WASHINGTON.— Las políticas migratorias de la Administración Trump parecen violar el derecho constitucional de los migrantes al debido proceso, y el Congreso debe incrementar la supervisión de los agentes de Inmigración, afirmó este jueves la Comisión de Derechos Civiles de EEUU.
La Comisión bipartidista delineó en un extenso informe, titulado “Trauma en la frontera”, las distintas políticas de la Administración Trump que han agravado la crisis en la frontera sur, haciéndose eco de las quejas de activistas de la comunidad inmigrante.
“La Administración Trump ha implementado políticas migratorias que parecen violar los derechos constitucionales al debido proceso y normas básicas de cuidado médico y de salud mental, y que aparentemente están dirigidas contra inmigrantes por su origen nacional, idioma y género”, indicó la Comisión.
El voluminoso documento condenó en particular la continua separación de familias y las condiciones en los centros de detención de migrantes, pese a que el Departamento de Seguro Nacional (DHS, por su sigla en inglés) ha asegurado que, gracias a los fondos adicionales que aprobó el Congreso, la situación ha mejorado en las instalaciones.
Con este informe, la Comisión dio seguimiento a uno similar divulgado en 2015, durante la Administración Obama, y cuyas recomendaciones no vinculantes han caído en oídos sordos.
Ante la falta de cooperación del DHS, el informe se apoyó en documentos públicos y en testimonios de solicitantes de asilo, migrantes que sufrieron atropellos y “experiencias traumáticas” en centros de detención, además de expertos legales.
En declaraciones a Noticias Telemundo, Patricia Timmons-Goodson, vicepresidenta de la Comisión, dijo que la Administración debe “de inmediato” aliviar las condiciones delineadas en el documento, y que el Congreso tiene que aprobar medidas para frenar los abusos.
Aunque el informe repite quejas ya hechas por diversos grupos pro-inmigrantes, Timmons-Goodson insistió en que la Comisión cumplió con su trabajo, y la meta es lograr una acción rápida del Congreso.
“Nunca se sabe qué voces y en qué momento harán cambiar las posiciones o lograr un voto. La cantidad, la calidad y el volumen de quienes hacen sonar las alarmas sobre la crisis en la frontera sur son importantes. La Comisión no va a dejar de hablar”, enfatizó.
Asimismo, Timmons-Goodson restó importancia a las críticas de dos de los ocho miembros de la Comisión, uno republicano y otro independiente, sobre el proceso y las conclusiones del informe.
“El informe y sus recomendaciones reflejan la opinión de la mayoría” de los miembros, precisó.
El informe señaló que el DHS se negó a proveer documentos y demás información porque cuestionó la autoridad de la Comisión, una entidad bipartidista creada por el Acta de los Derechos Civiles de 1957.
“No perdemos las esperanzas de que la gente en el gobierno escuchará a la Comisión, y acatará nuestras recomendaciones”, dijo Timmons-Goodson.
El DHS no ha contestado a una solicitud de comentario de Noticias Telemundo.
La Comisión envió una carta al presidente Donald Trump, al vicepresidente Mike Pence, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la que destacó que la política de “tolerancia cero” en la frontera en 2018, y la separación de familias “a gran escala” y sin un plan para reunificarlas, representa “una grave violación de los derechos humanos y civiles”.
La entidad recomendó la reunificación inmediata de los niños aún bajo custodia con sus padres; mejoras al hacinamiento y condiciones insalubres en los centros de detención; una mayor inspección y supervisión de esas instalaciones, y el cierre de instalaciones que violen las normas y leyes.
También pidió que el DHS consulte a la Oficina de Derechos y Libertades Civiles, y otra entidad independiente, antes de adoptar nuevas medidas para asegurarse de que éstas no violen los derechos civiles de los migrantes, o los pongan en riesgo.
Además, la Comisión instó al Congreso a que Suprima fondos para la detención de solicitantes de asilo que demuestren “miedo creíble a la persecución”.
El documento fue elaborado antes de que la Administración Trump ordenará la recolección de muestras de ADN de los solicitantes de asilo y migrantes en los centros de detención, para incluirlas en una base de datos federal utilizada para rastrear a criminales.
Las autoridades federales también han puesto en marcha un programa piloto en Texas para agilizar la deportación de solicitantes de asilo centroamericanos que, a su juicio, no reúnan los requisitos.
De esta forma, las autoridades emitirán una decisión sobre las solicitudes en un plazo máximo de 10 días, en un proceso que normalmente toma meses o años.
En junio pasado, el Congreso aprobó una medida de $4,600 millones para mejorar las condiciones en los centros de detención y dar ayuda humanitaria a los migrantes.
Esa medida, sin embargo, produjo fuertes discordias entre ambas cámaras del Congreso y, al final, los demócratas cedieron a las presiones republicanas para incluir $145 millones para gastos militares y operaciones policiales a lo largo de la frontera sur.