Durante su campaña electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió “abrazos, no balazos” como la vía para luchar contra el narcotráfico. El asesinato de tres mujeres estadounidenses y seis de sus hijos, algunos de ellos bebés, en el estado mexicano de Sonora este lunes, pone esa política en entredicho y ya surgen voces de quiénes solicitan un cambio en la manera de enfrentar el conflicto.
Lo sucedido en Sonora, además, rompe con la vieja creencia de que los cárteles del narcotráfico evitarían matar a extranjeros, mujeres o niños. Sin embargo, éste no fue el primero ni el único hecho de este tipo.
En agosto, atacantes entraron a una casa de Ciudad Juárez, territorio donde opera el cártel de Juárez, y dispararon 123 balas que acabaron con la vida de niñas de 14, 13 y 4 años, además de dar muerte a un adulto que parecía ser el verdadero blanco del ataque.
Días antes de la masacre de Sonora, la policía había detenido a un hombre en la capital del estado, Hermosillo, como sospechoso de secuestrar un empresario de Nueva York y pedir un rescate de $500.000.
Aunque hubo una época en que la violencia de la guerra contra el narcotráfico conmocionó a los estadounidenses entre 2006 y 2012, los hechos recientes dan cuenta de un empeoramiento en las consecuencias de la lucha que enfrenta México.
Tras la masacre en Sonora, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayuda para borrar los cárteles “de la faz de la Tierra”. Aunque su par mexicano rechazó la oferta, hay quienes, tanto dentro como fuera del país, se cuestionan si es hora de cambiar la política de “abrazos, no balazos”, que evita la confrontación y trata de resolver los problemas sociales subyacentes en su lugar.
Los hechos demuestran, además, que incumplir las viejas convenciones de no matar a niños y familias o atacar a extranjeros no parece preocupar a los criminales dada la débil aplicación de la ley en México.
“Desde la perspectiva de los delincuentes, es lo mismo matar a uno que matar a nueve”, dijo el analista de seguridad Alejandro Hope. “No perciben que hay un riesgo adicional de cometer este tipo de actos de brutalidad extrema”.
“Mismo caso con los niños, no perciben que hay una raya en la arena. Y no lo han percibido porque el Gobierno no lo ha pintado”, agregó.
AMLO no ve la guerra como opción
“Declaramos la guerra y no funcionó”, dijo López Obrador refiriéndose a la forma en que sus predecesores enfrentaron el conflicto. “Esa no es una opción”, agregó respecto a la ofensiva militarizada contra los cárteles que comenzó en 2006 con el expresidente Felipe Calderón, y continuó con su sucesor, Enrique Peña Nieto.
López Obrador, de centroizquierda, prefirió un enfoque distinto. Tras asumir la presidencia, creó la Guardia Nacional y dijo que la forma de combatir la delincuencia en el país era con programas de trabajo y oportunidades para los jóvenes.
Ni siquiera el caos desatado por un grupo armado en Ciudad Juárez que dejó 10 muertos y seis heridos la medianoche del martes, o los ataques en Culiacán que impidieron la detención de Olivio Guzmán Loera, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hacen retroceder a AMLO en su política de evitar enfrentamientos más duros contra el narcotráfico.
Analistas opinan que los cárteles recibieron entonces el mensaje de que pueden enfrentarse a las autoridades. Tras el incidente de Culiacán, un oficial en la ciudad fronteriza de Nogales, en Sonora, reportó que la policía detuvo un auto lleno de sospechosos armados que dijeron a los agentes que retrocedieran o harían “lo que hicieron en Culiacán”.
“Tarde o temprano va a haber un ajuste en la estrategia de seguridad del gobierno”, opina el exfiscal antidroga Samuel González. “No es que el gobierno haya declarado la guerra al crimen organizado, sino que los narcotraficantes han declarado la guerra al Estado”, añadió.
“Y ante esta situación, el gobierno tiene que responder con proporcionalidad en el uso de la fuerza y en legítima defensa”, sentenció González.
Aunque López Obrador se mantiene firme respaldado por un alto índice de aprobación en las encuestas, los ataques violentos siguen ocurriendo.
En abril, hombres armados irrumpieron en una fiesta en la ciudad costera de Minatitlán, en el estado de Veracruz, y mataron a 14 personas, incluyendo dos filipinos. En agosto, pistoleros del cártel de Jalisco entraron a un club nocturno de la ciudad cercana de Coatzacoalcos, bloquearon las salidas del local y provocaron un incendio que mató a 28 personas que quedaron atrapadas en el interior, entre ellas 10 mujeres. Antes ese mes, la misma banda colgó 19 cadáveres en un puente o esparció sus cuerpos cerca en Uruapan, una ciudad del oeste del país.
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