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Se aplaza un año más la deportación de cientos de miles de migrantes salvadoreños por falta de decisión judicial

Estados Unidos vende como “un logro” la decisión pese a que se ha visto forzada por un tribunal.

El Gobierno de Nayib Bukele ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para extender un año más el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los inmigrantes de El Salvador en ese país, según ha anunciado este lunes el presidente junto al embajador estadounidense,  Ronald Johnson.

“Esto es un reconocimiento de los logros y el buen gobierno del presidente Nayib Bukele”, ha dicho el embajador. Así, ha añadido el mandatario salvadoreño, los migrantes protegidos por el TPS “tendrán tiempo adicional para buscar una solución permanente”. “Seguiremos trabajando lado a lado para consrtuir un El Salvador más próspero y mejor para todos”, concluyó su anuncio Bukele.

 El Departamento de Seguridad Nacional anunció en febrero la extensión una prórroga del TPS para los inmigrantes de El SalvadorNicaragua hasta el 2 de enero de 2020. 

Esta prórroga temporal no fue totalmente voluntaria, sino que se debió a la decisión de una corte federal de California, que prohibió al Gobierno de Donald Trump eliminar, como había decidido, el TPS para los migrantes de esos países hasta que la justicia haya tomado una decisión definitiva.

A falta de sentencia, Estados Unidos ha decidido pues alargar un año más esta prórroga, previsiblemente hasta el 2 de enero de 2021.

Queda por saber si aplicará la misma restricción que la vez anterior: si la decisión de la corte se conocía antes de la fecha límite, y era favorable al Gobierno, el TPS se extinguiría 120 días después de conocerse la sentencia. En ese caso, sin embargo, aún cabría recurso ante la Corte Suprema, que podría tomar la misma decisión de congelar la finalización de la protección hasta emitir su sentencia.

El TPS beneficia a 257.000 salvadoreños y 2.500 nicaragüenses. Todavía no se ha hecho oficial si existirá una prórroga similar para los primeros.

También protege a 86.000 hondureños, que se encuentran también afectados por el mismo proceso judicial, pero en este caso la cancelación está congelada hasta que haya una decisión judicial definitiva.