San Fernando es una ordenada ciudad de 60.000 habitantes junto al Golfo de México y 85 millas de la frontera con Texas. Es lugar de paso de miles de migrantes, y también adonde son regresados por Estados Unidos a esperar meses o años por si se les concede asilo. Por lo demás, San Fernando está en el estado mexicano de Tamaulipas, uno de los lugares más peligrosos del planeta. Y es conocida por una oleada de terribles matanzas… y ahora por un terrible error.
En agosto de 2010 fueron ejecutados allí 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres), en su mayoría centroamericanos, a los que balearon por la espalda y dejaron apilados a la intemperie por no pagar presuntamente su rescate o trabajar para el cártel de Los Zetas. Se le conoce como la primera masacre de San Fernando porque hubo otra.
En abril de 2011 se encontraron decenas de fosas comunes en las que se habían escondido los cadáveres de unas 300 personas, tal vez más, supuestamente secuestradas por el narco en autobuses y luego liquidadas sin clemencia.
En una de esas fosas se encontró el cuerpo sin vida de un migrante guatemalteco, identificado con la denominación C5 por los Servicios Periciales de la Procuraduría General de México. El cadáver fue entregado posteriormente a su familia en Guatemala, según ha reportado este martes diario Debate.
Ahora, siete años más tarde, las autoridades mexicanas han reconocido su error: la familia del migrante guatemalteco (cuya identidad no ha sido desvelada) lleva años llorando a un desconocido, según ha desvelado el diario Reforma.
La equivocación había sido detectada mucho antes, sin embargo, pero se mantuvo en secreto.
En 2014, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que colaboraba en la identificación de las fosas comunes, se dio cuenta de que el cadáver entregado a la familia era el identificado como C4, y no el C5 como debería, que seguía por entonces almacenado en una morgue de la Ciudad de México, según ha informado el diario El Periódico.
Confrontada con su error, el equipo mexicano de Servicios Periciales lo puso en conocimiento del entonces procurador, Jesús Murillo Karam.
La entonces directora del Laboratorio de Genética de la Procuraduría, Martha Acela Valdés, afirmó en una entrevista en 2016 que el Gobierno de Enrique Peña Nieto se comunicó entonces con las autoridades guatemaltecas para indicarles lo ocurrido, pero éstas pidieron que no se diera a conocer públicamente.
Guatemala para informarle sobre el error, pero, según ella, las autoridades guatemaltecas dijeron que preferían que no se diera a conocer la noticia.
“Estábamos en la Embajada de México en Guatemala y nos dijeron: ‘Bueno, pero si ya está entregado el cuerpo pues la familia ya tiene a quién llorarle, entonces qué diferencia habría si ya no les decimos nada”, recordó Nieto, según el diario El Mundo.
“Es una irresponsabilidad total, deja la falta de empatía, sino la irresponsabilidad que da que el Estado se quede callado y es lo que ha pasado hasta ahorita, nadie ha dicho nada; es un tema político más bien”, agregó.
Tres exprocuradores (Jesús Murillo Karam, Arely Gómez y Arturo Elías Beltrán) y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaban al tanto del error, pero nadie informó a las familias, según El Periódico.
Ahora el cuerpo tendrá que ser exhumado para verificar su identidad y entregárselo a sus verdaderos familiares, que ya han sido ubicados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dicho en una recomendación que los malos procedimientos de la Procuraduría suponen una revictimización para las familias de los fallecidos, ya que sufrieron el descuido de las autoridades en su momento.