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El Gobierno de Trump enviará el ADN de migrantes en detención a una base de datos del FBI para criminales

La información genética de miles de solicitantes de asilo y migrantes bajo custodia será almacenada en una base de datos que se utiliza para resolver crímenes violentos.

WASHINGTON.— El Departamento de Justicia divulgó este lunes un reglamento que permitirá a agentes de Inmigración obtener datos de ADN de los solicitantes de asilo y migrantes detenidos en la frontera sur, y los incluyan en una base de datos utilizada para rastrear a criminales.

El reglamento exigirá que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), realice las pruebas genéticas de decenas de miles de extranjeros detenidos en la frontera, algo que hasta ahora no había podido hacer bajo el Acta de Huellas Digitales y ADN de 2005, que se usa para criminales bajo custodia federal.

Así, el reglamento elimina una exención permitida bajo esa ley desde 2010 y, según dijo el Departamento de Justicia en un comunicado, la medida “facilitará los esfuerzos que realizan las autoridades locales, estatales y federales en la investigación y reducción del crimen”.

“El cambio de reglamento propuesto ayudará a salvar vidas y llevar a los criminales ante la Justicia al restablecer la autoridad del fiscal general para ordenar al DHS la recolección de ADN de personas no estadounidenses detenidas en la frontera y al interior del país”, explicó el subfiscal general, Jeffrey A. Rosen.

En mayo pasado, el DHS había comenzado a realizar pruebas de ADN en algunos solicitantes de asilo -tomando muestras de saliva de la mejilla- para determinar el parentesco de niños y adultos detenidos en la frontera, y combatir casos de fraude.

Una vez implementado, el reglamento permitirá que agentes de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés) amplíen ese programa piloto prácticamente a todos los inmigrantes que se cuelan entre los puntos de entrada oficial al país.

El reglamento, que será publicado mañana en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”), estará sometido a un período de 20 días de comentarios públicos,  hasta el próximo 12 de noviembre, y la Administración Trump prevé publicar su versión definitiva poco después. 

Según el documento, el reglamento no se aplicará a cuatro categorías de extranjeros: residentes permanentes, personas que entran con visas legales al país; extranjeros detenidos “en situaciones de interdicción marítima”, y personas a las que no se puedan hacer las pruebas de ADN por “exigencias operacionales o limitación de recursos”. 

El DHS no ha precisado si el reglamento se aplicará a solicitantes de asilo que se entregan en los puntos de entrada oficiales. Sin embargo,  el reglamento se aplicará definitivamente a migrantes en proceso de deportación, aquellos que solicitaron asilo en los puertos de entrada, o migrantes con otras infracciones migratorias.

En el año fiscal 2018, el DHS obtuvo cerca de 7,000 muestras de ADN y, de mantenerse el número de inmigrantes sujetos a esa recolección de datos, la agencia prevé recabar unas 748,000 muestras al año. El costo total para los primeros tres años de este plan alcanzaría los $5,1 millones. 

En la actualidad, las muestras de ADN recabadas por las autoridades federales son procesadas a través de una base de datos nacional de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que las autoridades policiales locales, estatales y federales utilizan para resolver crímenes violentos. 

El Departamento de Justicia aseguró que el laboratorio del FBI tiene la capacidad necesaria para el aumento de datos de ADN que serán almacenados en su banco de datos, conocida por su sigla en inglés, CODIS.

En la actualidad, CODIS contiene los datos de alrededor de 14 millones de criminales condenados, 3,6 millones de arrestados, y casi un millón de documentos forenses. 

El FBI proporcionará al DHS los estuches para recabar los datos de ADN de los migrantes, los analizará, y ayudará a las agencias policiales a utilizar los resultados conforme a los requisitos de privacidad de CODIS, dijo el Departamento de Justicia. 

Funcionarios del DHS habían adelantado parte del plan durante una conferencia telefónica con periodistas el pasado 2 de octubre, y en esa ocasión explicaron que su objetivo era comprobar el parentesco de quienes cruzan con niños y detectar casos de fraude.

Muchos inmigrantes indocumentados cruzan la frontera sur con niños -incluso los alquilan de familias- para reducir el riesgo de ser deportados, dijeron los funcionarios. 

En esa ocasión, la Unión de Libertades Civiles de EEUU advirtió de que el plan piloto carece de justificación y podría violar el derecho a la vida privada de las personas, porque ampliaría la recolección de muestras  de ADN a personas que no han cometido delitos, más allá de cruzar ilegalmente la frontera.