenas de muertos.
Los otros funcionarios sancionados el presidente interino del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell y el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López. Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados en EEUU y prohíbe transacciones financieras con entidades estadounidenses.
El Departamento de Tesoro de EEUU ya sancionó a la esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, así como a su consuegro Francisco Díaz y jefe de la Policía Nacional y a Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial.
Otros allegados a Ortega sancionados son su asesor de seguridad nacional, Néstor Moncada Lau; el tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López; y el titular de la Asamblea Nacional y líder sindical, Gustavo Porras.
También recibieron sanciones la exministra de Salud Sonia Castro; el ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica; el titular del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo; el expresidente del CSE Roberto Rivas; y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
El 20 de diciembre del año pasado el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó la "Nica Act" que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Nicaragua atraviesa una grave crisis política que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales. El Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
¿Quiénes son los tres nuevos funcionarios sancionados por EEUU?
EL POLICÍA "REPRESOR"
Ramón Antonio Avellán Medal, graduado como docente, fue bombero y "guerrillero" antes de ingresar a la Policía Sandinista que luego pasó a llamarse Policía Nacional, de la cual es su subdirector y es considerado por los opositores como uno de los máximos represores de las manifestaciones de 2018.
Avellán dirigió la denominada "Operación Limpieza" en la ciudad de Masaya, al suroeste de Managua (la capital del país), uno de los focos de resistencia durante las protestas callejeras contra el Gobierno.
Washington señala al jefe policial de cometer actos significativos de violencia, violar derechos humanos, aplicar medidas represivas y realizar arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales.
EL "COMANDANTE GUERRILLERO"
Lumberto Ignacio Campbell Hooker, presidente interino del Poder Electoral, de 70 años, es un antiguo "comandante guerrillero" que fue elegido magistrado electoral por la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, en abril de 2014, y es hermano del actual embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Campbell.
Nacido el 3 de febrero de 1949, se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional a sus 19 años, participó en la lucha armada contra la dictadura de los Somoza, y durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) fue funcionario de alto rango en la ciudad de Bluefields, en el Caribe, de donde es originario.
EEUU lo señala como involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que Ortega y sus aliados ganen elecciones.
Ligia Gómez, exalto cargo del Banco Central de Nicaragua, dijo el año pasado ante el Congreso estadounidense que Campbell fue uno de los ejecutores de la orden de la vicepresidenta Murillo de responder "con todo" a las protestas antigubernamentales.
EL CAPITÁN RETIRADO
Roberto José López Gómez, médico y capitán retirado, fue nombrado al frente del INSS desde enero de 2007, cuando Ortega retornó al poder.
Una impopular reforma a la seguridad social fue el detonante de las protestas que estallaron el año pasado.
EEUU Unidos acusa a López, miembro de la sandinista Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), de participar en una serie de transacciones que involucran prácticas engañosas, apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, así como corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno.
El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, se ha utilizado como fondo para sobornos del Gobierno, y ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, según el Departamento de Estado.
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