WASHINGTON.— Un grupo de legisladores demócratas ha propuesto este miércoles la creación de una oficina federal para facilitar la integración y ciudadanía de inmigrantes y refugiados en Estados Unidos, como parte de una estrategia para contrarrestar la política migratoria de la Administración Trump.
Durante una rueda de prensa en el Capitolio, los legisladores Grace Meng, Pramila Jayapal, Sylvia García, y Jesús “Chuy” García, explicaron que el proyecto de ley, denominado “Acta del Nuevo Trato para Nuevos Estadounidenses”, tiene el objetivo de establecer programas de ayuda clave para facilitar la integración de los inmigrantes y refugiados, que con frecuencia afrontan barreras lingüísticas y trabas para encontrar empleo.
“Nací en México y ahora represento a mi comunidad de Chicago ante el Congreso de EEUU… el Acta de un Nuevo Trato para Nuevos Estadounidenses reafirma nuestro compromiso y nuestros valores como una nación que da la bienvenida a los inmigrantes”, dijo García.
“Mientras que la Administración Trump continúa atacándonos, estamos construyendo los sistemas para ayudar a los inmigrantes a tener éxito, porque es lo correcto. Es hora de derrumbar el 'segundo muro' de bloqueos hacia la ciudadanía” de la Administración, agregó García.
Además de García, otros legisladores que patrocinan la medida, como Jayapal y Meng, son inmigrantes naturalizados o hijos de inmigrantes.
En la actualidad, los inmigrantes, y sus hijos nacidos en EEUU, conforman más de una cuarta parte de la población nacional, y la idea de la medida es reconocer sus contribuciones al tejido económico y cultural en este país. Hay más de nueve millones de residentes permanentes elegibles para la ciudadanía.
La medida fue presentada semanas después de que la Administración redujera a 18,000 el tope anual de reasentamiento de refugiados, a la vez que continúa sus esfuerzos por restringir el proceso de asilo de migrantes que huyen de la violencia en Centroamérica.
Entre otros elementos, el proyecto de ley pide ampliar y facilitar el proceso de ciudadanía para inmigrantes y refugiados; crear una oficina federal de Ciudadanía y Nuevos Estadounidenses; restablecer el tope anual de ingreso de refugiados a 110,000, y promover el aprendizaje del inglés y la capacitación laboral.
También crearía un programa de asistencia legal para apoyar la labor de organizaciones que proveen ayuda a inmigrantes en trámites de ajuste migratorio, solicitud de ciudadanía o protección de la deportación.
La iniciativa reduciría de 21 a 18 años la edad en la que personas con ciudadanía estadounidense pueden solicitar la residencia permanente para sus familiares y prohibiría la deportación de inmigrantes que se conviertan en “carga pública” al recibir beneficios del gobierno.
Además, impondría una cuota única para el proceso de ciudadanía, enmendaría los requisitos de inglés y examen de cívica para personas en edad avanzada y eliminaría el examen de ciudadanía por completo para extranjeros graduados de secundaria.
También restringiría la capacidad de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de aumentar las tarifas de sus servicios, sin la venia del Congreso.
La “Oficina Nacional de Nuevos Estadounidenses” estaría bajo el paraguas de la Casa Blanca que además coordinaría esfuerzos de integración con autoridades locales, estatales y federales.
La medida cuenta con el apoyo de un amplio abanico de individuos y organizaciones de corte progresista de todo el país, entre éstas CASA de Maryland, America´s Voice, la Alianza Nacional para Nuevos Estadounidenses, la Coalición de Florida para Inmigrantes, Make The Road, la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes, y el Centro para la Democracia Popular.
Aún si la medida logra la aprobación este año en la Cámara de Representantes, bajo control demócrata, no está claro que tenga igual suerte en el Senado, donde los republicanos prácticamente han enviado al congelador numerosos proyectos de ley.