Roxsana Hernández, una indocumentada transgénero hondureña, falleció en mayo de 2018 en un hospital de Nuevo México. Estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que había determinado su detención en un centro de CoreCivic, la segunda compañía de prisiones privadas más grande del país.
Una autopsia realizada al cuerpo de Hernández tiempo después sostiene que la hondureña falleció por complicaciones del SIDA. ICE y CoreCivic niegan haber tenido cualquier responsabilidad en su muerte, explican los abogados que representan a su familia. Pero no están seguros de que sea así, y denuncian que la Migra eliminó un video que podría representar una prueba clave para demostrarlo. También solicitan otra documentación que consideran importante, manteniendo que no se les ha proporcionado.
El 22 de agosto de 2018, la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE solicitó un CD de la videovigilancia con las imágenes del periodo que Hernández transcurrió en el Centro Correccional del Condado de Cibola (CCCC) gestionado por CoreCivic en Milan, Nuevo México, explica la web de noticias BuzzFeed.
Pero un funcionario responsable de detenciones y deportaciones contestó que esa grabación ya no se podía localizar. La respuesta agregaba que los vídeos se suelen guardar durante unos 90 días.
Los abogados que representan a la familia de Roxsana Hernández aseguraron en una demanda potencial interpuesta ante las autoridades que, según las normas federales, ICE debe preservar evidencias relativas a una muerte, incluida la información electrónica, ante la razonable posibilidad de que se emprenda un litigio en los tribunales sobre las circunstancias en que se produjo.
Lynly Egyes, directora legal de Transgender Law Center (TLC), la organización que impulsó esta demanda, dijo que CoreCivic e ICE deberían haber previsto que habría una demanda, porque la familia de Hernández solicitó una autopsia independiente que se realizó el 8 de junio de 2018, más de un mes antes del correo electrónico del 28 de agosto de 2018.
El abogado Andrew Free, que trabaja en el caso, dijo que el video habría proporcionado evidencia del estado de salud de Hernández y de la condición en que se encontraba mientras estaba bajo custodia estadounidense.
"ICE y CoreCivic siempre han negado haber actuado mal y han declarado que en realidad le proporcionaron a Roxsana toda la atención médica que necesitaba, el video sería una evidencia esencial y francamente irremplazable de si eso fue cierto", declaró el abogado a medios locales.
Anna Castro, portavoz del TLC, recordó que a principios de junio se presentaron otras demandas contra ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS para exigir la emisión de todos y cada uno de los documentos sobre Roxsana Hernández mientras estaba bajo custodia de ICE y de la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés).
La portavoz aseguró que solo una parte de esa documentació se entregó efectivamente.
"Algunos archivos han sido borrados, sospechamos que no han querido darnos todo la información porque estamos investigando la muerte de Roxsana, sabemos que pueden tener otros récords por eso estamos demandando", afirmó Castro.
Hernández, que tenía 33 años cuando galleció llegó a EEUU con una caravana migrante que recorrió América Central en la primavera de 2018. Dijo que huía de pandillas que la perseguían en Honduras y que algunos pandilleros que la violaron le contagiaron el VIH.
Según la organización Pueblo Sin Fronteras, después de ser tomada en custodia por las autoridades estadounidenses Hernández no recibió asistencia médica ni comida adecuada. “Roxy murió por una negligencia médica de las autoridades migratorias”, denunció esa organización.
Una autopsia reportada por el diario The Washington Post. concluyó que Hernández “sufrió ataques y abusos físicos bajo custodia” de ICE: su cuerpo tenía signos de patadas, puñetazos y golpes con objetos, según el informe, incluido en una demanda judicial interpuesta por la organización TLC. Se denuncia además que, según testigos, no recibió ayuda médica pese a estar “gravemente enferma” y pasar días con vómitos y diarrea.
ICE señaló que los exámenes médicos realizados tras su muerte indicaron que “sufría un historial de VIH sin tratar”, y que los médicos que la trataron una vez hospitalizada no denunciaron sospechas de abusos físicos, según The Washington Post. También dijo que la inmigrante recibió toda la atención médica necesaria.
Ahora, la agencia migratoria asegura que no comenta sobre litigios pendientes. "Dicho esto, la ausencia de comentarios no debe interpretarse como un acuerdo o estipulación de ninguna de las acusaciones", reza un comunicado que esta agencia envió a BuzzFeed News.
El 9 de mayo de 2018, la mujer llegó a la frontera para pedir asilo, aunque entre 2005 y 2009 entró dos veces ilegalmente al país y fue deportada.
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