Una serie de acusaciones de violación contra inmigrantes indocumentados ha llevado esta semana al condado de Montgomery (Maryland) a revertir su decisión de convertirse en santuario, lo que limitaba al mínimo su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Marc Elrich, comisionado de este condado, el más poblado del estado y lindante con Washington DC y Baltimore, firmó una orden ejecutiva el 22 de julio en la que prohibía a la policía y a los funcionarios locales preguntar a los residentes su estatus migratorio o colaborar con ICE más allá de lo obligado por ley. Además, vetaba a la agencia la entrada a ciertas zonas de sus cárceles para capturar allí a los migrantes detenidos por la policía local.
Pero en las cinco semanas desde que entró en efecto la orden ejecutiva, por lo menos siete inmigrantes indocumentados han sido arrestados por cargos de agresión sexual, según reportó la cadena local ABC7.
Dos fueron acusados de violar a la misma niña de 11 años. Según el diario The Washington Post, otro intentó matar a su víctima estrangulándola en un pasillo del edificio de su apartamento.
Según reportes de prensa local, otro indocumentado, Josué Gómez González, de 23 años, fue arrestado a finales de septiembre por violar a una amiga que se había embriagado con él. Gómez confesó a las autoridades, según reportó ABC7 citando documentos legales del arresto, y aceptó que ella le dijo varias veces que se detuviera, y que si no lo hacía gritaría y alertaría a la policía.
"Defender a violadores y asesinos"
El Gobierno presidido por Donald Trump, que ha criticado duramente a las ciudades, condado y estados santuario, aprovechó estos incidentes para descalificar al comisionado.
“Yo defenderé a los niños y a las víctimas de delitos”, escribió en la red social Twitter el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), Ken Cuccinelli, el 6 de septiembre. “Elrich puede defender a los violadores y asesinos que ni siquiera deberían estar en este país”, añadió.
"Es un truco", respondió Elrich en una entrevista. "Yo lo debatiría si él aceptara que el condado de Montgomery no es una ciudad santuario y que no protege a los delincuentes… Los tipos en la cárcel probablemente no se sienten muy protegidos”.
Sin embargo, tras la indignación pública por estos arrestos y liberación bajo fianza en algunos casos, Elrich revocó la orden de no colaborar con ICE.
Aunque el condado no ha dejado claro a partir de qué fecha ocurrió el cambio, fuentes de la policía de Montgomery le dijeron a ABC7 que el 21 de octubre ya se produjo un ejemplo de cooperación de este tipo.
Ese día, el inmigrante indocumentado mexicano José Reyes Álvarez Vásquez, de 42 años, salió bajo fianza tras ser detenido por cargos de abuso sexual de una menor e intento de violación, entre otros. La policía alertó entonces a ICE para que pudiera detenerlo, según la citada emisora.
Ahora, tras el cambio de política, los oficiales correccionales deben dar acceso a ICE a todas las áreas de la cárcel para “garantizar que las transferencias (de reos) se realicen en un ambiente seguro”, dijo un portavoz del condado a la prensa.
¿En contra de ICE o de la Constitución?
Sin embargo, el pasado miércoles la policía liberó bajo fianza a otro preso, el indocumentado guatemalteco Luis Fredy Hernández Morales, acusado de abuso sexual a una menor, provocando un nuevo encontronazo con ICE, según la emisora Fox5.
La agencia federal asegura que había presentado un día antes una solicitud para mantenerle detenido hasta que sus agentes pudieran encargarse de su custodia (un documento conocido como detainer en inglés). Aun así, la cárcel dejó en libertad a Hernández, que ejercía como religioso para niños; fue detenido por ICE el viernes.
Elrich ha explicado que su política sobre detainers no ha cambiado, y sigue las instrucciones de la Fiscalía General de Maryland, que indica que, cuando un individuo puede salir legalmente de la cárcel (porque es inocente, ha cumplido su condena, o lo hace bajo fianza o de forma condicional), debe ser tratado siempre de la misma forma, sea indocumentado o no; es decir, no se le puede mantener más tiempo retenido sin orden de un juez para que ICE pueda hacerse cargo de su custodia.
“Hay una gran confusión sobre este tema, y eso se debe a que algunas personas quieren hacerlo confuso”, había dicho Elrich en un comunicado en julio, “la liberación de personas, ya sea que estén en espera de juicio o que hayan cumplido sus condenas, son decisiones tomadas por el sistema judicial y no por el gobierno del condado. Ese es el mismo proceso para todos en el sistema judicial”.
El fiscal general de Maryland, Brian Frosh, se pronunció entonces sobre esta controversia, escribiendo en una guía sobre leyes migratorias municipales que “los funcionarios locales no pueden retener a alguien más allá de la fecha de liberación de la ley estatal sin una orden judicial o causa probable de que la persona haya cometido un delito”.
Ese derecho además está garantizado por la Cuarta Enmienda de la Constitución, la cual protege el derecho contra “requisas e incautaciones irrazonables”.
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