CIUDAD DE MÉXICO.– La carretera montañosa entre los estados mexicanos de Chihuahua y Sonora en la que nueve familiares fueron asesinados y algunos murieron incinerados dentro de sus vehículos forma parte de un territorio marcado por el derramamiento de sangre.
El paso entre los dos estados, fronterizos con Texas y Arizona, es centro de una de las fuertes disputas territoriales entre grupos criminales en México: ahí el poderoso cártel de Sinaloa y un grupo armado vinculado al Cártel de Juárez se pelean las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
"Toda la zona hacia la frontera norte [de México] es estratégica para el crimen organizado por el enfoque en traficar hacia Estados Unidos, y al ver cómo ha evolucionado la violencia ahí, queda claro que el área ha estado crecientemente en la mira”, dijo a Noticias Telemundo la investigadora Laura Atuesta, coordinadora del Programa de Política de Drogas de la universidad CIDE y experta en temas relacionados con el narcotráfico en México.
Una base de datos trabajada por la investigadora indica que la mitad de todos los enfrentamientos de la última década entre presuntos narcotraficantes contra otros grupos delincuenciales o contra fuerzas públicas sucedieron en estados de la frontera mexicana.
Sin embargo, Atuesta señaló que no recuerda casos de los últimos cinco años en los que esa violencia cruenta afectara a tantos civiles de un solo golpe, como sucedió con la familia méxico-estadounidense LeBarón-Langford.
Tres personas ya fueron detenidas por lo sucedido este lunes en Bavispe, Sonora, aunque hasta el momento ningún grupo ha reivindicado el ataque en el que fueron asesinados los seis menores de edad y tres mujeres de la familia mormona LeBarón-Langford.
Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de México, advirtió que es posible que las camionetas en las que iban estas personas posiblemente fueran atacadas por presuntos narcotraficantes al creer se trataba de transportes de un cártel rival. Durazo nació en la zona de Bavispe, el área sonorense a la cual se dirigían las víctimas en caravana.
El mayor control del narcotráfico de los territorios sonorense y chihuahuense está en manos del cártel de Sinaloa, antes dirigido por Joaquín 'El Chapo' Guzmán y ahora liderado parcialmente por sus hijos. Uno de ellos, Ovidio Guzmán, fue capturado y después liberado por las fuerzas de seguridad mexicanas, superadas por las represalias del cártel en la ciudad de Culiacán. En esos enfrentamientos fallecieron 13 personas.
La célula del cártel de Sinaloa en Chihuahua y en Sonora, identificada con el nombre Gente Nueva por el Departamento de Justicia estadounidense, se disputa el control de ese territorio con el grupo La Línea.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos destaca que La Línea empezó como uno de los brazos armados del cártel de Juárez, la organización criminal establecida por el 'Señor de los Cielos', Amado Carrillo. Después de que los posteriores líderes del cártel fueron detenidos en 2018, La Línea comenzó a nombrarse también Nuevo Cártel de Juárez en las llamadas "narcomantas", los anuncios que suelen colocar estos grupos después de ataques.
Además, hay reportes de que La Línea y los restos del cártel de Juárez están aliados desde 2017 con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para disputar el territorio chihuahuense: su supuesta colaboración fue anunciada en febrero de este año por medio de una manta y una publicación en una página de Facebook que se presenta como portavoz de los grupos.
Atuesta, la investigadora de CIDE, señaló que con la liberación de Ovidio Guzmán y el asesinato de la familia LeBarón “hemos vivido dos ataques fuertes muy seguidos”, y que tales hechos recientes podrían dar pie a “que los grupos de crimen organizado tal vez sientan que están ganando la partida al gobierno” de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque la académica enfatizó que “la evolución de los homicidios no es cosa de hace dos semanas, porque han ido al alza desde 2016 y eso indica que ya van varios gobiernos que no han sido capaces de garantizar la seguridad pública”.
México tuvo una cifra récord de homicidios en 2018, según datos oficiales, que muestran que hubo 29,000 casos registrados de homicidio el año pasado. El 6.2 por ciento de todos los asesinatos cometidos con dolo en el país ocurrieron en Chihuahua, por lo cual el Índice Nacional de Paz calificó a esa entidad como la quinta más violenta de México.
Esa cifra podría ir subir aún más: hasta septiembre de este año se habían registrado 22,000 homicidios en todo el país, de acuerdo con la base de datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública; y de ellos, el 7% han sucedido en Chihuahua.
Julián LeBarón, primo de las víctimas de la masacre y activista por una mejor seguridad de los ciudadanos en Chihuahua, advirtió sobre esta situación en un artículo de opinión en el que hablaba del secuestro y asesinato de su hermano: “Quiero grabar en la conciencia de todos los mexicanos honrados que nuestro país no le pertenece a los criminales”, escribió.
“Es momento de exigir a nuestro gobierno que no solamente haya un castigo justo en respuesta a los delitos sino que a los inocentes nos respeten. No nos contentemos con nada menos que nuestra libertad”, añadió. Hoy, nueve años después, su familia se convirtió en el blanco de un cruento ataque que conmociona no solo a los chihuahuenses.
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